La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha anunciado que la Xunta recurrirá al Tribunal Constitucional la Ley de Cambio Climático si se aprueba con su actual redacción este jueves, 8 de abril, en su tramitación en el Congreso.
Al respecto, la titular de Mar remarca que hay dos informes –de la asesoría jurídica de la Xunta y del Consello Consultivo de Galicia– que consideran inconstitucional la normativa promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica por su redacción de los artículos 18.3 y 18.4. La Xunta considera que "pone en riesgo" el futuro de las empresas situadas en la costa del sector mar-industria.
Esta norma está envuelta en una polémica a dos bandas entre el Gobierno central y la Xunta por su supuesta afectación al sector conservero e industrial del litoral gallego y, en concreto, a la situación de empresas como Ence en Pontevedra.
El Consello Consultivo considera que la redacción del artículo 18.4 tendrá consecuencias en el régimen de prórroga extraordinaria que contempla la vigente Ley de Costas y, por ello, limitará el plazo hasta 75 años a las concesiones al tener una "evidente eficacia retroactiva tácita".
El Gobierno gallego alerta de que esta norma aplica un efecto retroactivo en las concesiones y en las prórrogas de las instalaciones en dominio público marítimo-terrestre, lo que genera inseguridad jurídica y paraliza las inversiones.
Según la Xunta, esta norma pone en riesgo las empresas asentadas en el litoral gallego, así como unas 5.000 edificaciones en la costa.
"Si se quiere hacer una modificación de la ley de costas, pongámonos a trabajar en ella, pero no introduzcamos cambios en otra ley, que nada tiene ver, generando inseguridad jurídica a industrias que están trabajando perfectamente en la costa", asegura la conselleira.
Hace unos días, Teresa Ribera aseguraba en su cuenta oficial de Twitter –en varios mensajes escritos en gallego– que la Ley de Cambio Climático "no afecta a ninguna de las concesiones ya otorgadas ni a sus prórrogas legales", por lo que pedía "ser responsables" y "no mentir ni asustar a la gente". Igualmente, apuntaba que la concesión de Ence es una decisión que depende de los tribunales.
CARTA DEL BNG. Por su parte, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha remitido una carta a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que ofrece una propuesta de modificación del artículo 18, por medio de una enmienda transaccional, para exceptuar del previsto en él a todas aquellas actividades como la acuicultura, depuradoras y cocederos de marisco, conserveras y otras actividades respetuosas con el medio ambiente relacionadas con el sector.
Así, insta a la ministra a buscar una solución que salvaguarde los puestos de trabajo y la actividad del sector mar-industria en Galicia, sin que se ponga en peligro.
Y es que Rego asegura que la tramitación de esta ley "está generando una enorme preocupación en Galicia", en especial, por la redacción del artículo 18.
"El problema de tratar de manera homogénea realidades muy diferentes es que pueden derivar en grandes injusticias. Es evidente que la realidad de la costa gallega es muy distinta de la mediterránea, o incluso de la cantábrica", reflexiona Rego en la misiva, que avisa de un efecto "demoledor" para la industria.
Durante su participación en el Ágora de El Economista, Ribera ha defendido la importancia de prever escenarios con rangos de incertidumbre y con anticipación y en ese sentido vaticina que en la ley se incorpora la "participación de los compromisos, para lograr fortalecer la resiliencia contra el cambio climático" tanto en los ámbitos físicos como económicos.
La ministra ha asegurado que la futura ley trata de aprovechar "todas las oportunidades" del modelo económico español en el marco del contexto europeo.
Por eso ha reclamado un "reconocimiento a todos los grupos parlamentarios y sociales que han ido contribuyendo a esta norma" en la que afirma que se han introducido objetivos "por encima de lo que marcaba la Unión Europea", cuando fijó un objetivo de reducir las emisiones en 2030 en un 40 por ciento porque el Gobierno sabía que "iba a ser necesario avanzar más" y porque era "lo inteligente" desde el punto de vista de transformación del modelo productivo hacia una economía descarbonizada.
"En las tres referencias cuantificadas en el ámbito europeo, nos movemos por encima de los objetivos", ha defendido la ministra, que ha citado tanto el anterior escenario comprometido del menos 40 por ciento de emisiones de CO2 cuantificadas en el conjunto de la Unión Europea, como del posterior objetivo elevado de reducir estas emisiones en un 55 por ciento para 2030.
La ministra ha recordado los objetivos de la ley y ha augurado que permitirá acometer la transición ecológica necesaria para descarbonizar la economía. "Sabemos que invertir en la transformación de nuestro modelo de desarrollo genera oportunidades sumamente constructivas desde el punto de vista de empleo, confort social", ha reflexionado.
