La prórroga de las concesiones a las construcciones de uso empresarial, residencial y público situadas en la franja costera de dominio público-terrestre ha abierto un nuevo frente de batalla entre la Xunta y el Gobierno central que amenaza con llegar a los tribunales.
El ahora presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya reclamó en sus últimos meses como titular del Ejecutivo autonómico una mayor claridad a la hora de aplicar nuevos criterios en el Ministerio de Transición Ecológica para estas edificaciones. Ahora será su sucesor en la Xunta, Alfonso Rueda, quien tenga que lidiar con un problema que, para la Consellería del Mar "podría acabar siendo mayúsculo".
El departamento que dirige Rosa Quintana calcula que son 1.700 las construcciones "amenazadas" con tener que abandonar sus actuales emplazamientos solo en la provincia de Pontevedra y 4.000 en toda Galicia. A juicio de la Consellería do Mar, para todas ellas podría decretarse el fin de sus concesiones, según las directrices anunciadas por Costas desde la tramitación y aprobación de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Para la Xunta, el problema surge de "la interpretación absolutamente restrictiva que hace el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico" sobre la Ley de Costas de 2013. Una norma que estableció el derecho a solicitar prórrogas extraordinarias de hasta 75 años en las concesiones concedidas para ocupar terrenos de dominio público marítimo-terrestre y que, según la Consellería do Mar, el Gobierno central está llevando a la práctica con "dos criterios tremendamente restrictivos". Por un lado, al limitar "el número de actividades en la costa que tienen derecho o no a que se les prorrogue la concesión". Y, por otro lado, al interpretar que ese plazo de 75 años incluye la prórroga, "imponiendo como fecha (de partida de ese intervalo) el origen del título concesional".
Frente a este posicionamiento, la Consellería respalda la postura expresada por la patronal de la industria costera y defiende que "la Ley" establece que las prórrogas empiezan a contar "a partir de la solicitud" y no desde el inicio de la ocupación de los terrenos. Como consecuencia, tanto instalaciones privadas como entidades públicas podrían mantenerse en el litoral hasta 2093, teniendo en cuenta que el grueso de las concesiones terminaron su vigencia en 2018.
Afectadas. La Administración autonómica calcula que entre esas 1.700 construcciones que se encuentran en dominio público marítimo-terrestre a lo largo de la costa pontevedresa, más de 130 son edificaciones industriales y cerca de 200 son "empresas de distintos sectores".
No obstante, advierte de que el número de inmuebles afectados "poderían ser máis". Todo "depende da interpretación que faga Costas do Estado en cada caso" y, según la Consellería do Mar, los indicios no son muy halagüeños. Como ejemplo alude al "mal precedente" que supone el informe emitido por el Gobierno central a raíz de la modificación del plan especial del Puerto de Cambados, donde se cuestiona la existencia de tres depuradoras de marisco en la rada de Tragove y se deja caer la próxima caducidad de las concesiones.
La Dirección General de Costas salió al paso asegurando que ninguna de estas instalaciones tenía "nada que temer". La ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta segunda del Gobierno, Teresa Ribera, ha evitado hasta ahora facilitar información a este respecto, pero según los últimos datos publicados (de 2021), en la costa de la provincia están cuantificadas 183 concesiones susceptibles de recurrir a la prórroga extraordinaria, una figura que (según el Reglamento de 2014) permite ampliar el permiso de ocupación en función de las características del demandante: durante 75 años en el caso de viviendas, 50 si son empresas y 30 si son negocios hosteleros.
En mayo del año pasado, 61 ya habían solicitado la prórroga, otras 63 habían perdido el derecho a reclamarla y otras 59 aún estaban a tiempo de pedir un plazo extra. Entre los concesionarios se encuentran empresas vinculadas al sector mar-industria, compañías que trabajan otros nichos de mercado, instalaciones secundarias de esas empresas (como tuberías y redes de captación de agua) y equipamientos de distinta índole, como colegios o campos de fútbol.
Para la Consellería do Mar, esta falta de claridad es un indicio más del riesgo que corre la industria marítima, llegando a avanzar que recurrirá a los tribunales si se expulsa a estas tres depuradoras del puerto cambadés.
Eso sí, a pesar del revuelo suscitado por la Ley de Cambio Climático, la Xunta entiende que esta norma "no afecta a este tipo de casos, porque el artículo en el que se refiere a la duración de las concesiones no tiene carácter retroactivo y, por tanto, no sería de aplicación a edificaciones e instalaciones" que pidieron moratoria antes de 2013.
JUSTICIA. Para el departamento autonómico lo que siembra la discordia es la interpretación que hace el Gobierno de la Ley de Costas aprobada ese año y que, según reitera, "es muy clara en lo que respecta al derecho a una prórroga extraordinaria de 75 años de todos los titulares de concesiones anteriores" a su aprobación. De hecho, recuerda que "la Justicia está desmontando" el cómputo de las prórrogas que defiende Transición Ecológica "a través de distintos pronunciamientos". El último: una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que autorizó a la empresa Stolt Sea Farm ampliar su actividad en su piscifactoría de Quilmas (O Pindo-Carnota) hasta el año 2069.
La versión autonómica choca contra el Reglamento General de Costas aprobado en octubre de 2014, en el que se establece el tope de 75 años incluyendo moratorias. Sin embargo, la Consellería do Mar insiste en que seguirá defendiendo "ante todas as instancias" los intereses del complejo mar-industria de Galicia y del conjunto de la ciudadanía ante lo que considera "un ataque continuado e inxustificado do Ministerio para a Transición Ecolóxica contra as instalacións asentadas na costa".
"Non debemos esquecer que falamos de empresas que xeran un importante número de empregos e que o cese da súa actividade faría un importante dano ao conxunto da economía de Galicia e das localidades costeiras afectadas", concluyen las fuentes consultadas en el gobierno autonómico.
