La Xunta sorteará esta semana las viviendas públicas que tiene vacías en Pontevedra. Se trata de cinco pisos sociales situados en Valdecorvos y en Monte Porreiro, uno de los barrios con mayor presencia de este tipo de inmuebles en el municipio.
El proceso tendrá lugar este viernes en la sede del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), situada en la calle Alcalde Hevia. Los beneficiarios dispondrán de un plazo de diez días hábiles para aceptar la adjudicación y abonar la correspondiente fianza.
Los demandantes de vivienda pública podrán optar a la compra del inmueble o a su alquiler. En este último caso, el coste será sensiblemente inferior al del mercado privado, en el que los arrendamientos son más elevados.
Los aspirantes deberán cumplir con una serie de requisitos. Uno de ellos tiene que ver con su condición de solicitantes de pisos sociales, para lo cual deberán contar con la debida acreditación de la Xunta. En segundo lugar deberán tener unos ingresos por unidad familiar de entre 0,7 y 2,5 veces el Iprem, que es el indicador que se utiliza para calcular el nivel de renta.
Los candidatos a los apartamentos deberán residir o trabajar en Pontevedra, excepto si son emigrantes que deseen retornar y que acrediten residir fuera de Galicia por un tiempo no inferior a cinco años.
La última de las exigencias para los posibles beneficiarios es que no tengan una vivienda en propiedad. Asimismo, el IGVS creará una lista de reserva para cada una de las viviendas, que serán sorteadas en caso de que vuelvan a quedar vacantes. En ella estarán hasta un máximo de 30 personas por el plazo de un año.
SIN MÁS PROYECTOS. La Xunta no contempla a corto ni medio plazo la construcción de nuevas viviendas protegidas en la capital provincial. La última promoción fue la de Valdecorvos, en donde se levantaron 132 pisos.
Su construcción sufrió importantes demoras. Empezó en 2009 y no finalizó hasta principios de 2015. El sorteo de las viviendas se realizó entre 1.059 candidatos y su entrega se hizo por fases. No culminó hasta mayo de 2016, cuando los últimos inquilinos, los que habían optado por la compra y no por el alquiler, recibieron sus llaves.
La tardanza en disponer de sus pisos generó varias quejas de los vecinos, que luego protestaron por los costes de los servicios asociados al complejo residencial.
