La zona de tráfico reducido incluirá el casco urbano, Monte Porreiro, Estribela y O Burgo

El Concello asegura que cumplirá la Ley del Cambio Climático sin cobrar ninguna tasa ni limitar el acceso a la ciudad a los vehículos que más contaminen

Zona de tráfico reducido que se aplicará en Pontevedra a partir de 2023. DP
photo_camera Zona de tráfico reducido que se aplicará en Pontevedra a partir de 2023. DP

Pontevedra declarará el casco urbano, Monte Porreiro, Estribela y O Burgo zonas de tráfico reducido. La medida, que se aplicará en una superficie de 501 hectáreas, se implantará a partir de 2023, año en el que las siete ciudades gallegas tendrán que limitar circulaciones para cumplir con la Ley del Cambio Climático. A diferencia de algunas urbes a nivel estatal, Pontevedra no cobrará ninguna tasa ni limitará el acceso a la ciudad a los vehículos que más contaminan. 

El Concello asegura que su modelo urbano y los compromisos adquiridos en el Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS), aprobado este lunes por decreto de Alcaldía, son suficientes para cumplir con los objetivos medioambientales de la legislación estatal. "Somos o único concello do Estado que xa chega a cifras e logros que converxen co espírito da lei", explicó la portavoz municipal, Anabel Gulías, que considera que la tercera vía legal, la que defiende Pontevedra para que esta normativa no tenga un impacto económico negativo en el bolsillo de la ciudadanía, será apoyada por el Gobierno central. "Nós interpretamos que cumprimos os obxectivos de redución de tráfico e de mellora dos parámetros medioambientais", añadió.

Gulías contrapuso la alternativa de Pontevedra a la que se implantarán en otros municipios, "que restrinxirán o acceso a certas partes da cidade". Es el caso de Vigo, que prohibirá que los coches más antiguos y, por tanto, más contaminantes circulen por distintas zonas del centro y por algunos barrios. "Nós non imos tratar o espazo urbano de forma discriminatoria e non equitativa. Non podemos dar un paso para atrás", reivindicó.

La aplicación del PMUS pontevedrés irá acompañada de la solicitud de una subvención que el Concello tramita ya en Madrid. El objetivo es lograr fondos europeos Next Generation para mejorar su movilidad. La petición fue aprobada el jueves de la semana pasada y está relacionada con la segunda convocatoria lanzada por el Gobierno central en el marco de su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se puso en marcha para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia del coronavirus. 

Pontevedra reclama algo más de tres millones de euros (3.074.504,41 euros) para dos proyectos. El primero de ellos es la humanización de A Santiña, en el barrio de O Burgo. La obra conllevará la implantación de una plataforma única, dando prioridad de paso al peatón. De esta manera se persigue un doble objetivo: que haya más espacio para los viandantes y que por la zona circulen solo los coches necesarios. 

La segunda actuación que busca financiación comunitaria tiene que ver con el sistema de control del tráfico. La finalidad es renovar y ampliar la red de cámaras que ya maneja la Policía Local a través de la Central de Control de Tráfico (Cetra), ubicada en las sede de Alexandre Bóveda. También se prevé la instalación de sensores para medir la calidad del aire en tiempo real. Estos dispositivos se instalarían en varios puntos de la ciudad. En la actualidad solo hay un aparato de este tipo en Pontevedra. Está en Campolongo y depende de la estación meteorológica que la Xunta tiene en el barrio. 

Pontevedra ampliará la red de cámaras e instalará sensores de aire para mejorar el control de la circulación y cumplir con los indicadores ambientales fijados por el Estado

El proyecto contempla además la colocación de paneles con información a tiempo real en la urbe. En estas pantallas figurarían datos como el estado de los parkings disuasorios de la ciudad, los indicadores medioambientales del aire o la situación de la circulación. "Será un gran salto para poder observar os tráficos peonís, os das bicicletas, os patinetes ou os coches", explicó este lunes la concejala de Protección Cidadá, Eva Villaverde, que recordó que esta información servirá para “mellorar os tráficos na cidade” y cumplir con las exigencias medioambientales.

La ampliación del sistema de vigilancia obligará al Concello a aumentar los servidores informáticos del Cetra. En todos los casos, tal y como recordó la edil del BNG, la información se trataría de forma "estrita", cumpliendo con el derecho a la privacidad que establece la Ley.

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