Las tres monjas originarias de la India supuestamente retenidas en el convento de las Mercedarias de Santiago bajo amenazas como la deportación, según su relato, se encuentran bajo tutela judicial en un centro de Madrid y se les aplica el protocolo para víctimas de violencia de género. La titular del juzgado de instrucción número 1 de Santiago, Ana López-Suevos, espera ahora a que la Fiscalía valore «los indicios» existentes y decida si actúa de oficio, ya que las mujeres no presentaron denuncia. La continuidad o no del asunto queda así en manos de la fiscal Aránzazu San José.
La espita que desencadenó la investigación fue la denuncia el 7 de enero en Madrid de una exmonja india de la congregación que aseguraba haber escapado en «un permiso especial por la enfermedad de su madre» y que aseguraba que «varias de sus compañeras querían abandonar» el convento de clausura, sin conseguirlo por las presiones de la madre superiora. Las posteriores pesquisas policiales culminaron el pasado sábado, cuando la Policía accedió al convento para comprobar la veracidad de los hechos con un auto que le permitió entrevistarse con cinco religiosas oriundas de la India. Tres de ellas mostraron su voluntad de marcharse; dos, no.
Por otro lado, los agentes concluyeron que los trabajos agrícolas de las internas se desarrollaban «en condiciones de casi esclavitud» y que la madre superiora era quien tramitaba «personalmente» y sin admitir ingerencias toda la documentación relacionada con la residencia legal en España de las hermanas. En vista de ello, la comitiva judicial facilitó la salida de las tres mujeres, para lo que tuvo que requerir a la congregación sus pasaportes, dado que no los tenían consigo y que, más aún, desconocían su situación documental.
Precisamente, el fondo de la investigación por parte de la Fiscalía radica en si estas tres mujeres —que habían ingresado en las Mercedarias hace unos 15 años, cuando todavía eran menores de edad— habían sido privadas de su documentación y si sufrían coacciones de algún tipo para no abandonar la clausura. En este sentido, de las palabras de las afectadas se desprende que eran advertidas de la posible deportación si dejaban el convento, algo que concuerda con la denuncia de su compatriota, que dijo haber sido «amenazada» en estos términos cuando solicitó su respectivo permiso para abandonar los votos. Una situación opresiva que, proseguía, se reflejaba asimismo en las «condiciones de habitabilidad absolutamente adversas» del lugar, así como en el control directo que la madre superiora ejercía sobre el contacto telefónico de las monjas con sus familias —consentido dos veces al año— y sobre su correspondencia. Siguiendo esta hipótesis, el juzgado santiagués también ha procedido a indagar acerca de qué situación y bajo qué motivos fueron deportadas en 2011 otras dos monjas de nacionalidad india de la misma congregación, a pesar de tener permiso de residencia. La investigación permanece abierta. Aún no ha habido arrestos y ninguna persona ha sido llamada a declarar.
EL ARZOBISPO LO NIEGGA. El Arzobispado de Santiago negó este martes que las tres religiosas estuviesen retenidas, sufriesen coacciones o se les hubiera retirado la documentación. En cambio, sí señaló que habían emprendido un proceso para dejar los hábitos. El Arzobispado recordó en un comunicado que en ocasiones las monjas deciden «abandonar la congregación», para lo que deben iniciar un proceso de «dispensa de votos» que «lleva su tiempo». Aquí, el texto informa que dos religiosas indias pidieron la exclaustración y esta comenzó a tramitarse el pasado verano. La solicitud formal a la madre superiora tuvo lugar «el 14 de enero» y la documentación para solicitar esta dispensa «quedó concluida a nivel diocesano el pasado 21 de enero», pendiente todavía de su remisión de la Santa Sede. De este modo, el Arzobispado mostró su «sorpresa» por el «revuelo» generado debido a que no consta en la congregación que las religiosas reclamasen la exclausatración con anterioridad a esta fecha y a que «los trámites en curso seguían un ritmo realmente rápido». También agregó que, en cualquier caso, las Mercedarias de Santiago que proceden de fuera de España viajan cada siete años a sus países de origen por un periodo de dos meses. Una interrupción puntual de la clausura que, indicó, estas tres mujeres realizaron hace un año y medio. Por su parte, el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, incidió ayer en la necesidad de que avance la investigación y de que se depuren responsabilidades ante unos «feitos de extrema gravidade» que, alertó, atentan «contra a dignidade da muller».
