El largo periplo de las reformas estatutarias

Ocupan páginas y espacios político-mediáticos desde hace años, pero más por los debates que despiertan que por los resultados que arrojan. Desde que la Comunidad Valenciana se estrenó como la primera en presentar una reforma de su estatuto de autonomía ante el Congreso de los Diputados, sólo seis comunidades cuentan a fecha de hoy con un nuevo texto estatutario que actualice sus capacidades de autogobierno: Baleares, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña.

Y, con todo, sólo los textos valenciano y balear --único que no ha sido objeto de recurso-- están libres en estos momentos de la sombra de un recurso ante el Tribunal Constitucional. De hecho, y aunque sea el catalán el que se lleva la fama y el que acumula más recursos en su contra --un total de siete--, el Alto Tribunal también tiene pendientes pronunciamientos sobre otras tres normas autonómicas, aunque por cuestiones de carácter más interno y recelos vecinales.

Abrir un proceso de reforma estatutaria —que ponga al día textos cuya aprobación data de finales de los años 70 y principios de los 80— no es fácil. Pero, excepción hecha de autonomías rotundamente remisas como la Comunidad de Madrid, existe una conciencia más o menos clara de su conveniencia, aunque en la mayoría de los casos el único aliciente de acometerla sea el de "no quedarse atrás".

Lo malo es que consensuar un documento de ese calado --para el que es necesaria una mayoría cualificada que impide aplicar rodillos-- genera muchas heridas e implica una gran y habitualmente escasa disposición a negociar y ceder. De ahí que las once autonomías restantes tengan sus más y sus menos en relación al proceso.

El Gobierno central es claro al respecto y auspicia los movimientos reformadores, tal como dejó claro el pasado sábado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a un Alberto Núñez Feijóo más partidario de seguir como hasta ahora, sumando competencias por la vía del artículo 150.2 de la Constitución. Una postura conformista, la del presidente de la Xunta, que ha chocado fuerte contra el muro del Ejecutivo estatal.

Galicia, desde que el proceso de reforma estatutaria quedó parado el 17 de enero de 2007 en la frustrada cumbre de Monte Pío, es una de las autonomías que tiene pendiente abordar la reforma. La reclaman BNG —es una de sus reivindicaciones fetiche— y PSdeG —que ha tomado la iniciativa al respecto en los últimos meses—, pero la mayoría absoluta del PPdeG continúa resistiéndose a retomar el debate estatutario de momento.

Cataluña y el TC
El nuevo Estatut catalán fue aprobado por las Cortes generales en 2006 y refrendado posteriormente por los ciudadanos en junio de ese mismo año. Nació con polémica: el PP lo ve inconstitucional por exceso de competencias y ERC se abstuvo en la votación final por verlo "descafeinado". Espera la sentencia del Tribunal Constitucional, cuya decisión podría ser inminente.

Del Plan Ibarretxe a la calma de López
Los vascos arrancaron el proceso de reforma estatutaria, pero la propuesta del ex lehendakari Juan José Ibarretxe --con referéndum polémico incluido-- sumó revés tras revés y fue tumbado en el Congreso en febrero de 2005. A partir de ahí, el proceso quedó en ‘impasse’ y, pese a que la reforma estatutaria estaba en el programa electoral del PSOE, Patxi López defendía el pasado mes de enero la vigencia del Estatuto de Gernika.

Andalucía y el debate sobre las nacionalidades históricas

En pleno debate de la reforma gallega, Andalucía fue superando pasos hasta conseguir la aprobación final de su nuevo Estatuto con el refrendo de sus ciudadanos el 18 de febrero de 2007. El título preliminar define a Andalucía como ''nacionalidad histórica'', lo que conlleva —a entender de los nacionalistas— la necesidad de que Galicia, Cataluña y Euskadi suban de estatus y sean reconocidas como naciones dentro del Estado español.

Polémicos trasvases
La Comunidad Valenciana y Aragón disponen de nueva normativa estatutaria pero han abierto debate entre ellas por los planes sobre la gestión del agua. El trasvase Tajo-Segura, asimismo, es la principal razón de que PP y PSOE no consigan alcanzar un acuerdo y el Estatuto de Castilla-La Mancha acabe de cumplir su tercer año de bloqueo en el Congreso.

Las competencias sobre los ríos Guadalquivir y Duero enfrentan a Extremadura con Andalucía y Castilla y León. En el caso del texto valenciano, también generó polémica por la cuestión lingüística, ya que mantiene la denominación ‘idioma valenciano’ frente a la consideración filológica que únicamente lo reconoce como ‘catalán de Valencia’.

Extremadura, a punto
El pleno del Congreso de los Diputados dio luz verde el pasado mes de noviembre al Estatuto de Autonomía de Extremadura, por 317 votos a favor y sólo dos en contra —de IU y UPyD—. Con el plazo de presentación de enmiendas en el Senado ampliado hasta este martes, día 16 de febrero, todo apunta a que Extremadura se unirá en breve al club de autonomías con una norma reformada.

El catálogo de razones que mantienen paradas algunas reformas estatutarias es muy amplia. En Canarias, por ejemplo, Coalición Canaria no ve idóneas las condiciones actuales; mientras que Navarra mantiene fuertes discrepancias entre partidos sobre la legislación foral. Comunidades como La Rioja prefieren esperar a conocer el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre otros textos, mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, no entrará en una "carrera" para recortar competencias al Gobierno.

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