El Instituto Nacional de Estadística (Ine) pagará medio millón de euros a las mayores operadoras móviles por datos que le permitan estudiar pautas de desplazamiento de los españoles por ocho días, algo que ha despertado ciertas suspicacias pese a que las compañías dicen que respeta plenamente la legalidad.
Los datos telefónicos que facilitarán las operadoras al Ine serán completamente anónimos y el "rastreo" comprenderá estos ocho días: 18, 19, 20 y 21 noviembre (todos ellos días laborables); 24 de noviembre (domingo); 25 de diciembre (festivo); 20 de julio, y 15 de agosto.
Durante los días de "rastreo" se recontarán los móviles entre las doce de la noche y las seis de la mañana para establecer el lugar de residencia, y entre las nueve de la mañana y las seis de la tarde para analizar dónde se desplazan. Para considerarlo destino cotidiano, el móvil tendrá que permanecer en una misma zona cuatro horas en dos de los cuatro días.
De esta forma, se podrá obtener información sobre la movilidad de los españoles en días de trabajo, en domingo, en algunos momentos del verano y en un festivo tan destacado como el Día de Navidad, cuando muchas familias se reúnen para celebrar esta fiesta.
Esta información es recopilada habitualmente por plataformas de las operadoras generalmente para estudiar el grado de saturación de cada tramo de red
Fuentes del organismo han indicado que los datos que proporcionarán las operadoras no son posicionales, es decir, no consistirán en dar la posición de los telefónos móviles, sino en el recuento de terminales que haya en un lugar a una hora determinada. De este modo, no se entra en colisión con la Ley de Protección de Datos.
Con estos estos datos se podrá, por ejemplo, saber dónde se desplaza la población para trabajar o a qué partes de España viaja cuando se coge vacaciones, lo que a su vez proporciona información sobre los transportes y servicios públicos que podrían mejorarse.
El Ine únicamente recibirá información sobre cuántos dispositivos hay en cada "celda" -dividirá el territorio nacional en 3.500 celdas con un mínimo de 5.000 personas en cada una-, sin que las operadoras ofrezcan información alguna sobre de qué números se trata o de quiénes son los titulares.
Con la información recabada, el Instituto podrá analizar aspectos como cuáles son los desplazamientos más habituales en el día a día, qué movimientos son más comunes en vacaciones o medir mejor la despoblación en el mundo rural. "Con estos recuentos, para áreas de unos 15.000 habitantes de media, se podrá saber cuantos teléfonos están funcionando en un área a una hora y a otra, pero nada más", quiso aclarar la entidad para tratar de apaciguar las suspicacias mostradas inicialmente por parte de usuarios.
Esta es una de las primeras incursiones conocidas del Ine en el ámbito del Big Data, que consiste en aprovechar los avances tecnológicos para combinar ingentes cantidades de datos y extraer de ellos información útil.
Las operadoras implicadas también han querido aclarar que la cesión de estos datos no vulnera la legislación vigente, ya que están "altamente agregados" -resumidos-, en palabras de Telefónica.
"Esta información está "anonimanizada", de forma que no se puede rastrear si un número se desplaza de un lugar a otro, por ejemplo", explicó un portavoz de la compañía Vodafone, que lleva cerca de año y medio recopilando esta información. "Únicamente cuenta el número de dispositivos conectados en cada celda en un momento determinado".
Esta información es recopilada habitualmente por plataformas de las operadoras generalmente para estudiar el grado de saturación de cada tramo de red.
Además, se la ofrecen por ejemplo a ayuntamientos para que se hagan una idea del patrón de desplazamiento de los habitantes y, en función de ello, modificar la oferta de transportes o de otros servicios públicos.
La Organización de Consumidores Unidos (Ocu) advirtió que la localización de un móvil es ya de por sí un dato personal, según el Reglamento de Protección de Datos, por lo que el hecho de proteger los datos no sea suficiente.
