La presión social nacida desde un grupo inicial de Whatsapp de madres y padres de Barcelona rechazando la "normalización" de entregar un teléfono móvil inteligente a los niños a los 12 años, con el paso de la educación primaria a la secundaria, se ha ido extendiendo por toda Cataluña y por otros territorios de España.
En estos momentos, más de 9.300 miembros ahora ya de un canal de Telegram -el de Whatsapp alcanzó el número máximo de participantes- están luchando para "rebajar al máximo la presión social ante la compra de un móvil" a los niños a los 12 años y "romper una dinámica enquistada" que asume como "normal" la llegada del móvil al acabar la primaria, explica uno de los portavoces del movimiento, Xavier Casanovas.
El grupo, nacido en el barrio barcelonés del Poblenou, insiste en que es "insuficiente" regular los teléfonos móviles inteligentes en los institutos y cree que es imprescindible restringir su acceso y uso en la educación obligatoria.
Sin poner en cuestión la necesidad de educar en el uso de las tecnologías, este grupo defiende que hasta los 16 años "no es necesario hacerlo con el móvil en el bolsillo".
Las tesis se han ido extendiendo y el chat inicialmente solo del Poblebou se ha organizado en más de 30 grupos que representan la diversidad geográfica catalana.
En todo el territorio español ya hay centros que han tomado las riendas para regular el uso de los terminales.
Regulación en las escuelas
Valencia cuenta con varios centros educativos "libres de móviles", en los que si los llevan deben estar apagado, no se pueden usar en el patio, y si los utilizan se les abre un parte de disciplina y se retira el teléfono, que no se devuelve hasta que la familia acuda a recogerlo.
Las comunidades de Castilla La Mancha, Galicia y Madrid cuentan con una normativa que elimina el uso de los móviles en los centros educativos para uso recreativo y personal, pero no en actividades lectivas, mientras que la mayoría de autonomías lo dejan en manos de los centros. En Cataluña, donde la mitad de los centros tienen ya algún tipo de regulación, la presión de las familias ha abierto un debate para extender la normativa a partir del próximo curso 2024-25, lo que se hará a partir de un "marco general" que determinará la Generalitat, si bien será cada centro educativo el que concrete sus normas según su "realidad" y "especificidades".
