La Xunta presenta la ley que convertirá a los profesores gallegos en 'autoridad pública'

Galicia contará con una Lei de Convivencia e Participación da Comunidade Educativa que otorga al profesorado la consideración de 'autoridad pública', permite a los centros educativos regular la vestimenta de los alumnos y refuerza la protección jurídica de los docentes, que estarán habilitados para requisar objetos -como teléfonos móviles- o sustancias peligrosas. El anteproyecto, definido como "vanguardista" por el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, reduce los plazos para la imposición de sanciones y legisla, por primera vez en España, sobre el ciberacoso.

Vázquez destacó que la nueva ley -que será ahora sometida a consultas para poder aprobarla en el Consello da Xunta y remitirla al Parlamento, con el objetivo de que pueda aplicarse "lo antes posible"- busca "alcanzar y mantener un clima de convivencia, a través de la restauración de ciertos valores y que, simultáneamente, dignifique la profesión docente". Los profesores, con su condición de autoridad pública, dispondrán de presunción de veracidad; mientras que en el ámbito de las familias, se realizarán consultas a los padres sobre el proceso educativo -desde la lengua a los posibles uniformes-, aunque respetando la autonomía de los centros educativos y con el Consello Escolar como instancia final de decisión.

A la hora de establecer normas de convivencia, éstas podrán contener previsiones sobre el atuendo, que deberá ser adecuado para el desarrollo de las actividades docentes. En esta línea, y preguntado por los límites de esta medida -regulación del atuendos de carácter religioso, por ejemplo-, el conselleiro señaló que será el propio centro el que lo determine. "El Consejo Escolar tiene la última palabra", indicó.

"La ley da principios inspiradores a los centros, y si hay reclamaciones ayuda a interpretar", explicó el secretario xeral, quien señaló que la consideración de atuendo adecuado podría ser, por ejemplo, no vestir ropas "excesivamente sueltas" en un laboratorio de ciencias o tecnología.

La norma tipifica las conductas leves y graves contrarias a la convivencia y dotará de mayor inmediatez al procedimiento de imposición de sanciones. Así, reduce de casi un mes a 10 días la instrucción disciplinaria, dejando después dos días para la reclamación de los padres y, finalmente, diez días para la resolución final. Así, se solventará en 22 días un proceso que en la actualidad supera los dos meses, según explicaron los responsables del departamento autonómico.

Hasta un mes de expulsión del centro
A la hora de corregir las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, se podrá optar por medidas como la suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares por un periodo de 15 a 30 días, la suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases entre 4 o 15 días, o la expulsión del centro por un periodo que va desde cuatro días hasta un máximo de un mes.

A mayores, otras medidas correctoras que podrán aplicar los centros educativos incluyen la realización de determinadas tareas fuera del horario lectivo, el cambio de grupo o el cambio de centro para casos muy graves en los que es imposible la convivencia.

Acoso escolar
Una de las principales novedades del anteproyecto es el abordaje, por primera vez en el plano legislativo español, del tratamiento de situaciones de acoso escolar, que contemplan desde malos tratos verbales, físicos o psicológicos hasta situaciones consideradas como de vacío social. La norma recoge atenuantes como el reconocimiento espontáneo y la reparación voluntaria; así como agravantes como la intencionalidad, la difusión mediante medios electrónicos o la vulnerabilidad de la víctima.

Las nuevas tecnologías guardan una posición privilegiada en el anteproyecto de ley. Así, las sanciones disciplinarias se podrán aplicar a la difusión de imágenes o información que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de los demás miembros de la comunidad educativa. También se podrán sancionar conductas fuera del recinto escolar siempre que estén relacionadas con la actividad educativa, como viajes o visitas a museos, por ejemplo.

Baja conflictividad
El conselleiro destacó que el objetivo de la ley es prevenir cualquier posible caso de insultos o indisciplina en las aulas, habida cuenta de que la comunidad gallega presenta unos bajos niveles de conflictividad escolar en comparación con otras autonomías españolas, como las de la zona sur. El secretario xeral de Educación, Jesús Oitavén, señaló que el índice de expedientes sancionadores está por debajo de 2 por cada 1.000 alumnos, con sólo casos "aislados" de faltas graves como el acoso.

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