Salvado el primer escollo para un CP más duro

La polémica reforma del Código Penal, alimentada desde la derecha y gestada a golpe de telediario, ha superado el primer trámite, el del debate de totalidad. Los votos a favor de PP y CiU se unieron a los del PSOE para saltar este obstáculo, ya que el texto presentado por el Gobierno de Zapatero contaba con una enmienda a la totalidad presentada por cada grupo --excepto populares y nacionalistas catalanes--, por entender que encurece en exceso la norma aprobada en 1995.

El Código sufrió en estos años varias modificaciones. La más dura, la del 2003, que emprendió el Ejecutivo de José María Aznar y que redujo todavía más las posibilidades de disfrutar de un cuarto grado, la libertad condicional. Sin embargo, el texto actual es todavía menos indulgente, al establecer la libertad vigilada para condenados por delitos muy graves que hayan cumplido la pena, se alargan los plazos de prescripción, se regulan más estrictamente las organizaciones para delinquir y se establece la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo con resultado de muerte.

En la práctica, ello es ya una suerte de cadena perpetua, tal y como ha señalado el diputado del PNV Emilio Olabarría al rechazar los cambios. Aún así, y pese a la palmada en el hombro que el PP ha dado al Gobierno para superar este primer escollo, ambas partes tendrán que seguir negociando. Y es que, como ha recordado Federico Trillo, los conservadores exigen la inclusión de una eufemística cadena perpetua explícita, en la forma de una prisión permanente revisable a los 20 años. Para el ministro de justicia, Francisco Caamaño, esta propuesta es inconstitucional.

El BNG vota contra un texto ''sin reflexión''
En contra del texto ha votado también el BNG, desde cuyas filas se defiende una enmienda a la totalidad ya que la reforma "está hecha para responder a la presión mediática, no de manera sosegada, y endurece las penas de manera injustificada". Así, el portavoz de los nacionalistas gallegos en el Congreso, Francisco Jorquera, ha reconocido que las modificaciones sí son necesarias en una norma penal aprobada hace quince años, relacionadas a su entender con los compromisos internacionales que el Estado español ha asumido, con el cómputo de la prescripción de los delitos, la responsabilidad penal de las personas jurídicas o la pena de privación de la patria potestad.

Sin embargo, tal y como han indicado los nacionalistas, el proyecto de reforma "cuestiona abiertamente el artículo 25.2 de la Constitución", en relación con la regulación de la libertad vigilada y el endurecimiento de las penas, ya que la Carta Magna establece que son la reinserción y la resocialización la finalidad última de una condena a prisión, "al igual que la doctrina del Tribunal Constitucional, que considera que la preparación para la libertad del penado es un supuesto irrenunciable".

Según Jorquera, el texto que este jueves ha salido airoso del debate a la totalidad no ha sido gestado "con la necesaria reflexión, sino que se abordó aprovechando las presiones mediáticas que están conformando una opinión pública errónea" acerca del índice de criminalidad en territorio español.

El Estado posee "el dudoso honor" de jugar con la tasa de presos más alta de Europa, hasta 164 presos por cada 100.000 habitantes --en Estados Unidos el porcentaje se sitúa en los 751 encarcelados por cada 100.000 habitantes--, pero la tasa de criminalidad está en los 47,6 delitos por cada 100.000 habitantes, muy lejos de la media europea (70,4), o de países como Reino Unido (101,6) o Alemania (76,3). Ello porque, a juicio del BNG, detrás de las cifras late un problema que no se aborda: "la ineficacia de la Administración de Justicia, que deriva, entre otras cosas, el incumplimiento de las sentencias".