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Confirman la condena de 27 años para el descuartizador de Majadahonda, con raíces gallegas

El descuartizador de Majadahonda y su abogado, Marcos García Montes. EFE
El descuartizador de Majadahonda y su abogado, Marcos García Montes. EFE

Bruno Hernández fue condenado por el asesinato de su tía y una inquilina, cuyos cadáveres troceó con una picadora

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la pena de 27 años, tres meses y un día de prisión a Bruno Hernández Vega, el descuartizador de Majadahonda, con raíces en Lugo y Samos, por el asesinato de su tía y de una inquilina, en 2010 y 2015, respectivamente.

Así lo acuerda el TSJM en una sentencia que confirma la dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, conforme a lo que había pedido la Fiscalía. 

La sentencia, recurrida por la defensa del condenado, consideró probado, tal y como estableció el jurado popular, que tras matar a su tía Liria en una fecha por determinar, Bruno Hernández constituyó una empresa de construcción con el ánimo de obtener un beneficio económico de esa muerte. 

Así, cargó a la cuenta de su tía, meses después de su fallecimiento, recibos por importe de más de 33.000 euros y con el mismo propósito simuló la firma de su pariente en un contrato falso de arrendamiento, por el que la fallecida le cedía el uso de su vivienda de la calle Sacedilla, en la localidad madrileña de Majadahonda, que es donde se encontró la picadora industrial con la que Bruno troceó tanto ese cadáver como el de su inquilina. 

La sentencia consideró probado que mató a su tía y a una inquilina y troceó los cadáveres con una picadora de carne

También quedó igualmente probado que el condenado, años después de este primer crimen, el 1 de abril de 2015 causó la muerte de Adriana Beatriz G.N., cuyo cadáver también troceó e hizo desaparecer ayudándose de la misma picadora de carne. Para hacer creer a los allegados y amigos de Adriana que la joven seguía con vida y se había marchado de viaje, tres días después de su muerte introdujo bajo la puerta del establecimiento comercial en el que ella trabajaba un sobre con una carta mecanografiada dirigida al gerente en la que supuestamente le contaba esa intención. 

ESQUIZOFRENIA. Durante la vista oral, su letrado, Marcos García Montes, solicitó la eximente al asegurar que estaba privado de sus capacidades mentales, tanto intelectivas como volitivas, sin saber lo que hacía porque padece esquizofrenia paranoide diagnosticada desde el año 2012.

Sin embargo, los psiquiatras establecieron en el juicio que el esquizofrénico "puede estar loco pero no es tonto", y la sentencia asegura que el hecho de que padezca esquizofrenia paranoide no significa que tenga anuladas sus facultades mentales, pues no se ha establecido una relación entre el delirio y los hechos cometidos. 
 

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