Unos 37.000 kilogramos de gas R-22, prohibido por destruir la capa de ozono de la atmósfera, han sido decomisados en una operación en la que se investiga a una veintena de empresas y cinco buques pesqueros, informó este sábado la Fiscalía general del Estado.
En un comunicado, ese organismo indica que la investigación se lleva a cabo desde septiembre de 2014, en colaboración con expertos de la Guardia Civil y la Fiscalía de Medio Ambiente en Pontevedra, y ha logrado establecer un entramado para utilizar ese gas por parte de buques de pesca que operan en alta mar.
Según los investigadores, una firma española "habría estado comerciando ilegalmente con gas R-22, utilizando distintas argucias técnicas para camuflar la realidad de su actividad empresarial".
Así, "camuflaba cantidades, destinos reales y objeto de la actividad, vendiendo el gas a empresas comunitarias solicitando licencias de exportación a la Comisión Europea para justificar el gas vendido en los informes anuales que debe emitir la empresa".
Algunas de las exportaciones "se desviaban ilegalmente a empresas y buques españoles y de la Unión Europea o se exportaba el gas sin informar a la Aduana de la realidad de la materia y evitando de esa forma que pudiera ser controlada", apunta la Fiscalía del Estado.
