El acusado de intentar violar a su bebé en Betanzos reconoce que poseía porno infantil

Le piden 15 años de prisión, dos condenas de alejamiento de la víctima, siete años de libertad vigilada, la privación de la patria potestad de su actual o futura descendencia

El acusado de haber intentado violar presuntamente a su bebé en el área de Betanzos (A Coruña) ha reconocido únicamente la posesión de pornografía infantil, por lo que solicita una condena máxima de cinco años de prisión frente a los quince que pide la Fiscalía.

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido el proceso contra un hombre, que permanece en la cárcel de manera provisional por esta causa, imputado por la presunta posesión de pornografía infantil.

La Fiscalía le imputa también la supuesta elaboración de esta pornografía, para lo que habría utilizado a su bebé, nacido en 2015, una niña a la que habría tratado de violar, siempre según el escrito de acusación.

El juicio, celebrado a puerta cerrada para salvaguardar la integridad de los menores de edad, ha arrancado con la declaración del procesado.

Este, según han informado fuentes judiciales, ha reconocido la posesión de la pornografía y se ha negado a responder a las preguntas vinculadas a su bebé.

Por los hechos confesados, su abogada defensora ha pedido una condena máxima de cinco años de cárcel, frente a los quince que reclama la Fiscalía.

La acusación pública considera que durante el juicio, con la prueba testifical y documental presentada, han quedado acreditados los presuntos delitos de abuso sexual sobre un menor de dieciséis años, con violación en grado de tentativa y agravante de parentesco, y utilización de menores de edad para elaborar material pornográfico.

Por estos supuestos ilícitos solicita quince años de prisión, dos condenas de alejamiento de la víctima de doce años cada una, siete años de libertad vigilada, la privación de la patria potestad de la víctima y de otra posible descendencia, la prohibición del desarrollo de profesiones con contacto regular con menores durante doce años y la inclusión de pruebas genéticas en una lista de vinculados a delitos sexuales.

La investigación arrancó en 2016, cuando la Embajada de Estados Unidos remitió a la Policía Nacional documentación procedente de una ONG norteamericana que acreditaba el envío desde el teléfono móvil del acusado de fotografías con niños que participaban en conductas sexualmente explícitas.

Al registrar su domicilio, los investigadores localizaron conversaciones en su ordenador vinculadas al sexo con menores y encontraron numerosas fotografías, también en su teléfono personal, con niños de corta edad.

La Fiscalía cree que entre estas fotos hay algunas de la hija del procesado, que habría utilizado supuestamente para la elaboración del material.

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