El desplome en noviembre de 2002 de una grúa de construcción sobre un emblemático edifico de la Calle Real de A Coruña, un accidente en el murieron dos ancianas, se ha saldado diez años después con penas e indemnizaciones menores.
Las penas impuestas a cada uno de los imputados, personal de Talleres Hércules, Construcciones Fermida y Atisae -una empresa concesionaria de la Xunta que certificó que el montaje de la grúa era correcto-, han sido de tres meses de prisión por cada uno de los delitos -homicidio imprudente y daños-.
La Fiscalía había solicitado penas 31 meses de cárcel e inhabilitación para 5 años al entender que habían incumplido la normativa de seguridad, y la acusación particular, que agrupa a una decena de familias, reclamaba entre 1 y 4 años de cárcel.
En lo referido a las indemnizaciones por los daños causados, las aseguradoras han presentando una propuesta a la baja que, en palabras de alguno de los familiares, supone cuantías compensatorias "mucho menores que el coste real de la obra".
Algunos de los afectados han aceptado la propuesta, mientras que otros la han rechazado por lo que el juicio civil deberá continuar en los próximos días, ha confirmado a Efe el abogado de la acusación particular, Antonio Astray-Chacón.
"Las aseguradoras no ha respetado el acuerdo", ha subrayado Astray-Chacón.
El desplome de la grúa se produjo el 13 de noviembre de 2002 al tiempo que el petrolero Prestige permanecía escorado frente a las costas gallega y afectó a varios edificios del centro de A Coruña, entre ellos el Teatro Rosalía de Castro, cuya cubierta albergaba algunos frescos de Urbano Lugrís.
No obstante, el inmueble más afectado fue el número 3 de la calle Real, cuyo quinto piso, en el que vivían desde hace medio siglo las dos ancianas, cuyos cuerpos sin vida fueron difícilmente reconocidos por los forenses, fue arrancado de cuajo por la pluma de la grúa.
La grúa, propiedad de la empresa Talleres Hércules, había sido instalada para las obras en un edificio contiguo, el número 6 de la calle Real, a cargo de la firma Construcciones Fermira.
El incidente, y la tardanza de la justicia, obligó a los afectados a afrontar el coste de la reparación de un inmueble de gran valor patrimonial -un edificio modernista construido a finales del siglo XIX y catalogado como patrimonio cultural- con un valor sólo en materiales de más de 300.000 euros-
Los afectados tuvieron que afrontar con su propio patrimonio el gasto lo que obligó a alguno de ellos a vender sus propiedades para sufragar los costes.
