Un grupo de eminentes juristas instó al presidente de EEUU, Barack Obama, a investigar las violaciones de los derechos humanos cometidos por la anterior Administración en su lucha antiterrorista, en un informe sin precedentes sobre terrorismo y justicia.
''Es de destacar que Obama firmase el cierre de Guantánamo en su primer día como presidente, pero un par de decretos ejecutivos no son suficientes. Se necesita un plan global para acabar con el paradigma de la guerra contra el terror'', afirmó Mary Robinson, ex Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU.
Esta letrada, antigua presidenta de Irlanda, es una de los ocho eminentes juristas que durante tres años ha llevado a cabo una investigación sin precedentes sobre la lucha antiterrorista y las violaciones de los derechos humanos que de ella se han derivado.
El informe, realizado a solicitud de la Comisión Internacional de Juristas, es contundente y ''unánime'' y refleja el menosprecio que muchos países, en especial EEUU, han tenido por la legislación internacional.
Reparaciones
Es por ello que el documento solicita ''una revisión total y profunda'' de las tácticas, métodos y menoscabo de las leyes que la guerra contra el terrorismo instauró, al tiempo que demanda juicios justos y reparaciones para las víctimas.
''Es necesario acabar con el secretismo y saber todo lo que ocurrió por la aplicación de esa estrategia militar de Estados Unidos'', afirmó el presidente del grupo, Arthur Chaskalson, quien encabezó hace un tiempo la Corte Constitucional de Sudáfrica.
''El mundo debe saber el daño que se ha hecho'', insistió, por su parte, Robinson.
El grupo entrevistó a decenas de personas en cuarenta países que fueron víctimas de medidas antiterroristas ilegales, así como a políticos, juristas, representantes de ONGs, policías y miembros de servicios de espionaje.
Incumplimiento de leyes
El informe establece que, si bien ''el terrorismo es una realidad y sería erróneo subestimar la amenaza que supone'', muchos países ''están incumpliendo sus propias leyes nacionales, minando principios básicos de la ley internacional de derechos humanos, como la prohibición de la tortura, el tratamiento degradante, las desapariciones forzadas o los juicios injustos''.
Según los juristas, ''algunos Estados liberal-democráticos que antes defendían principios de derechos humanos ahora están contribuyendo a la erosión de las leyes internacionales violando ellos mismos esos estándares''.
''En muchos países donde la democracia no está asegurada se destacan los casos en los que los países occidentales violan los derechos humanos para criticar el cinismo de éstos y para justificar sus propias violaciones'', aseguró Robinson.
Cultura de secretismo
El texto denuncia también los 'superpoderes' de las agencias de inteligencia y la cultura del secretismo que ha permitido la impunidad de los servicios secretos.
''El secretismo rodea la detención y los interrogatorios de sospechosos de terrorismo, lo que permite el uso de la tortura y el tratamiento inhumano y degradante, así como la impunidad para llevar a cabo estas violaciones'', destaca el informe.
''No criticamos el secreto, sino que las agencias actúen sin limitaciones, lo que les ha permitido violar la ley, asumiendo tareas que no les corresponden, y sobre todo sin tener que dar cuenta de ellas'', señaló Hina Jilani, ex relatora especial de las Naciones Unidas para los Defensores de los Derechos Humanos.
Derecho internacional
Por todo ello, el panel de expertos aboga por que todos los Estados restauren la primacía del derecho internacional y les pide que lleven a cabo una revisión exhaustiva de las medidas antiterroristas, en aras a restablecer el respeto de los derechos humanos.
Asimismo, los juristas solicitan al Consejo de Derechos Humanos y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que tomen partido y se impliquen en la denuncia de leyes antiterroristas que no cumplan con la legislación internacional.
Piden una sesión especial al Consejo de Derechos Humanos sobre el asunto y sugieren que esto se tenga en cuenta en el Examen Periódico Universal (EPU), evaluación a la que todos los Estados miembros están sometidos y en la que se analiza el respeto a los derechos en cada país.
