La Guardia Civil ha desmantelado una red que presuntamente ha estafado a cerca de un millar de ancianos en varias provincias, entre ellas Lugo, a los que realizaban falsas inspecciones del gas y amenazaban con cortar el suministro si no pagaban, en una operación en la que ha detenido a veinte personas, incluido el cabecilla, asentado en Toledo.
Según ha informado el instituto armado, se han contabilizado cerca de 900 perjudicados en Lugo, Asturias, León, Cantabria, Vizcaya y La Rioja.
La investigación se inició a finales del año pasado tras la denuncia presentada por una vecina de la localidad de Posada de Llanes (Asturias) a la que le habían facturado por la revisión de la instalación de gas un importe de 900 euros.
Tras las primeras investigaciones se pudo comprobar que la red, que decía actuar en nombre de una empresa autorizada de ámbito nacional, acudía a domicilios de personas de avanzada edad de zonas rurales, para realizar una revisión de la instalación que era ficticia y por la que facturaban grandes cantidades.
Para acreditar la legalidad de su identidad exhibían logotipos y carnés falsos de instaladores autorizados.
Los detenidos accedían a las viviendas de los ancianos de forma precipitada e intimidatoria, llegando a amenazarles con cortarles el gas si se negaban a autorizar la revisión o a abonar la factura, por lo que las víctimas accedían y pagaban.
Era práctica habitual también que para obtener el dinero trasladasen a las víctimas en sus propios vehículos hasta entidades bancarias para que sacaran dinero si no disponían de la cantidad suficiente en la vivienda.
El grupo actuaba en equipos de dos o tres personas, iniciando su trabajo en Oviedo a primera hora de la mañana, desde donde se trasladaban a la zona rural y regresaban por la tarde a una oficina que la organización tenía en la ciudad.
La recaudación era entregada en la oficina y de cada factura se abonaba a cada integrante de la organización una comisión que oscilaba entre el 33 y 39 por ciento de la factura obtenida sin IVA.
