Un hombre acusado de cobrar la pensión de un jubilado que había fallecido seis años atrás y en cuya cuenta figuraba como autorizado ha aceptado una pena de dos años de cárcel, frente a los tres años que pedía inicialmente la Fiscalía.
El acusado, I.C.B., ingresó el dinero de la pensión de E.C. entre febrero de 2010, cuando éste falleció, y marzo de 2016, fecha en la que la Seguridad Social verificó el deceso.
Cuando la administración solicitó la devolución de las cantidades que se habían ingresado en ese intervalo, un total de 88.090,55 euros, la entidad bancaria constató que no había saldo en la cuenta.
El banco devolvió 58.397,94 euros, importe de los cuatro años anteriores a la fecha de conocimiento del fallecimiento, de acuerdo con las disposiciones del reglamento general para la gestión financiera de la Seguridad Social y de la orden que lo desarrolla.
Además de la pena de cárcel, I.C.B. deberá afrontar el pago de dicha cantidad y de los 29.692,61 que reclama la Seguridad Social, más una multa por el importe de lo defraudado, 88.090,55 euros.
El juicio estaba previsto para este miércoles en la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo.
Las partes llegaron a un acuerdo, que cristalizó en una sentencia leída en sala.
