Las siete personas acusadas de explotar laboralmente a cinco súbditos portugueses, la mayoría indigentes, en sendos poblados chabolistas de Vigo, han negado que los sometieran a jornadas de diez horas y media reparando palés, que les pagaran apenas 20 euros semanales o que les retuvieran su documentación. Todos han declarado en la primera sesión del juicio en la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra, en el que la fiscal pide para ellos de dos a cuatro años de prisión, según el caso, por un delito contra la seguridad e higiene en el trabajo y otro contra los derechos de los trabajadores.
Uno de ellos, Felipe S.M., ha admitido que conoció a una de las supuestas víctimas de explotación laboral en Oporto y que sabía que vivía en la calle. También ha reconocido que fue a buscar con su furgoneta a un grupo de personas supuestamente explotadas a Povoa do Varzim (Portugal), y que una vez en Vigo fueron divididos entre dos poblados chabolistas, uno junto al Meixoeiro y otro en Coia, para que les "echaran una mano" en sus labores.
Ha negado que trabajaran exclusivamente en la reparación de palés de madera, que luego revendían a una empresa de Lugo, sino que también colaboraban en la recopilación de chatarra y de plástico en diferentes polígonos industriales; labores en las que, ha asegurado, él también participaba y no se limitaba a dirigir a las víctimas.
Todos los acusados han coincidido en que estos trabajadores, a los que daban cobijo en una autocaravana y los alimentaban tres veces al día, no tenían una jornada laboral fija, como tampoco una asignación regular, sino que dependía de la cantidad de trabajo que fueran teniendo. Asimismo, han reconocido que ni ellos ni los indigentes a los que habían captado estaban dados de alta en la Seguridad Social y que su actividad carecía de todos los requisitos legales establecidos, tanto de seguridad como de salud.
Otra acusada, Carminda B.S., ha justificado esta situación en que "no nos consideramos una empresa. Vamos malviviendo".
Ella y su marido han excusado que tuvieran la documentación de una de las víctimas en su haber en que este había bebido y le habían guardado la cartera, lo que sucedió, según han alegado, justo un día antes de que la Policía se presentara por el poblado chabolista próximo al hospital Meixoeiro. Según se recoge en el escrito de calificación de la Fiscalía, los acusados gestionaban un negocio de explotación de madera cuando fueron identificados a finales de 2017 en una inspección de trabajo por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal de la Policía.
Los acusados, que no estaban dados de alta el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, empleaban a cinco trabajadores portugueses, los cuales no estaban dados de alta en el Régimen de la Seguridad Social y trabajaban haciendo palés de madera diez horas y media al día, seis días a la semana, sin vacaciones y por un salario de entre 20 y 35 euros semanales.
Los trabajadores pernoctaban en una caravana o en un camión abandonado en la misma finca en la que trabajaban sin las mínimas condiciones de higiene y seguridad, sin que se les diese formación alguna sobre protección preventiva y sin prestarles la debida atención sanitaria. Tres de estos trabajadores, que han sido citados como testigos, no han comparecido este lunes en el juicio.
