La familia de Déborah Fernández Cervera, la joven viguesa cuyo cadáver fue hallado en una cuneta de O Rosal en 2002, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número de 2 de Tui, que lleva la causa, la retirada del equipo investigador de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (Ucdev) de la Policía Nacional y su sustitución por la Guardia Civil. "Ya es tarde, lo sabemos. Poco queda por hacer, o quizá ya nada, pero exigimos que la Ucdev de Madrid sea retirada del caso y lo que quede por hacer se encomiende a la Guardia Civil", ha dicho la familia a la jueza en un escrito que le entregó la semana pasada, según ha informado este lunes en un comunicado.
En el escrito se le dice a la jueza que el equipo de investigación, encargado del caso desde 2002 y que trabaja en colaboración con la comisaría de la Policía Nacional en Vigo, "no puede seguir ni un segundo más interviniendo en este procedimiento". Detrás de esta decisión está la aparición, hace unos días, en una comisaría de Madrid de un legajo que contiene, entre otras cosas, un teléfono móvil sin tarjeta SIM que, presumiblemente, perteneció a la joven y que la familia entregó a la Policía en el año 2006.
"El hallazgo del legajo reciente no es más que otra negligencia de ese equipo policial, la más grave junto a la de no haber puesto a disposición del juzgado el disco duro del ordenador de Déborah hasta 2019, cuando lo tenían en sus dependencias desde 2006; disco duro del que ya consta en este Juzgado lo que ha pasado con el mismo", dice el comunicado.
La familia también muestra su "incredulidad" por el hecho de que quien fue hasta hace días el inspector que dirigió la investigación haya aparecido el pasado día 4 en televisión asegurando que el equipo policial "ya sabía de la existencia del móvil", mientras que el atestado de 2019 se refería a una "inspección visual" del celular, pero decía que éste nunca había sido recogido por la Policía para su análisis. De ahí que se haya solicitado que aclaren esta contradicción "tan evidente", dicen los abogados de la familia de la joven, que la semana pasada anunciaron que iniciarán acciones penales contra la Policía Nacional.
Por otra parte, la familia continúa a la espera de saber si la Audiencia Provincial de Pontevedra atiende el recurso de apelación que presentó a la decisión del 2 de Tui para tramitar el procedimiento por la Ley del Jurado, lo que podría llevar al único investigado a sentarse en el banquillo frente a un jurado popular.
La deliberación se produjo hace ya diez días y se esperaba una resolución para la semana pasada que, de momento, no ha llegado.
