Luz verde a la tramitación del nuevo PXOM en Vigo entre varios reproches

El pleno del Concello de Vigo ha acordado este viernes de manera unánime la elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación Municipal, tras la anulación del de 2008 por parte del Tribunal Supremo, en una sesión marcada por los reproches entre los grupos de la oposición y el gobierno local.

La concejal de Urbanismo, María José Caride, inició el turno de sesiones y señaló que tanto el Concello como "la sociedad", e incluso la Xunta, recibieron "con sorpresa" el dictamen del alto tribunal tras "113 sentencias favorables" al planeamiento de 2008.

Defendió Caride que la sentencia del Supremo "no cuestiona" la actuación del gobierno local, sino "la falta de motivación" de la resolución tomada por el gobierno bipartito de la Xunta, de la que ella formaba como conselleira de Política Territorial, Obras Públicas y Transporte.

Incidió en que la anulación del Plan General de 2008 supone "un grave problema de desarrollo" pero, matizó, "no hay ausencia de legalidad", ya que "está en vigor" el documento aprobado en 1993.

También censuró que la Xunta mostrase "una visión positiva" en su reunión con el gobierno vigués para atajar las consecuencias del dictamen judicial para luego decaer en su "interés" por colaborar al rechazar la declaración de incidencia supramunicipal de algunos proyectos estratégicos como la Ciudad de la Justicia.

La edil de Urbanismo abogó por un documento que "se ajuste a la legalidad" y que no discuta "el modelo de ciudad de 2008", aunque se corrijan "cuestiones" para tener un plan "seguro, de forma ágil".

Rubén Pérez, portavoz de la Marea de Vigo, rechazó que el nuevo PXOM se conforme como "un corta y pega" de un plan que ninguno de los tres grupos ahora en la corporación planificaron de inicio -fue el BNG-, y optó por ver la sentencia del Supremo como "una oportunidad histórica para empezar de cero y arreglar determinadas cosas".

Defiende Pérez que "los condicionantes" que había en 2008 no se dan en la actualidad, y por eso exige que se replantee el modelo de ciudad y que los trámites para la redacción de un nuevo texto se inicien con la elaboración de un "diagnóstico" y de memorias informativas y económicas.

También rechaza que el Concello carezca de responsabilidad ya que "fue quien pidió a la Xunta saltarse el criterio de evaluación estratégica ambiental".

Por su parte, la portavoz popular Elena Muñoz destacó "el papelón" de María José Caride, a la que vio "más nerviosa de lo normal" en su intervención ante el pleno y a la que acusó de "defraudar" a todos los vigueses permaneciendo "callada" tras la anulación del Plan General de 2008, en vez de "pedir disculpas".

Muñoz pidió la dimisión de Caride, pues entiende que "no está legitimada para llevar adelante" el nuevo documento, y afirmó que "sus propios compañeros" de partido son los que la "señalan con el dedo" al descargar responsabilidades sobre el Gobierno autonómico que dio su visto bueno al plan.

Muñoz afirmó que la sentencia del Tribunal Supremo es "la mayor moción de censura que se ha hecho contra el gobierno local" y pidió adaptar el Plan de 2008 a "la nueva situación" y "corregir los errores que provocaron algunas modificaciones de última hora".

Desde el gobierno local, el portavoz Carlos López Font criticó que la Marea de Vigo opine sobre este tema "sin tener idea" y aseguró que el gobierno local socialista acabó en 2008 con "el plan de especulación del PP".

Defendió, además, que es a la Xunta "a quien le corresponde solucionar" el problema.

María José Caride cerró el turno de intervenciones haciendo alusión a las advertencias de la oposición sobre posibles repercusiones de la anulación del Plan en el cobro del recibo del IBI.

La responsable de Urbanismo aseguró que este impuesto "no se ve afectado".