Los populares muestran síntomas de agotamiento que recuerdan a los del final del fraguismo, mientras tratan de evitar que el ‘Baltargate’ abra un cisma en Ourense
FEIJÓO DEJÓ ver la semana pasada que no le entusiasmaba tener que situar al frente del Parlamento a uno de los cinco diputados baltaristas que hicieron un amago de motín en un piso de Ourense hace trece años, cuando el ahora presidente de la Xunta volvía a Galicia desde Madrid con el encargo de Aznar y Rajoy de proceder a la doma y castración del sector de la boina. Pero, presa de la indefinición que le atenaza mientras no decide su futuro y sin que estuviese dispuesto a dar el paso Pedro Puy, la única alternativa viable para poner en ese puesto sin que estallase un conflicto interno, Feijóo señaló como nuevo presidente del Parlamento a Miguel Santalices, quien merecía el cargo, tanto por su trayectoria como diputado como por su labor como sustituto frecuente de la anterior titular del cargo, Pilar Rojo, ahora diputada en Madrid.
Santalices tuvo suerte, porque sólo dos días después de su nombramiento saltó la noticia de que su jefe de filas, Baltar II, tiene que declarar el 10 de marzo en calidad de investigado por la denuncia de una mujer que le acusa de haberle prometido una plaza en la Diputación a cambio de sexo. La denunciante también ha sido encausada por la juez que considera que en el ‘baltargate’ no hubo acoso, sino un presunto soborno.
La decisión de la juez pone en entredicho la ya controvertida actuación del fiscal, que archivó el caso sin tomar declaración a Baltar II. El fiscal anunció que recurrirá, por lo que será la Audiencia de Ourense la que decida si el segundo de la dinastía tiene que comparecer ante la justicia, como ya hizo el patriarca, condenado por prevaricar en serie con múltiples enchufes para que su heredero ganase el congreso provincial popular del 2010.
Esa decisión de la Audiencia de Ourense tendrá una elevada significación política, pues si Baltar II siguiese imputado, o investigado como se llama ahora, y dada la naturaleza del caso, Feijóo lo tendría complicado para mantenerle en el puesto. Es el escenario que en el PP quieren evitar a toda costa, pues saben que si se viesen obligados a pedirle su dimisión, el barón de Ourense siempre puede desempolvar la vieja amenaza de resucitar el partido cantonalista en el que ya estuvo su padre.
En la cúpula de los populares gallegos parecen confiar en que la determinación del fiscal provoque que este caso acabe en nada. De lo contrario, se abriría un conflicto en Ourense que acrecentaría los paralelismos entre la actual situación del PPdeG y la del final del fraguismo. El principal parecido reside en el nerviosismo que se percibe en la derecha gallega tras los resultados de las generales, que recuerda al que desató el triunfo de Zapatero en el 2004. Esta vez los populares aún tienen opciones de salvarse, bien con una repetición de las elecciones, bien con un acuerdo que incluya la retirada de Rajoy, pero se percibe una gran ansiedad, alimentada por el temor a que Pedro Sánchez pacte con Podemos.
Tras el desmayo de Fraga en el Parlamento en el 2004 había una gran incertidumbre alrededor del candidato. Ahora la incerteza reside en el futuro de Feijóo, cuyas dudas han llevado al PP a invertir el orden natural para hacer los congresos provinciales antes del gallego, para que su jefe gane tiempo mientras medita si se presenta a la reelección. En el PP cada vez se escucha más el lamento de que la indefinición de Feijóo les paraliza.
Otro parecido llamativo reside en la sensación de agotamiento. Fraga acabó adelantando las elecciones en el 2005 aunque lo racional habría sido esperar hasta el final. Ahora también se habla de un anticipo, pese a que para el PP parece más lógico aguardar. Electoralmente los populares están peor que en el 2005, pero tienen un socio potencial, Ciudadanos, aunque para que les salve tienen que llegar a un mínimo.
Del Monte Gaiás a Ence, de la machada de Fraga a la de Rajoy
Del mismo modo que Fraga adjudicó los edificios que faltaban de la Cidade da Cultura ya en período electoral, de manera que condicionó la política cultural de la Xunta por varios lustros, Rajoy amplió la concesión de Ence en la ría de Pontevedra hasta 2073 estando en funciones, un exceso más que cuestionable que revela que, en lo que atañe a su ciudad, ya empezó a despedirse.
La UPG se ve obligada a dar la cara al frente del Bloque
En el mercado ganadero de Amio, ese matadero de la política gallega del siglo XXI, la Unión do Povo Galego (UPG) comenzó a morir de éxito cuando derrotó por poco a Beiras, quien después la destrozó en las urnas, primero en coalición con Esquerda Unida y más tarde también de la mano de Podemos. Sin sentirse todavía lo suficientemente débil como para aceptar la rendición de incorporarse a la Marea, la UPG se dispone a librar el último pulso por su supervivencia en la escena autonómica sin el artificio de que en el Bloque haya un teórico líder que no manda, como lo fueron un Guillerme Vázquez entregado a la causa y un Xavier Vence que, aunque daba una mejor imagen, acabó jugando el mismo papel, ante la jefatura real de Bieito Lobeira.
En la campaña de las generales en el BNG se percibía el sordo pulso que libraban Vence y su entorno con el cabeza de lista de Nós por la provincia de A Coruña, Carlos Callón, mientras se mostraban mucho más próximos a la candidata de Pontevedra, Carme Adán. Esa tensión era la reacción ante el evidente plan diseñado en la cúpula de la UPG para que Callón, el heredero natural de Francisco Rodríguez, acabase siendo el líder del BNG si era elegido diputado.
Después del fracaso electoral todo apunta a que Callón se ha desmarcado del plan para promocionarle en el BNG, mientras Vence, tras no asumir primero las responsabilidades del fiasco de Nós, se vio obligado después a renunciar a la reelección.
En realidad el primero en asumir esas responsabilidades debería ser el verdadero jefe, Bieito Lobeira, pero no sólo no lo ha hecho, sino que su nombre es uno de los que suenan para ser elegido portavoz nacional en la asamblea que el BNG celebrará el 28 de febrero. Sería un ejercicio de coherencia en la medida en la que, tras la retirada de la primera línea de Rodríguez y la anterior jubilación política de Bautista Álvarez, Lobeira es hoy el dirigente con más peso en la UPG. Pero también se trataría de la cruda constatación de que el inmovilismo resulta tan pétreo que no se asume ni una coma de autocrítica.
Así, suenan otros nombres entre los que el que adquiere más fuerza es el de la diputada Ana Pontón, a su propio pesar, pues se resiste a aceptar. Sin salir de la ortodoxia de la UPG ni del círculo de los políticos profesionales que empezaron en Galiza Nova y acumulan varios lustros de carrera política, la de Pontón sería una opción más solvente para afrontar las muy difíciles elecciones autonómicas, que estarán precedidas por un nuevo reguero de bajas que ya comenzó esta semana con la de la exdiputada quintanista Ana Luisa Bouza.
Hay más nombres sobre la mesa para asumir el liderazgo del BNG, como el del portavoz parlamentario, Francisco Jorquera, o el de la cabeza de lista de Ourense en las generales, Noa Presas, que no es de la UPG, sino de su llamada marca blanca, el MGS. Una opción atractiva es la del alcalde de Allariz, Francisco García, un clásico de las quinielas ya desde la caída de Beiras. Aun así, si quisiera dar el paso, por lo menos le aportaría solidez al BNG en esta numantina lucha final. Su problema es el de todos los aperturistas de la UPG, que son vistos con recelo por los duros mientras de cara al exterior no dejan de ser de la UPG.
