Blog | El reverso de la semana / A semana do revés

¿Un ‘impuesto revolucionario’?

 Las regularizaciones que hace el Catastro, necesarias en algunos casos, no parecen justas en otros, ni en el fondo ni en la forma

A LOS DOMICILIOS de miles de ciudadanos de la provincia están llegando estos días cartas del Catastro como churros. Las misivas causan un gran revuelo y mucha indignación porque van acompañadas del requerimiento del pago de 60 euros por inmueble en concepto de regularización. La poca información que figura sobre el bien objeto de la corrección y los motivos de esta -hay que consultarlo en internet o por teléfono- sume a los contribuyentes en un desconcierto todavía mayor. Son muchos los ciudadanos para los que el proceso se resume en un impuesto que Hacienda se ha sacado de la manga con una finalidad exclusivamente recaudatoria.

Y no se equivoca del todo quien piensa así, porque lo que hay detrás de todo esto es un plan especial de regularización catastral que aprobó el Gobierno en 2013 al amparo de la discutida ley de "medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica". El título no puede ser más clarificador. Las arcas estaban en rojo y había que sacar dinero de donde fuera. Una de las maneras que encontró Hacienda fue este plan, que no vendría mal si fuera realizado con criterios distintos a los que se aplican. Muchos concellos llevan décadas sin revisión y la realidad física poco se ajusta a la que figura en el papel.

En su lucha contra el fraude fiscal -de necesidad indiscutible y materialización cuestionable-, el ministro Montoro consideró necesario sacar a la luz construcciones que no estaban declaradas o no "de forma completa y correcta". Según algunas versiones, el plan surgió fundamentalmente para regularizar miles de urbanizaciones de Levante que no estaban registradas, y Galicia, como otras regiones, sufre los daños colaterales. Porque el problema es que, aunque Hacienda remarca que el plan fue pensado para incorporar alteraciones importantes -"no pequeñas modificaciones", precisa-, como rehabilitaciones integrales, ampliaciones de superficie o nuevas construcciones (piscinas, garajes...), la regularización está siendo mucho más exhaustiva. El Catastro registra cualquier inmueble de más de 15 metros cuadrados y hace correcciones en otros, siempre al alza. "É de pena que se den de alta construcións que non son máis que galpóns, para gardar o coche ou unhas ferramentas", explica una persona conocedora del proceso. En cambio, otro trabajador opina que "para nada se tira a lo alto. Con ciertas cosas, incluso se hace por que baje el valor catastral y que el ciudadano pague menos. Lo que pasa es que, para las altas, las gerencias del Catastro ya te marcan las construcciones en los planos", explica. El Catastro trabaja con la ayuda de empresas contratadas, que tuvieron que homologarse y perciben un tanto por expediente.

Son comunes las altas de construcciones aledañas a casas (pajares, almacenes, garajes...) que hasta ahora se habían salvado. En algún caso pese a tener casi un siglo, con fecha de construcción bien visible. También son muy habituales las revisiones de valores de casas antiguas que en su origen tenían los establos de los animales incorporados y no tributaban por ese espacio. Se detectan en base a las mediciones realizadas en revisiones anteriores. Si una vivienda aparece con 100 metros en la planta alta y 20 en la baja, faltan 80, que ahora se incorporan.

El ansia reguladora es tal, que algún propietario recibió la carta hasta por un pozo con cubierta. Puede que sea un error de esos que, entre miles de expedientes, es fácil que se produzcan. El afectado podrá alegar, pero, por lo pronto, ha recibido como todos la polémica tasa de 60 euros, "en concepto de prestación del servicio", explica el Catastro, para mayor irritación del afectado. Los ciudadanos la consideran abusiva, y más aún porque se factura por inmueble, en vez de por propietario. Es una denuncia que hizo hace unos días el BNG, con un ejemplo muy claro. "A unha persoa que faga cambios na casa, na palleira ou no pozo, o Goberno cóbralle180 euros, mentres que o dono dun latifundio en Andalucía paga 60 por un pazo".

Aunque todo depende de cómo se mire. Guste o no, la ley obliga a declarar construcciones o modificaciones, y el incumplmiento está sancionado con hasta 6.000 euros. Por otro lado, la regularización sirve para sacar a la luz situaciones injustas para los ciudadanos que cumplen, como casas totalmente rehabilitadas que apenas pagaban.

La regularización tiene otra consecuencia. El Ayuntamiento puede liquidar los importes correspondientes del IBI, más intereses, que el propietario dejó de pagar durante los ejercicios no prescritos, que son cuatro. Y da lugar a confusiones, como la de que el proceso legaliza desde el punto de vista urbanístico construcciones que no cumplen. En absoluto es así. Para nada es una amnistía. La regularización tampoco se extiende automáticamente al Registro de la Propiedad, donde el bien seguirá figurando incorrectamente descrito si no se corrige.

Las regularizaciones las impulsa el Catastro, pero van de la mano de los ayuntamientos y, aunque están previstas en todos, algunos se adelantan y la solicitan para ser incluidos antes. Les va mucho en ello porque conlleva más recaudación por Ibi.

En resumen, son miles los ciudadanos que estos meses se enfrentan a un gasto inesperado y que no en todos los casos parece justo. Pero meterse en recursos contra la administración echa para atrás al más pintado. Y mientras tanto, la caja hace ring.

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