DESDE QUE recuperamos la democracia, el partido que más tiempo ha gobernado en España ha sido el PSOE -en ese momento estábamos entre las diez primeras potencias mundiales-. Así que, para bien o para mal, de las cosas que se han hecho y de las que aún están pendientes por hacer, que no son pocas, la mayor parte de la responsabilidad ha de ser atribuida a los socialistas.
Hago este apunte al hilo de lo que pude ver y escuchar hace unos días en la entrevista que el periodista pontevedrés Xabier Fortes le realizó al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en TVE. En esa cordial charla, Sánchez llegó a citar hasta en una docena de ocasiones el término «clase media trabajadora». Ante tamaña insistencia en la cuestión yo esperaba que el incisivo periodista le preguntase al responsable del Ejecutivo cuáles son las medidas concretas directas que tiene previsto ejecutar para mejorar la situación de esa «clase media trabajadora». Pero ni escuché la pregunta ni escuché a Pedro Sánchez decir nada respecto a lo que su gobierno proyecta para ese colectivo al que tanto gusta aludir. Una pena. Porque si hay un sector de la población que en estos momentos está pendiente de por fin se le favorezca, después de haber tenido que soportar unos años tan duros, es esa clase media trabajadora.
Pero mucho me temo que se van –o nos vamos- a quedar como estábamos. Y el PSOE no estará acreditado moralmente dentro de unos años para reclamar para ese colectivo lo que durante su mandato no ha sabido o no ha querido hacer. Pero no todo va a ser negativo en la gestión socialista. A mí, por ejemplo, me ha congratulado que por fin se haya regulado y legislado para que las trabajadoras del hogar tengan derecho a una prestación por desempleo. Una medida que debería haber llegado hace ya mucho tiempo, pero en cualquier caso gracias a la UE y su presión, bienvenida sea. Mejor hoy que nunca. Eso sí, una medida como esa debe ir ahora necesariamente acompañada de un esfuerzo importante por parte de la inspección de Trabajo. Porque si no, de poco va a servir.
Si no se ataja el enorme fraude existente en las contrataciones –o no contrataciones- de este tipo de trabajadoras, de poco servirá que se les otorguen derechos. Y los primeros que deberían dar ejemplo son los políticos. Porque todos recordamos el caso de alguno que no era precisamente cumplidor en este tipo de deberes. Y no es la única medida del Gobierno que me ha congratulado. También hay que felicitarse de que por fin se haya iniciado el proceso de descentralizar y sacar de Madrid algunas instituciones o entidades dependientes del Estado. Es algo que vengo reclamando desde hace tiempo. Es incomprensible, por ejemplo, que Salvamento Marítimo (Sasemar) no tenga su sede en Galicia. Confío en que algún día se consiga. De momento, lo que parece que sí tiene posibilidades de afincarse en nuestra comunidad es la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA). ¿Y quienes se han presentado como precandidatas para acoger este organismo? Pues A Coruña, Ourense y Santiago. La provincia de Pontevedra, la que menos instituciones públicas cuenta en relación a su población, se vuelve a quedar fuera del pastel. Y en este caso no se le puede echar la culpa a ningún agente externo. Ni a la Xunta, ni al gobierno central.
Es muy triste que ninguno de los grandes ayuntamientos de la provincia se haya postulado como futura sede para esta Agencia. Una muestra más del ínfimo nivel de miras de nuestros mandatarios locales. Es que no las ven ni pasar. ¿Dónde está la inteligencia? Aunque sea artificial.
