DECÍA Eduardo Galeano que el poder es como un violín: se toma con la izquierda y se toca con la derecha. Pues a la vista de lo sucedido esta semana en este país, la metáfora del escritor uruguayo no tiene por qué ser necesariamente así. Pasa con la subida del salario mínimo interprofesional, que ni está pactada entre Gobierno y empresarios —lo cierto es que ni en el seno del propio Ejecutivo de coalición hay acuerdo— y también sucede con las medidas de choque anunciadas para hacer frente a la escalada del precio de la electricidad, que indignan a gran parte del sector energético. La guerra del megavatio está servida, sobre todo si las medidas anunciadas van más allá del invierno.
Y es precisamente el manejo de los tiempos una de las claves de todo esto. El equipo de Teresa Ribera habla de un plan de choque, que por definición se supone coyuntural, cosa de meses. Pero lo que temen las eléctricas es que algunas de las medidas dirigidas a su cuenta de resultados hayan llegado para quedarse. Es cierto que la factura de la luz necesita un meneo ya, inmediato, pero no lo es menos que el propio sector, en este momento de transición, requiere de reformas estructurales, pensadas para el medio plazo y, a ser posible, consensuadas.
Dicho todo esto, conviene situar el problema, que es poliédrico, con muchas aristas, pero que amenazaba con provocar una fractura social. Es por ello que se pueden asumir por todos algunas medidas de las aprobadas. Por ejemplo, el establecimiento de un suministro mínimo vital que prohíbe el corte del servicio por impago a los beneficiarios del bono social eléctrico durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes. Eso, por el lado del cliente minorista. Por el de las empresas, se crea un nuevo mecanismo para fomentar la contratación de electricidad a plazo, que beneficiará especialmente al tejido industrial. Hasta ahora, esto nos diferenciaba de Europa, donde este tipo de contratos son habituales. La reducción de la fiscalidad, en un sector que pide a gritos cierta neutralidad impositiva por el lado del consumidor, también parece sensata.
Lo que abre la brecha entre Gobierno y eléctricas es algo muy concreto: el anteproyecto de ley por el que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico, que comenzó a tramitarse en junio y que ahora ya tiene números. La medida va directamente dirigida contra las propietarias de las centrales inframarginales y no emisoras de CO2, es decir, nucleares, hidroeléctricas y algunos parques eólicos. Se trata de un nuevo dividendo de minoración de beneficios para estas tecnologías por los altos precios del gas, que lo están marcando todo. El recorte será de nada menos que de 2.600 millones para estas centrales durante los próximos seis meses. De ahí que el PP hable de confiscación pura y dura y se enciendan las alarmas en los despachos jurídicos de las grandes eléctricas.
Los analistas ni se ponen de acuerdo en cuál es la más afectada de las dos grandes eléctricas, Iberdrola o Endesa, que concentran el 80% de la producción hidráulica y nuclear de este país. Pero hay algo seguro: las medidas resultan muy negativas para el sector eléctrico no tanto por los impactos directos en las compañías como por la incertidumbre regulatoria que generan.
Y eso se traduce en más inseguridad jurídica, por ejemplo. España todavía afronta las consecuencias de un aluvión de demandas y arbitrajes internacionales por los cambios que impuso otro Gobierno, el de Mariano Rajoy, par acabar con el déficit de tarifa en plena crisis.
Para Bruselas, la guerra del megavatio tiene una solución: acelerar la transición energética. España lo hace a través de una Secretaría de Estado de Energía que por primera vez en muchos años está en manos de Transición Ecológica, y no en el Ministerio de Industria. En todo este tiempo, el equipo de Teresa Ribera ha estado mucho más afanado en despejar los nubarrones medioambientales del sector, con el cierre de las térmicas como bandera, que en aliviar sus duras consecuencias, se midan en términos de empleo, proyectos de inversión alternativos o modelo futuro.
Hay dos sectores que representan la quintaesencia del poder frente al regulador o el legislador. No son otros que la banca y las eléctricas, durante años en interesado maridaje. Un revolcón normativo no se despacha con una llamada de teléfono previa. Teresa Ribera debería saberlo a estas alturas.
Marta Ortega: heredera antes que sucesora en el universo Inditex
MARTA Ortega era hasta ahora una incógnita. Después del despliegue sobre su figura realizado por The Wall Street Journal, árbitro mundial del capitalismo, lo sigue siendo. Ya no es tan desconocida, eso sí. Porque todo son interrogantes sobre su futuro rol en Inditex. Nada aclara. El gigante ha presentado esta semana unos números que le devuelven al año previo a la pandemia, en líneas generales, y ese mismo día la revista 'Hola' se hacía eco de la entrevista en The Wall Street Jornual. Marta Ortega salta del papel rosa al salmón con pasmosa naturalidad. Pero a todas luces, y más tras la entrevista, la tercera hija de Amancio Ortega, de su segundo matrimonio, es antes heredera que sucesora en Inditex.
José Blanco: un año de vida y una consultora muy rentable
NO engaña a nadie José Blanco. El exministro deja la política y, al alimón con exaltos cargos del PP, también con compañeros del PSOE, monta una empresa en los meses previos a la pandemia. Acento Public Affairs, que así se llama la consultora fundada por José Blanco con Alfonso Alonso y Antonio Hernando, logra unos ingresos de más de dos millones su primer año de vida completo. No está nada mal si tenemos en cuenta que fue el del covid-19. La firma cerró el ejercicio con unos beneficios de más de 610.000 euros y repartió dividendos entre sus accionistas. Como despacho de influencias que es, la empresa presume de su "acción de interlocución en las instituciones del Estado". Todo muy clarito lo tiene Blanco.
