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Julián Rodríguez, responsable del espacio Zona Franca, en los medios del Grupo El Progreso.

Atraco en la autopista

Solo la comisión entre Xunta y Fomento puede frenar ahora la escalada de peajes en la AP-9

PÉREZ TOURIÑO tenía un plan, que recibió en su día todo tipo de calificativos. Aquello transitaba entre lo peregrino y lo descabellado, a decir de sus detractores, pero a la Xunta bipartita parecían no importarle demasiado los adjetivos. Se trataba de levantar una autovía en paralelo a la AP-9, que recorriera Galicia de norte a sur, desde A Coruña a Vigo, por el trazado de la Nacional-550, evitando, eso sí, los nudos urbanos que sorteaba malamente la vieja carretera nacional. La idea fue incluso incorporada a mediados de 2008 al Plan Director de Estradas, con el horizonte del 2020 como fecha para la puesta en marcha de tan singular proyecto, que al final no pasó de esbozo. Diez años después, ¿resulta tan disparatada la idea de una autovía que compita, sin peajes, claro, con la AP-9?

AP-9
En todo caso, y puestos a soñar, de dar forma en el imaginario de los gallegos a ese trazado alternativo, de coste millonario para las arcas de cualquier administración pública, se encargan ahora los hechos y no los planos de los ingenieros. Y es la concesionaria de la autopista la que aporta en este caso la carga de la prueba con sus actuaciones, los hechos, las subidas de peajes que constean ampliaciones. Sin el concurso de hasta dos ministros que conocen bien Galicia, José Blanco primero y Ana Pastor después, nada habría sido posible, por supesto. 

La de la Autopista del Atlántico es la historia de una permanente aspiración. Y también la de una constante frustración. El arranque del año trae subidas de peajes e inauguraciones. Luz, taquígrafos y carpas colocadas al pie del vial son las que dan cuenta de unos discursos oficiales que justifican, por defecto y siguiendo la literalidad de los convenios firmados, el encarecimiento de una autopista que vertebra Galicia a precio de oro. Por desgracia, y por ejemplo, para desplazarse desde Lugo a Santiago o a Vigo, cualquier lucense sabe que hay que optar por lo práctico y se va hasta el enlace de Guísamo de la AP-9. Lo hará así hasta 2023, cuando esté rematada la autovía entre Lugo y Santiago. El de Audasa es, por tanto, un problema que afecta a todos los gallegos. 

Inmersos como estamos en ese debate subyacente que es la transferencia de la titularidad de la vía, que ha recibido negativas con insólitas justificaciones por parte del Ministerio de Fomento (que si conecta un país con otro, por Tui, que si el problema catalán impide nuevos traspasos de competencias...), conviene hacer memoria una vez más y dejar a un lado gratuidades imposibles. Porque nunca se alcanzarán, al menos hasta 2048, cuando vence la jugosa concesión. 

En primer lugar, el traspaso de la titularidad de un bien, en este caso concesional, nada tiene que ver con el rescate de esa misma concesión, que es como nacionalizarla. Y si llegamos al sector público, debemos recordar cómo se privatizó en su día Audasa, porque hasta la llegada de Aznar a La Moncloa, la compañía era estatal, y pertenecía en su integridad a la Empresa Nacional de Autopistas (ENA). Y en aquel entonces, en 2003, ya era rentable. Ganaba dinero todos los años. ¿Podría subir ahora los peajes como lo hace Audasa si su propietario fuera el Estado? ¿Y firmaría ese tipo de convenios con Fomento para las ampliaciones? Resulta difícil saberlo, pero en el ministerio, sin duda, alguien repararía en que, con el plan actual de ampliaciones y su modo de financiación, alguien gana mucho sin apenas arriesgar. Y es Audasa. Es como si el inquilino de un piso, sin apenas consultar con el casero, le pasase las facturas de las obras de mejora, que al final acabaría pagando a escote la comunidad de propietarios. Por supuesto, el alquiler ni tocarlo.

Repasar ahora la operación de privatización de Autopistas del Atlántico invita al sonrojo. Bajo la atenta mirada de Francisco Álvarez-Cascos, entonces ministro de Fomento, el sector público vendía en mayo de 2003 la Empresa Nacional de Autopistas  y todas sus filiales por 1.586 millones de euros a un consorcio liderado por Sacyr. En el paquete iba el 100% de Autopistas de Atlántico, la totalidad de la Autopista Concesionaria Astur-Leonesa y de Autoestradas de Galicia y el 50% de Autopistas de Navarra. Lo más parecido a una ganga. ¿Fue una buena decisión privatizar Audasa visto con perspectiva y con la actitud de sus propietarios actuales, que son fondos de inversión? 

La herencia recibida no nos saca de pobres. Ni autovías paralelas, ni nacionalizaciones, ni rescates de coste incalculable. Mientras Galicia espera por un traspaso de la concesión que acerque al fin los centros de decisión, no puede dejar de hacerse valer en la comisión bilateral creada entre Xunta y Fomento hace nada. Básicamente, para evitar atracos en la autopista.

Casi nada cambia para el sector lácteo
Enun alarde aritmético, la Consellería de Medio Rural toma los dos últimos años como referencia para gustarse a sí misma analizando los precios de la leche. Y siendo cierto que el avance puede resultar sustancial aparentemente (un crecimiento del 11,5% en ese período, hasta los 32 céntimos de noviembre), no lo es menos que la comparativa con España y con Europa ofrece algo de perspectiva, tan importante para valorar la evolución de una de las diez mayores regiones lácteas europeas, como es el Casi nada cambia para el sector lácteo caso de Galicia. Si nos vamos al informe de entregas de octubre, más desmenuzado, vemos que los precios medios aumentan en igual proporción en Galicia que en España, pero todavía están por debajo en el caso gallego: 31,7 frente a 32,8 céntimos. Frente a la media europea, que está situada en 38,5 céntimos, todavía estamos lejos, siendo Galicia la comunidad en la que, con diferencia, más aumentaron las entregas. 

Y más allá de la autocomplacencia de la Xunta cuando las aguas bajan calmas para el sector, ¿qué ha cambiado en el lácteo gallego en este año para que los precios suban ligeramente? Pues muy poco y nada es lo mismo en este caso. La estabilidad del mercado, tras el fin de las cuotas y el brusco ajuste que conllevó, es la clave y viene marcada desde fuera. No son los ganaderos gallegos quienes rigen su propio destino. 

El orden lo pone el mercado, y los precios siempre están por debajo de los grandes países productores europeos. ¿Qué fue del pacto firmado en Madrid? ¿De los contratos homologados? ¿Y de los casos en que todavía se paga por debajo del coste de producción? Ese sería otro balance bien distinto.

José Luis Suárez: la pica de Copasa en el Ave a La Meca da pistas de sus planes
La primera constructora gallega no cotizada, Copasa, puede presumir de que su participación en el consorcio del Ave a La Meca se ha saldado con solvencia. Que no es poco. El tren ya circula por el desierto a 300 kilómetros por hora. Y eso que durante el 2017 se tuvieron que renegociar las condiciones del millonario contrato (unos 6.700 millones) en plazos y sobrecostes, que fueron finalmente ajustados. José Luis Suárez, presidente de la compañía, apuesta por no desmantelar las plantas de áridos, hormigón y traviesas levantadas por Copasa en suelo de la singular y opaca Arabia Saudí. Tiene en mente otros proyectos en Oriente Medio, que no tienen que pasar necesariamente por Riad. Otra ventana en un proceso de internacionalización que ha dado vida a Copasa puede llegar desde Estados Unidos. Hace diez años, la empresa tenía un 90% de su actividad en España, y actualmente solo llega al 30%. ¿Y la Bolsa? ¿Para cuándo?

Santiago Lago Peñas: las claves del gurú gallego en el debate sobre financiación
EL catedrático gallego que ha formado parte, a propuesta de la Consellería de Facenda, del comité de sabios que ha preparado los papeles para el debate sobre financiación autonómica baja el tono de la alegría que llega ante esos anuncios de dinero para todos que suenan a proclama anestésica. Y es que Santiago Lago Peñas pone peros, y advierte de varios factores que juegan en contra: la pérdida de poder adquisitivo generada por la inflación en estos años, el mal escenario de la recaudación de tributos propios (Transmisiones Patrimoniales, debido al desplome inmobiliario, por ejemplo) y el raquitismo mostrado por el Fondo de Compensación Interterritorial pueden condicionar, y mucho, los recursos finales disponibles por las comunidades autónomas. En 2018 recibirán más fondos, es cierto, pero su déficit estructural no parece tocar a su fin pronto.

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