UN PROGRAMA electoral no cabe en un tuit. Ni falta que hace a la vista del tono que ha ido adquiriendo la campaña. Las malas formas eclipsan el fondo, la ofensa se impone al discurso, la anécdota deja en nada la categoría. Aquello de "programa, programa, programa" de Julio Anguita suena a cuento chino de un antepasado lejano a la vista de la deriva de la confrontación. Sin embargo, hay programas detrás de cada candidato. Y el debate territorial con epicentro en Cataluña no borra del todo de las propuestas de cada partido lo que más preocupa a los españoles a ojos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que es el paro y la economía. Las pensiones, el modelo productivo, la fiscalidad y la financiación autonómica también tienen su hueco. ¿Cuáles son las propuestas económicas de las ofertas electorales?
Por extraño que pueda resultar, hay una coincidencia en todas las formaciones, desde PP, PSOE y Ciudadanos a Podemos, BNG o En Marea, que son las fuerzas con representación que concurren mañana a las urnas y que más importan a los gallegos a la hora de decidir su voto. Ese denominador común no es otro que la falta de números, una sonora ausencia en las grandes propuestas. Son, básicamente, programas sin cifras. Como mucho, alguna aproximación en términos relativos a lo puede aspirar a representar un sector en el PIB o el recurso para fijar el tipo efectivo de un impuesto, sea al alza o a la baja. Poco más.
Otra coincidencia, y esto ya mira al fondo del asunto. Son programas, los económicos, cargados de ideología. Nada de pragmatismo. Un nexo más, que hace que todos se pongan de perfil: nadie dice cómo va a aplicar, este mismo año, un recorte del gasto público de 8.000 millones de euros para cumplir con Bruselas, que exigía un ajuste estructural del 0,65% del PIB este ejercicio que el Gobierno saliente debía cumplir pese a que no contase con presupuestos. Y ahora comienzan las diferencias, que se reparten prácticamente por cada propuesta salvo contadas excepciones.
El PSOE de Sánchez apunta a la inmediata aprobación de unos presupuestos generales del Estado con mayor gasto social y el fomento de la inversión productiva, pero no dice cómo. Es de suponer que las cuentas que no pudo aprobar y que forzaron las elecciones serán la piedra angular. Apuesta por un pacto de Estado para reformar el sistema de financiación autonómica y modificar la regla de gasto. También quiere seguir aumentando, gradualmente, el salario mínimo interprofesional, y opta por atacar la contrarreforma del mercado laboral con tres tipos de contratos: indefinido, temporal y formativo. Entre sus 110 compromisos, que es el vademecum de Sáchez, también figura la creación de una oficina del emprendimiento y más igualdad.
En las antípodas se encuentran el PP y Ciudadanos, aunque cada uno por su lado. No engaña a nadie la formación de Pablo Casado: sostener el Estado de Bienestar no exige gastar más sino mejor. Así, abraza la regla de gasto para todas las Administraciones públicas como "principio prioritario". En su reforma fiscal, el PP quiere establecer rebajas en el IRPF, con un tipo máximo por debajo del 40%. Otro tanto para sociedades, por debajo del 20%. Más rebajas: reducción de las cotizaciones sociales para la contratación de jóvenes y de parados de larga duración. También más flexibilidad sobre la establecida en la reforma laboral de 2012 y la «mochila austríaca» para las pensiones, el sistema de capitalización individual.
Ciudadanos, autoproclamado el partido liberal por excelencia a fuerza de insistir, lo tiene claro: menos impuestos, simplificación de la administración y menor regulación son sus mantras, a los que también incorpora la "mochila austríaca" en el caso de las pensiones y una armonización de las normas autonómicas que, según la formación de Albert Rivera, lastran ahora a las empresas. Ciudadanos quiere que todos los contratos sean indefinidos y punto.
Frente a lo privado, lo público. Crear una empresa estatal energética, prohibir la mercantilización del agua y hacer de Bankia un banco público son algunas de las propuestas de Podemos, que quiere llevar el salario mínimo a los 1.200 euros y derogar el factor de sostenibilidad de las pensiones. También una Vicepresidencia de Transición Ecológica y Nuevo Modelo Industrial. El autogobierno respira por el programa económico de BNG y En Marea: más transferencias frente a la pulsión recentralizadora. Banca pública, un nuevo concierto económico para que Galicia recaude todos los impuestos y la intervención en la energía son los grandes órdagos del frente de Ana Pontón.
Todo abierto. El bolsillo también vota.
Pues en un dictamen fechado el pasado día 9 de abril, hace más de dos semanas, asunto que alguien deberá explicar, Competencia pone un ‘pero’ muy grande al proyecto elaborado por Industria. Y es que no se ha valorado previamente ninguna de las medidas que contiene el decreto desde la perspectiva de las ayudas de Estado, es decir, de la legalidad o no del estatuto a ojos de Bruselas. Este asunto es capital, porque las propias subastas de interrumpibilidad como hasta ahora las conocemos están siendo ya investigadas por la UE.
Competencia, en síntesis, ha hecho su trabajo, guste o no, y recuerda de paso que muchas medidas que incorpora el estatuto dependen de un posterior desarrollo legislativo o de una desconocida dotación presupuestaria. Que Bruselas llegase a tumbar, antes o después, el salvavidas para Alcoa no parece serio. Mandó la improvisación.
