La denuncia de pucherazo en las elecciones a l CEG acelera el deterioro de su credibilidad
CAMBIAR las reglas a mitad de partido no es la decisión más correcta si queremos presumir de juego limpio. Hacerlo tras el encuentro, cuando el ganador se ha subido al podio, luce ya su medalla, ha repartido abrazos y se dirige al respetable para agradecer los ánimos, resulta, además de inútil, un pelín ruin. Suena a mal perder. Simplemente. Salvando la deportividad, que para nada la ha habido, algo así ha sucedido esta semana tras las elecciones a la patronal gallega. Siguiendo con el símil, el candidato perdedor, que lo fue por la mínima, contra pronóstico y en el tiempo de descuento, decide impugnar la alineación tras el partido que había decidido jugar, aunque él mismo formaba también parte de la junta directiva que en su día había aprobado ese censo electoral, esa alineación ahora cuestionada.
En esas estamos en la Confederación de Empresarios de Galicia, una organización a la que parece que los tristes años de José Manuel Fernández Alvariño no han enseñado nada de nada. Visto ahora, parece como si el espectáculo permanente del mandato del abogado vigués no hubiera sido suficiente. El bochorno debe continuar. Ahora, lejos de las sombras, los despachos y los reservados, con toda Galicia por testigo.
Una diferencia de diez votos, la entrada en juego de forma determinante de las patronales sectoriales, frente a los equilibrios que tradicionalmente proyectaban las organizaciones provinciales, que decidían la presidencia, hace que estas elecciones marquen un antes y un después. No solo en cuanto a que es un presidente de una sectorial (el profesor Antonio Dieter lo es de las escuelas de formación ourensanas) quien logra el ahora desprestigiado cetro, sino por el simple motivo de que el resultado ha demostrado que no vale la aritmética convencional. Prácticamente tres provincias (Pontevedra, Lugo y parte de Ourense) no son suficientes para vencer a A Coruña. La explicación está en el alineamiento de los muchos votos delegados, tan cuestionados, de las heterogéneas patronales sectoriales.
José Manuel Pérez Canal, el perdedor que quiso impugnar la alineación tras el resultado, aireó incluso los propios estatutos de la CEG para apuntalar sus argumentos y sustanciar sus sospechas de irregularidades. Esa misma norma que antes le valía establece que las asociaciones sectoriales deben tener representación en las cuatro confederaciones provinciales, salvo que concurran circunstancias "manifiestas y especiales". Pues bien, ese resquicio de arbitrariedad evidente es el que no le gusta a Pérez Canal. Sin embargo, no es de ayer. Él mismo ha convivido con esos estatutos, mientras ejercía como vicepresidente de la patronal de Alvariño y presidía una muy controvertida comisión de Economía.
Es lo que tenemos. Otra vez. La pregunta se responde sola. ¿Qué imagen proyectaría un sindicato si tras unas elecciones para elegir a su secretario general estalla una batalla en su seno, con impugnaciones y demás? ¿Qué pensaríamos de esa organización sindical? Sería, sencillamente, pasto de un descrédito que costaría años reparar. Hasta el propio Gobierno gallego, aparentemente neutral hasta ahora, ha terciado en el asunto. Núñez Feijóo alude públicamente a que la patronal no es precisamente un ejemplo de organización. Lo dice la Xunta, que con permiso de los bancos viene a ser, entre otra cosas, el mayor acreedor de la propia confederación de empresarios.
Siendo los estatutos de la patronal manifiestamente mejorables desde el punto de vista democrático, para poner diques a esas eventuales arbitrariedades para la elaboración del censo electoral, no parece este punto ahora una de las grandes prioridades del flamante presidente. No debería serlo. Saber el terreno que pisa, ya dentro de la organización, es el primer objetivo de Dieter Moure. Ayuda desde A Coruña y del equipo de Antonio Fontenla, su mentor, no le va a faltar.
El nuevo presidente habla de establecer un "diagnóstico", cuando la realidad interna pide a gritos una detallada y seria auditoría en una institución que lleva dos años sin presupuesto. También parece necesaria una selectiva revisión del cuadro de personal, que no tiene por qué traer consigo un recorte de empleo, pero sí luz y taquígrafos sobre determinados salarios. No parece de recibo que a estas alturas en la patronal gallega existan sueldos que superen los 100.000 euros al año.
El camino es largo para que los empresarios gallegos vuelvan a mirar con confianza a su teórica gran patronal. Dieter Moure tiene la oportunidad de llevar el timón. No estaría de más que contara con los brazos de Pérez Canal. ¿O es muchos pedir?
Al capital riesgo le toca mojarse en Galicia
DICEN que en demasiadas ocasiones el mayor riesgo consiste en no arriesgarse. Algo así le sucede a la economía gallega, tradicionalmente falta de capital y recursos financieros para que proyectos empresariales viables lleguen a ser una realidad.
Un sesudo análisis del Foro Económico de Galicia sobre el capital riesgo abunda en las carencias, pero sobre todo desmitifica el papel que la tradición atribuye a unos y otros, administraciones públicas y sector privado. Y, lo más valiente, pone nombres y apellidos a esos actores de la economía gallega a los que se les pide mucho más.
Galicia está entre las cinco comunidades que más recurrieron al capital riesgo durante la crisis, entre 2007 y 2014. Su estructura, según los responsables del informe, "muestra un cierto desarrollo del sector institucional y falta de actividad del sector privado". Para atraer inversión también hay que invertir, vienen a decir los autores.
¿Y quiénes deben tomar la iniciativa? Aquí entran los nombres. Xesgalicia, y en menor medida Unirisco y Vigo Activo, del lado del sector público, deben incrementar su capacidad financiera para acompañar proyectos. Incluso plantean que tripliquen sus recursos. Abanca, la primera entidad que opera en Galicia, debería recuperar Gescaixa para fomentar el capital riesgo privado. Y habrá que añadir mayor implicación de entidades como La Caixa, Santander y BBVA mediante la coparticipación.
La creación de un fondo amparado por el ICO sería un instrumento complementario. Y todo ello para que, de verdad, algún día nuestra clase política pueda presumir de que, en Galicia, ningún proyecto viable se queda sin financiación.
