DE MONTORO A MONTERO. Dos ministros para un problema que no debería ser en ningún caso motivo de conflicto. Sin embargo, el asunto de la liquidación del Iva pendiente de diciembre de 2017, esos 200 millones de euros dichosos, amenaza con convertirse en carne de cisma contenciosoadministrativo, por lo que hemos visto esta semana. Para empezar, prácticamente nadie con dos dedos de frente duda, no solo en Galicia, que por un cambio de criterio normativo no se puedan liberar esos fondos transcurrido el plazo preceptivo de dos años para ser ingresados en las arcas autonómicas. Al contrario, esos dos años de límite legal de cobro son una garantía para las comunidades. En buena lid, transcurrido ese tiempo la deuda se abonaría con los intereses de demora correspondientes.
Sin embargo, semeja que esos 200 millones que debe Madrid a Galicia han desaparecido. Como los 2.500 millones que, por este asunto, adeuda a todas las comunidades autónomas de régimen común. Un espejismo. Se han gastado o invertido. Es lo que correspondía a la liquidación de un mes de Iva, un ingreso financiero pendiente por parte de la Xunta, que contaba con ello. Por tanto, ese dinero estaba presupuestado en unas cuentas que el Gobierno gallego ya ejecutó. Galicia corre el riesgo de incrementar su déficit público sin esos 200 millones pendientes, al tiempo que el Gobierno central incurriría en mayor desajuste si al final asume los 2.500 millones de todas las comunidades. Estamos ante un caso de libro de transferencia de déficit. Así de sencillo.
Sin embargo, conviene ir por partes en este asunto. El sistema de financiación establece dos ejes de ingresos. Por un lado están las entregas a cuenta; es decir, los anticipios que se inyectan en las arcas autonómicas por parte de la Administración central con cargo a parte de los impuestos cedidos que se van a recaudar. Acabamos de ver cómo el Gobierno ha aprobado las entregas a cuenta de este ejercicio, en las que el factor de población ha sido determinante; es decir, objetivable. De otro, las liquidaciones, como el del caso del Iva, que está cedido a Galicia en un 50%, misma proporción que el IRPF. Otros impuestos están transferidos en su totalidad, caso de Patrimonio, Sucesiones y tributos del juego, por ejemplo. La liquidaciones, como su nombre indica, se ejecutan a vencimiento.
El problema es que esos 200 millones de Iva ya han sido recaudados, en este caso por Madrid y en 2017, presupuestados por la Xunta e incorporados a la cuenta general, es decir, ya se han destinado por parte de Galicia a inversiones, gasto social o corriente. De ahí la posibilidad seria, pero remota, de que al final incurramos en un déficit que la Administración central no tendrá que asumir. Y esto puede ser crítico.
¿Y 200 millones de euros es mucho o poco? Pues sí y no. Si, por ejemplo, miramos por capítulos los ingresos previstos por la Xunta para este ejercicio, unos 10.100 millones, la cifra aparenta modesta. Más si tenemos en cuenta que, del total de ingresos, los procedentes de transferencias (corrientes y de capital) ascienden a unos 3.600 millones. Lo que sin duda revelan estos números es la dependencia financiera de Madrid: prácticamente cuatro de cada diez euros que entran en las arcas de San Caetano son transferencias.
Sin embargo, a falta del último mes del 2019, todavía sin cerrar, Galicia acumuló hasta noviembre un déficit público del 0,39%, exactamente 253 millones de euros, según datos del Ministerio de Hacienda. La Xunta supera así la media autonómica del 0,25% y compromete el cumplimiento del objetivo fijado para 2019, que era del 0,1%. En este sentido, el Ejecutivo gallego ya advirtió de que lo incumpliría si no recibía los fondos que exige a Hacienda por el Iva. En esto, 200 millones son pero que muchos millones.
Todo esto es fruto de un sistema de financiación muy descentralizado en el gasto, no así en los ingresos. Entablar una batalla judicial por el Iva pendiente es un asunto para valorar seriamente, porque es una moneda al aire. Hay que asumirlo. Como también hay que censurar, por despropósito, las palabras de la ministra Montero cuando mete a Galicia en el saco del «España nos roba» para describir la situación creada. Para evitar caer en el absurdo, el camino más corto pasa por sentar al Consejo de Política Fiscal y Financiera. De una vez. Y hablarlo.
