¿PUEDE resolver los problemas del sector lácteo una campaña de márketing para fomentar el consumo, por mucho presupuesto que tenga? Que se lo pregunten a los socios de una cooperativa de Vilalba o de Guitiriz, que este mismo mes han visto cómo la industria dejaba de recogerles leche. La pregunta de la campaña de márketing encierra toda una metáfora. Y es que ese compromiso para promocionar el consumo de leche viene a ser uno de los pocos resultados visibles del acuerdo firmado el pasado mes de septiembre, bajo la atenta mirada de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que prometía resolver los problemas del sector tras el abrupto fin de las cuotas.
Sería injusto no admitir otra consecuencia del acuerdo, en cierta medida positiva pero totalmente insuficiente: la distribución, entre la cálida moqueta del ministerio y el frío asfalto que pisaban los piquetes a las entradas de las grandes superficies, fue poco a poco, como un goteo, aumentando unos céntimos el precio el litro que le pagan a la industria.
Esa decisión, de inspiración colectiva pero cuya ejecución fue por barrios, demostraba algo más. Se trataba de la prueba empírica de que el acuerdo era, simplemente, de intenciones. Nada más. Seis meses han hecho falta para demostrar la inviabilidad práctica de un pacto que a nadie comprometía más allá de la estética. De ahí la mayoritaria adhesión de industria y distribución. Una foto de grupo y a correr. Poco más. Lo ilustraba muy bien el lamento de un sindicato agrario: se pueden ofrecer precios ruinosos y cumplir el acuerdo, y ni siquiera se establece qué es cumplir y qué conlleva el incumplimiento de ese pacto.
No es de extrañar, pues, que transcurrido este tiempo, cuando tocaría hacer al menos un sosegado primer balance, llegue la llamada urgente a la puerta de Bruselas por parte de García Tejerina. Asumiendo la carga de la prueba sobre la ineficacia de ese pacto, la ministra en funciones deja claro al menos que "no podemos permanecer sin actuar si los precios no se han recuperado como nosotros deseamos".
García Tejerina, con poco margen más allá que el de apagar eventuales fuegos dentro de un Gobierno interino, se abona a una prudente vaguedad al referirse al papel de Bruselas y las cartas que debe tomar en el asunto. "En el sector lácteo es tiempo de hacer valoración para sacar conclusiones. Si las medidas adoptadas en septiembre no son suficientemente eficaces la Comisión Europea deberá poner en marcha medidas adicionales".
Y hasta ahí puede leer la ministra. Una subida de los precios de intervención, ya demandada por España, Francia, Italia y Portugal, vuelve a estar en la mente de todos. Y, entre tanta pasividad, nos topamos con cisternas de leche procedente de Portugal interceptadas y vertidas en la carretera por parte de los ganaderos gallegos. La leche entra de Francia y del país vecino como cualquier otro producto en una Europa sin fronteras donde es oro de ley la libre circulación de personas y mercancías.
Los requerimientos, actas y controles de calidad a los que apela la Xunta, con muy poco margen en todo esto, para frenar las entradas de leche en cisternas desde Portugal son simples chinas en el zapato de un gran problema. Solo suponen meros rasguños en el supuesto enemigo cuando hay que golpear de otra forma y en otro lugar. Es tal la influencia, tanto en la industria como en la distribución, que ejercen países como Francia, que llegan a convertir a Galicia en mero espectador de su propio destino. La décima región láctea de Europa, que acapara casi la mitad de la producción española, también tiene el triste honor de liderar los cierres de explotaciones y pagar peor por el litro de leche a los ganaderos.
A Europa no solo se puede mirar para pedir ajustes regulatorios temporales, que parece obligado, sino para comprobar cómo otros países sufren por una ecuación entre oferta y demanda que no acaba de salir. En síntesis, se produce más que hace un año pero se consume menos. Los precios, por tanto, a la baja. Y seguirán así a las puertas de la primavera, coinciden en apuntar al unísono empresarios y organizaciones agrarias. Desespera también comprobar cómo un año después del fin de las cuotas el equilibrio de fuerzas entre los socios comunitarios apenas ha variado: España sigue siendo deficitaria en consumo lácteo, teniendo que proceder a las importaciones y dando rienda suelta a la entrada de los excedentes a bajo precio de países como Francia, que tan bien saben hacer del sector lácteo su bandera. Esto es ya un mantra. Por eso, se equivoca quien crea que desregular es sinónimo de fomentar la competitividad, porque en el caso de Galicia no es así. Para nada.
Manual básico de estafas, quiebras y demás
DEMASIADAS coincidencias. En esta crisis con final aplazado, la sintonía casi siempre es la misma, la entonen grandes empresas con puntuales problemas de liquidez que acaban en dramáticos concursos de acreedores, sociedades vaciadas por unos administradores que dan con sus huesos en la Audiencia Nacional o grupos que no solo maltratan a sus franquiciados, sino que directamente los estafan.
La crisis de Abengoa recuerda tanto a la de Pescanova que resulta muy difícil separar ambos procesos, que se inciaron con una chispa y acabaron pasto de las llamas de los acreedores y la banca. No solo las cajas han quebrado en esta crisis. Al igual que no se puede limitar la corrupción a la esfera política. Por desgracia, en el sector privado también tenemos sobrados ejemplos e indecorosos paralelismos. Ahora es la caída de Vitaldent, un grupo que fue referencia en su día, prácticamente una multinacional, y que tiene en Galicia no solo una veintena de franquicias, sino también socios determinantes dentro del entramado societario montado por el peculiar protésico Ernesto Colman. Recuerda demasiado la crisis de Vitaldent a otras dos historias con dos derivadas distintas.
Por un lado, la de Viajes Marsans, que no solo dejó tirados a miles de usuarios, sino también a trabajadores. Y, de otro, a la que viven a diario miles de franquicias, acostumbradas ya a bregar con los excesos de sus franquiciadores. Que se lo digan a los cientos de pequeños empresarios que recurren a los juzgados para frenar los abusos de grupos de distribución como DIA, que no solo oprime a sus proveedores gallegos.
