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Julián Rodríguez, responsable del espacio Zona Franca, en los medios del Grupo El Progreso.

Los deberes de Sánchez

El PSOE tendrá una oportunidad de oro con el nuevo presupuesto para cumplir con Galicia

Algunas certezas nos han dejado las elecciones generales. Una de ellas es el aparente final de la parálisis política en la que estaba inmersa España. Por tanto, se pone el contador a cero para un Gobierno que desde la moción de censura pilotó la nave con unos presupuestos que no eran suyos y que no logró sacar los propios adelante este año. Esa es la primera hoja de ruta a la que Galicia debe mirar para lograr que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez haga sus deberes, promesas electorales de ocasión al margen. 

Un colegio electoral en los comicios generales del 28A. AGNGalicia salió muy mal parada de las cuentas que presentó en enero Pedro Sánchez. Ahora, se abre una ventana de oportunidad, una espita para la rectificación. Con aquellas cuentas en la mano, la inversión del Estado en Galicia se situaba en 757 millones de euros para este año, lo que suponía una caída del 19% respecto a los 936 millones de euros presupuestados para 2018. Galicia era la comunidad con mayor caída, ya que perdía tres puntos de inversión, seguida por los dos puntos que descendía Madrid. Las más favorecidas, como sabemos, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana. 

Hace solo tres años, con las obras del Ave en pleno acelerón, Galicia llegó a situarse en tercer lugar entre la inversión del Estado por autonomías. Con los presupuestos de Sánchez caía al sexto puesto, al recibir un 6,2% de la inversión territorializada. Por tanto, inmejorable oportunidad para que esto cambie tiene ante sí el propio Gobierno y los socialistas gallegos, ahora la fuerza más votada. Esas cuentas deberían medir su capacidad de influencia en Madrid. Sin embargo, cabría preguntarse qué ha cambiado en el panorama autonómico para que al nuevo Gobierno no le valgan ahora unos presupuestos que sí eran convenientes hace un par de meses. Pero hay otro asunto que complica el escenario mucho más. 

Con el calendario en la mano, Pedro Sánchez no será investido hasta bien entrado el mes de junio. A pesar de que la legislatura arranca el 21 de mayo, la propia convocatoria de elecciones municipales y europeas seis días después deja aparcados pactos, y por tanto la formación de Gobierno. Como la ley obliga a presentar los presupuestos del próximo año (en este caso, los de 2020) antes del primero de octubre, el Ejecutivo en funciones ya ha decidido aplazar las subidas fiscales en el plan de estabilidad que ha enviado a Bruselas esta misma semana. Lo ha hecho con el objetivo de que su tramitación vaya en paralelo a los nuevos presupuestos. Por tanto, la gran pregunta reside en si Galicia verá otras cuentas este año. 

Hay otras urgencias para la realidad económica y empresarial gallega que deberían contar mucho a ojos del inquilino de La Moncloa. Sin ir más lejos, todo lo que concierne al marco energético gallego, y especialmente a los grandes consumidores, las Alcoa, Ferroatlántica, Megasa y SGL de turno. La contrarreloj que marcaron las elecciones generales supuso toda una carrera de obstálucos de la improvisación que acabó estampando el nuevo estatuto de la industria electrointensiva en los despachos de Competencia. No hay razón para que el nuevo Gobierno no tome nota de sus recomendaciones si lo que de verdad quiere es un marco estable para estas industrias, comenzando por esa hoja del calendario que en junio marca el cierre de Alcoa en A Coruña si no hay comprador. 

Tras las municipales llegará también el momento para resolver de una vez otra crisis, la de Ence en Pontevedra y su continuidad. Tras el shock generado en la antesala de la campaña por la decisión del abogado del Estado sobre el allanamiento en la Audiencia Nacional con respecto a la prórroga, quien debe mover ficha ahora es Madrid. Sobrarán entonces la palabras y será momento para los hechos, con obligada clarificación de posición por parte del Ejecutivo de Sánchez. No estaría mal que, de paso, reparase en la división que entre los socialistas gallegos ha generado la maniobra. Certezas es lo que hace falta en Lourizán. 

Galicia también espera en esta legislatura que de una vez por todas se apruebe otro modelo de financiación autonómica. Las circunstancias, y sobre todo los años, han invalidado un esquema financiero cuya aprobación data de 2011 y sigue vigente pese a los cambios sociales operados en España. Entre ellos, el demográfico, que es junto a la dispersión poblacional la baza por la que el noroeste se hace oir en Madrid. 

La reforma del sector lácteo, los nuevos escenarios que plantea una revisión de la PAC en la que nadie repara y el encaje de Galicia en una transición energética que mira a las renovables completan el círculo de unas aspiraciones que se convierten en nuevos deberes para Pedro Sánchez.


La burbuja de la concesionaria de la AP-9

COMO aquello de montar un circo y que te crezcan los enanos. Algo así le sucede a Audasa, la concesionaria de la Autopista del Atlántico. Es presumir de resultados y en venticuatro horas surge una plataforma de afectados por la AP-9. Todo tino. El caso es que, básicamente, la compañía incrementa sus ingresos un 2,4% en 2018, hasta lograr una cifra de negocio de 144 millones de euros, mientras que su beneficio se resiente. Pese a ello, declara unas ganancias de casi 41 millones. En definitiva, de cada La burbuja de la concesionaria de la AP-9 cien euros que ingresa por peaje, treinta son directamente beneficios para la concesionaria. Lo ha hecho un año en que su deuda rebasa los mil millones de euros, gran parte a través de obligaciones. 

Sin embargo, esta vez algo cambia en Audasa. La concesionaria ha decidido no provisionar ni un euro por las posibles sanciones que se deriven de los atascos provocados por las obras de Rande durante tres años, un asunto que está en manos de la Fiscalía. Y con esa decisión ha encendido una mecha, la de la Federación Galega de Transportistas, que lanza una plataforma para demandar a Audasa en los juzgados. 

La concesionaria en absoluto se da por aludida ante un cambio de titularidad más que cierto, el que llegará próximamente con el traspaso a la Xunta desde Fomento. Audasa no solo ha incrementado los peajes un 3,5% este año, sino que aumenta sus reclamaciones por vía judicial ante los cambios de criterio por la gratuidad de los peajes de Rande y A Barcala. Y, ahora, también revisa al alza compensaciones pendientes, unos 282 millones de euros. Conclusión: vive en una gran burbuja. De momento.

Abanca mantiene su beneficio sin recurrir a las desinversiones

VELOCIDAD de crucero en Abanca. Juan Carlos Escotet, su propietario, ha logrado que la entidad que renació de la quiebra de las cajas mantenga su cuenta de resultados con beneficios recurrentes, derivados de su actividad comercial, y al margen de las desinversiones que venía acometiendo durante los últimos años. Este primer trimestre del año, sin atípicos de especial relevancia, Abanca ha logrado mantener su beneficio neto (156,2 millones), incrementando el resultados antes de impuestos un 5,6%. En total, con Escotet en el timón, Abanca, ha g ene r a d o unos recursos de unos 785 millones solo en ventas de grandes participaciones industriales. El guión establece un particular calendario en las grandes operaciones: R (2015), Cupa (2016), CLH (2017) e Itínere (2018). Ahora, en el arranque del año, y tras las absorción de la red de Banco Caixa Geral, Abanca crece más de más de un 6,5% en créditos y en depósitos, su negocio capital.


La luz al final del túnel para Adolfo Domínguez

POCAS empresas hay en suelo patrio capaces de mantenerse en pie perdiendo dinero durante nada menos que diez años. Es el caso de Adolfo Domínguez, que recurrió a la venta de patrimonio e inmuebles para evitar caerse por el precipicio al que se asomó durante la crisis. Con el modisto ourensano en un segundo plano que envuelve una retirada silenciosa, es su hija Adriana Domínguez la encargada de dar la vuelta al calcetín. Y está a punto de conseguirlo. El año pasado, el grupo ourensano cerró en pérdidas su mejor ejercicio en siete años, pero mantuvo sus ventas pese a los cierres de unas ochenta tiendas, y logró un ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) positivo de 1,2 millones, dando la vuelta a las pérdidas precedentes. La apuesta de Adriana Domínguez por el mercado exterior y las ventas online comienza a dar frutos.

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