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Julián Rodríguez, responsable del espacio Zona Franca, en los medios del Grupo El Progreso.

Los galácticos de la política

Las puertas giratorias, como el caso de Fernández de Mesa, conllevan salarios millonarios

Arsenio Fernández de Mesa. AGN
Arsenio Fernández de Mesa. AGN

HAY VIDA más allá de la política. Y, en ocasiones, muy buena vida. Las puertas de las grandes empresas giran con fuerza y se abren de par en par en el caso de determinados altos cargos, ministros, secretarios de Estado y directores generales, que fintan con soltura cualquier incompatibilidad de una legislación aparentemente férrea y protagonizan fichajes de relumbrón, con salarios en sintonía, cuando abandonan la moqueta del poder. Aquello de estar "en política para forrarse" atribuido a Eduardo Zaplana tiene ahora una versión "post mortem", cuyo paladín es un gallego de Ferrol sin oficio ni beneficio hasta que desembarcó en Alianza Popular.

Arsenio Fernández de Mesa fue cesado en noviembre de 2016 como director general de la Guardia Civil. Dos meses después se incorporaba a Red Eléctrica en calidad de consejero independiente, que es, en teoría, el nombre que reciben quienes llegan al máximo órgano de administración de una empresa por su valía, sin vínculos con los accionistas mayoritarios y con las manos libres para defender los intereses de todos, también los minoritarios. Pero Red Eléctrica, en su día privatizada, no es un grupo al uso. Ni mucho menos. Aunque cotiza en Bolsa, el sector público es su primer accionista, con un 20% de su capital. Viene a ser lo que denominan muy acertadamente en otras latitudes, sobre todo en Latinoamérica, una empresa paraestatal, término que no gusta nada a nuestra clase política.

Pues bien, ahora sabemos que Fernández de Mesa, autónomo de profesión, ingresó por once meses de trabajo en Red Eléctrica unos 156.000 euros. Si hubiera completado el año serían 170.000 euros. Es más del doble de lo que cobra Núñez Feijóo en la Xunta. "Cuco" ingresa también como vocal de la comisión de auditoría, a pesar de que la compañía defendió públicamente su nombramiento por lo inestimables que eran sus conocimientos en materia de seguridad, un asunto crítico para el grupo que gestiona la red de transporte eléctrica en España.

Las empresas paraestatales, vaya bicoca para un expolítico, sobre todo cuando gobiernan los tuyos. Sucede en Enagás, el eterno rival de Reganosa. La compañía gasista tenía hasta el pasado mes de enero al sector público (SEPI) como primer accionista, en este caso con un 5%. ¿Y quién se sienta en el consejo de Enagás? Pues una auténtica coleccionista de cargos, como es el caso de Isabel Tocino, flamante presidenta del Banco Pastor. La exministra popular se llevó el año pasado unos 140.000 euros por tomar, más bien compartir, decisiones en Enagás. Pero lo suyo es un suma y sigue, aunque ya estrictamente dentro del sector privado: se sienta en los consejos de Ence (86.000 euros), Santander España (418.000 euros) y hasta hace nada también en Naturhouse (39.000). Tocino comparte mesa y sillón en Enagás con el mal recordado Antonio Hernández Mancha y con otra exministra popular: Ana Palacio.

El de la abogada y exministra de Exteriores con Aznar es un caso de estudio. También pertenece al consejo de Pharma Mar, puesto que "heredó" de su hermana Loyola. El pellizco ronda los 147.000 euros anuales. Si una empresa cotizada colecciona exministros, esa es la biotecnológica gallega. Carlos Solchaga y Eduardo Serra también se sientan en el consejo de adminsitración presidido por José María Fernández de Sousa y se llevan, al año, unos 125.000 euros. Josep Piqué (San José) y Luis Carlos Croissier (Adolfo Domínguez) tampoco han faltado en los consejos de las cotizadas gallegas.

"Los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado". Eso dice la ley, y un mero registro en la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda, hace las veces de ventanilla. Nada más. Y todo esto es lo que provoca casos también sonados, como el de la exconselleira y exsecretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás. Antes de su salida del ministerio ya se conocía su destino: Ernst & Young.

Una ventaja comparativa tiene Fernández Currás como directora de la consultora en Galicia frente a otros nombres propios de las puertas giratorias que se incorporan a empresas semipúblicas o cotizadas. Es su salario, que no ha trascendido. Sin duda, su jornal añadiría más leña al fuego de esta suerte de transfuguismo. Sucede algo similar con otra exministra, Elena Salgado, que se sienta en el consejo de Pescanova.

Ya sabemos dónde están los galácticos de la política española. No es precisamente sobre un césped. Y lo peor de todo es el nulo interés por regular estos retiros de oro.


El canon eólico y la inseguridad jurídica
Una pequeña ración de inseguridad jurídica. El mismo argumento que empleó el Gobierno de Núñez Feijóo para tirar abajo el concurso eólico del bipartito, esas tachas de ilegalidad tan polémicas en su día, se cierne ahora sobre el nuevo modelo para el viento gallego. Y no es precisamente por el reparto de megavatios, que al abrigo de la nueva Ley de Emprendemento se formaliza con autorizaciones previas y sin concurso alguno. Es por la repercusión de un gravamen que impulsó la Xunta cuando activó el nuevo concurso, en tiempos de Javier Guerra en la Consellería de Economía.

El canon eólico, que iba a hacer repercutir en las arcas autonómicas gallegas los efectos de las instalaciones y su afección medioambiental, que no la generación de electricidad de los parques, se vuelve ahora como un bumerán contra los intereses de Galicia. Y es que Madrid, a través de una orden, quiere hacer repercutir el sobrecoste de varios tributos propios, entre ellos el canon, en la tarifa eléctrica. Y aquí entran los consumidores gallegos. Los sufridores. Por eso, hace bien la Xunta en presentar ese recurso contencioso administrativo contra la norma impulsada por el Gobierno. Es casi una cuestión de mínimos que la Consellería de Economía se plante ante una norma que invalidaría de principio a fin el espíritu de ese nuevo modelo eólico. Y es que los gallegos pagaríamos por un lado (vía recibo de la luz) lo que cobramos por otro a las eléctricas por explotar los recursos naturales.

A buen seguro este asunto acabará en el Constitucional. Y son muchas las autonomías y los tributos afectados. En Galicia, el disparate afecta de lleno al canon eólico.

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