LA FOTO del abrazo entre Franco y Eisenhower en 1959 proyectaba algo más que una simple escala de cortesía en Madrid del presidente norteamericano. Sobre el papel, se reforzaba a base de gestos la alianza sellada entre ambos países años atrás. Por debajo de la mesa, aquello escondía la revisión de un pacto que permitió disponer al amigo americano de bases militares en suelo español. El precio para el régimen franquista, una ayuda nunca del todo bien explicada que debía facilitar el arranque económico que habían sido incapaces de promover los proyectos autárquicos de Franco. Un rescate de la economía española, en resumidas cuentas. Algunos autores apuntan a unos 2.000 millones de dólares, de la época, entre 1953 y 1963.
¿Todo a cambio de nada? Con estos antecedentes históricos resulta ingenuo pensar que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas por el Gobierno de Pedro Sánchez no incorporaría compromisos como contrapartida a la ayuda europea. En su día, Rajoy vendió austeridad, y vaya si cumplió, por el rescate europeo en la pasada crisis financiera. Se podrá utilizar ahora la gama de barnices que se desee, cualquier tonalidad, pero lo cierto es que España asume compromisos para los próximos años que tendrán que ser explicados muy bien y consensuados en la mayoría de los casos, cuando no devueltos directamente al cajón por inasumibles. Es el caso del pago por uso de la red de transporte, que se plantea Los peajes de la crisis aplicar de forma gradual comenzando por autopistas y autovías, extendiéndolo luego al resto de la red nacional de carreteras. En qué momento, además, a meses de vencer concesiones y cuando Galicia, con la AP-9, saborea la guinda de las bonificaciones.
Más allá de un globo sonda por escrito y con detalle, lo que viene a hacer el Gobierno de Sánchez es un planteamiento de máximos, en el que también figura un nuevo modelo para financiar los ERTEs vía cotizaciones, subidas de impuestos, caso del transporte aéreo, y simplificación de las modalidades de contratación, entre otras medidas. Es el precio a pagar por esos 140.000 millones, de los que unos 72.000 son ayudas directas, y que prometen hacernos olvidar el coronavirus.
Son varios los gatos encerrados en toda esta historia. Primera paradoja, esos fondos europeos a los que todo lo fiamos llegarán después del despegue de las economías española y gallega, en vez de anticiparlo. Además, tienen un carácter eminentemente finalista, orientado a la inversión y no al gasto. De ahí que en el horizonte del Ejecutivo no solo esté la contención del déficit público y la deuda, por mucho que se hayan relajado de momento los requisitos de estabilidad pactados con Bruselas. Es precisamente la financiación de los presupuestos, sin ir más lejos los del próximo año, lo que traerá de cabeza a los contables de La Moncloa, ya que a buen seguro la recaudación de impuestos como el de Sociedades ya no será este año y el siguiente el gran soporte de los ingresos fiscales del Estado. Al menos, como hasta ahora. Crisis obliga.
Todo esto encierra otra gran incongruencia. Porque la rebaja de la fiscalidad es precisamente la ayuda directa más inmediata que puede recibir una empresa en este momento. Es, por decirlo de algún modo, una ayuda automática, rescate en tiempo real. Pues nada, en esta crisis siguen pagando impuestos empresarios o autónomos por una actividad que no pueden realizar.
Una garantía. Cualquier vuelta de tuerca a nuestro sistema fiscal o a la financiación de las pensiones tiene sus cauces establecidos, como es el comité de expertos recién creado o el Pacto de Toledo, que es donde se buscan consensos, por difíciles que sean. Por tanto, ante todo mucha calma con las promesas por escrito a Bruselas.
Esto va de peajes, también impositivos. Cuanto más se alimenta el debate sobre una armonización fiscal a la baja entre autonomías, mirando de frente al espejo liberal por excelencia de Madrid, más se olvida y se orilla otro: la generación de bases imponibles negativas en el Impuesto de Sociedades, consecuencia de aplicar pérdidas por deterioros de diferentes activos, como puede ser un inmueble en propiedad que se deprecia situado a miles de kilómetros de España, es un recurso habitual que utilizan las grandes empresas y representa un auténtico coladero para Hacienda. ¿Por qué no empezar por ahí?
CARMEN LENCE | Merecido galardón entre los Lucenses del Año 2020
MÁS allá de la gestión interna, marcar un perfil propio era precisamente lo que más complicado podía resultar a simple vista para Carmen Lence cuando tomó las riendas del Grupo Leche Río. Su padre había forjado una auténtica leyenda entre los empresarios y ganaderos por su carácter, directo, claro e indomable. Hace ahora justo dos años fallecía Jesús Lence y todo eran incógnitas. Desde entonces, Carmen ha imprimido un sello propio al día a día del grupo, abriéndose a la sociedad y asumiendo el rol de dueña y primera ejecutiva de una empresa líder que apuesta por crecer desde Galicia. Es por todo ello que resulta más que merecido el reconocimiento entre los Lucenses del Año 2020 concedido por este diario.
JOSÉ LUIS ÁBALOS | El difícil camino para la Autoridad Portuaria de Lugo
UN dedo. Eso es exactamente lo que hay que mover por parte del Gobierno para que Lugo consiga una vieja reivindicación, la de contar con autoridad portuaria propia. Sin embargo, en Puertos del Estado, extensión del ministerio que pilota José Luis Ábalos, nunca han estado por la labor. Y menos ahora, con una economía en crisis y unas cuentas, las de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, especialmente golpeadas por la caída de tráficos generada por el cierre de As Pontes y los problemas de Alcoa. El Parlamento se ha unido, empujado por el BNG, para que la Xunta inste a la segregación. La única provincia marítima sin autoridad portuaria propia va a seguir así. Por obra y gracia de Ábalos.
