SEÑOR DIRECTOR:
Cerca de un 30% del incremento del recibo de la luz se debe a la especulación de fondos de inversión con los derechos de emisión de dióxido de carbono. La rentabilidad que obtienen es del 46%. "Es una evidencia", señalaba un editorial de La Vanguardia el pasado viernes. La noticia merecería titulares de primera página. Repare por un momento usted qué envuelven algunos, y ocultan otros, en las medidas frente al cambio climático. Y fíjese usted cómo especulan, cómo hacen caja esos mismos cuando vienen mal dadas para todos, como sucede con la subida ininterrumpida de la factura de la luz y con la que se nos amenaza como inevitable para largo.
Una situación así como la de la factura de la luz deberían afrontarla como una cuestión de emergencia por los costes sociales que supone, desangra las economías domésticas, provoca la pérdida de competitividad de las empresas y suponen una patada más para la exclusión de los más pobres. No hemos visto la más mínima referencia a estos datos de escándalo ni en los razonamientos justificativos de lo que parece inacción del Gobierno ante la subida desorbitada de la factura de la luz ni tampoco en las críticas de la oposición, que no formula una propuesta que vaya más allá de dos pinceladas tópicas. ¿Ignoraban estas prácticas o no interesa divulgarlas? En cualquiera de los supuestos, muy mal.
Las referencias a un marco europeo que obliga, en lo que se escuda el Gobierno para no mover ficha, tienen para algunos expertos ejemplos a imitar sin salirse de la normativa europea, como Portugal. Pero puede mover ficha el Gobierno y la oposición ante la Comisión y en el Parlamento Europeo con la denuncia de ese 30% que la especulación representa en el incremento de la factura de la luz. Es una cuestión política que no necesita argumentación de expertos económicos ni de especialistas en el mercado eléctrico. Estas prácticas especulativas antisociales, que desacreditan las políticas medioambientales, si se encubren con jerga técnica como algo que se nos escapa al común le diría, señor director, que solo confirmaría la complicidad o la ineptitud de quienes tienen la responsabilidad de evitarlas y denunciarlas.
No seré yo, señor director, quien ante estas evidencias convoque la expresión de protesta ciudadana. El riesgo existe. Se comprendería el estallido. El escándalo presenta dos caras, ambas igualmente demostrativas de un capitalismo carente de la mínima ética -hasta Sarkozy pedía un cambio- y de políticas de silencios e ineficiencias cómplices. Habrá que ocuparse también en una dimensión estrictamente política de los organismos a los que se les supone la tarea de vigilancia y sanción de prácticas inadecuadas, además de la inacción del Gobierno y del PP de Casado, obsesionado en la imposible tarea de desgastar a Sánchez con Afganistán.
Estamos ante una especulación que aporta beneficios del 46% bajo el paraguas de la lucha contra el cambio climático e impulsa subidas récord en las tarifas de la luz. Estamos ante una realidad que perjudica a (casi) todos, y que daña de raíz la credibilidad de las medidas que los gobernantes y organismos internacionales acuerdan para contrarrestar el cambio climático. La lucha contra el calentamiento del planeta pierde credibilidad si no se pone cerco a quienes, hasta si sonasen las trompetas bíblicas del apocalipsis final, se moverían únicamente por el máximo beneficio. Más respetable, permitirá usted que se lo diga con toda claridad, me parece la posición de políticos como Trump, que se descolgó de los acuerdos de París, o de quienes por su particular interés se resisten y oponen públicamente a medidas de cambio, frente a los que únicamente escuchan el sonido de la caja registradora en la etiqueta de sostenibilidad, en sumarse a un relato ecologista que asegure posición políticamente correcta o a aparecer como agentes activos del movimiento frente al calentamiento global. Hay una tarea incómoda para desvelar la instrumentalización de la ingenuidad de unos, del buenismo de tantos: la manipulación, en definitiva, de una objetiva necesidad para la humanidad.
Lista de infracciones. El mismo día en que aparecía el editorial citado de La Vanguardia, el diario El País publicaba "La larga lista de infracciones de las eléctricas". No tiene desperdicio el breve informe. Uno no sale de su asombro en la lectura de las fechorías impensables en empresas de la dimensión de las grandes eléctricas. Se hace necesaria la ampliación y profundización en estas informaciones por un justificado interés ciudadano y por hacer visibles tanto las prácticas dudosas de organismos controladores como la picaresca de las grandes empresas eléctricas.
Qué transparencia es la que practica la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) cuando no sanciona ni da a conocer el nombre de las empresas que han subido la factura de la luz a los consumidores por encima de lo que correspondía y en plena carrera alcista. Cómo calificaría usted prácticas como las de cambiar el contrato sin consentimiento del usuario, cambiar de compañía el contrato de un muerto, comunicar modificaciones sin hacer referencia a que representan incrementos de coste como hizo Iberdrola con 45.000 clientes de gas con un encarecimiento del 14% o aplicar subidas por encima de lo que corresponde, justamente cuando los precios se disparan. Algo así -a río revuelto, ganancia de pescadores- sería imaginable en barracas de feria pero se supondría muy alejado de la fiabilidad que imaginábamos merecían grandes empresas cotizadas, controladas por varios organismos, observadas, auditadas y que tienen al frente altos directivos del máximo prestigio social, honorabilidad y parece que credibilidad para los dirigentes políticos. Un fallo del sistema.
Sume usted a todo lo anterior el sospechoso vaciado de cuatro embalses en Galicia por parte de Naturgy e Iberdrola. En plena temporada de máximo riesgo de incendios forestales ese vaciado, además de una práctica que busca el beneficio económico escandaloso con desprecio de todas las formas, supone una temeridad medioambiental. Bien está que el PP apunte hacia el Gobierno, que los senadores populares gallegos pregunten por esta sinvergüencería o que la señora conselleira de Infraestruturas e Vivenda, uno de los activos mejores de Feijóo, cargue contra el responsable socialista en la vigilancia de los embalses pero no aparece, al menos en las informaciones que he visto, una mínima referencia a la madre de todas las batallas: el nombre de las empresas eléctricas protagonistas de una nueva "desfeita" en Galicia.
De usted, s.s.s.
