VUELVE CON FUERZA el debate alrededor de AP-9. Cada inicio de año, con la actualización de las tarifas –siempre al alza– Galicia vuelve a poner el grito en el cielo sobre el coste de circular por su mayor vía de comunicación. En los de bates políticos se habla de "atraco", "abuso" y "aldraxe" pero rara vez se entona el ‘mea culpa’ por las decisiones adoptadas desde que gobernaba la UCD y que, en mayor o menor medida, han sido las que han modelado la realidad actual: la autopista más cara de España.
La lista de despropósitos con la autopista del Atlántico es larga. Se puede recordar la ampliación de la concesión diez años –de 2013 a 2023– aprobada por Felipe González o la extensión del 2023 al 2048 de José María Aznar que hipoteca el futuro de la AP-9 de por vida; también el pago de 7 millones anuales de las arcas gallegas a cambio de liberalizar los peajes de Rande y A Barcala con el aval del bipartito en 2006; o los suculentos convenios para la concesionaria con el sello de los ministros José Blanco y Ana Pastor... Todas esas decisiones son las que hoy hacen que un turismo pague 21,90 euros por ir de Ferrol a Vigo. Solo ida.
El caso es que entre todos conseguimos tener una de las autopistas más caras el país, la que más incrementa su precio interanual y la que goza de una de las concesiones privadas más largas; así que ahora es cuando nos echamos las manos a la cabeza y clamamos por una solución para abaratar lo que hemos encarecido durante estos años. Y aquí empieza el debate: ¿cómo se abaratan los peajes?
La respuesta parece obvia: con dinero. ¿Y con el de quién? Pues también es obvia: con el de todos los contribuyentes, como siempre. ¿Acaso hay otro dinero? Pero existen discrepancias a la hora de articular esa bajada de peajes. "Debe hacerse solo con los 62 millones de los presupuestos del Gobierno central o también con una aportación de la Xunta pese a ser una autovía estatal?
Es una pregunta envenenada. Tanto como la que plantea si deben ser los usuarios de la autopista los que paguen sus peajes o si lo deben hacer todos los gallegos a través de sus impuestos. Porque aunque se asume que todas las infraestructuras se financian vía impuestos independientemente del territorio, resulta difícil explicarle a un lucense o a un ourensano que tienen que contribuir a abaratar los peajes de la AP-9. Puede argumentarse que la riqueza económica que genera la AP-9 redunda también en ellos; o que sus camioneros la usan; o que sus universitarios van por ella a los campus; o que sus vecinos también veranean en las Rías Baixas; e incluso que ellos gozan de autovías gratuitas para ir a Madrid (A-6 y A-52). Pero es que en el tiempo que cruzas la AP-9 casi no llegas de Lugo a Ourense. Y mientras el eje atlántico goza de la alternativa ferroviaria, el interior no. La brecha territorial entre la Galicia atlántica y la interior sigue siendo brutal: digital, demográfica, económica... pero también de infraestructuras. El reequilibrio costa-interior va lento y convertir la AP-9 en epicentro de la agenda política gallega lo único que hace es alimentar ese agravio, ya que parece que solo hay una Galicia.
Seguro que si los lucenses y ourensanos tienen que pagar peajes vía directa o vía impuestos, prefi eren que sean los de la autopista que los comunica a ellos. Esa que todavía no existe.
