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El aspirante deseado

Con la incógnita de Carballo despejada en Lugo, el PPdeG completa oficiosamente el puzzle de sus candidatos urbanos

Ramón Carballo. EP
Ramón Carballo. EP

HAY POLÍTICOS que necesitan muy pocas palabras para decir mucho. Y uno de ellos es el subdelegado del Gobierno en Lugo y responsable de la agrupación local del PPdeG, Ramón Carballo. Cuando la semana pasada admitió públicamente "estar valorando" la posibilidad de encabezar la candidatura para las municipales de 2019 automáticamente se visualizó su fotografía en el cartel electoral. Porque al menos en el Partido Popular de Galicia, él era el candidato más deseado y con su paso al frente, por tímido que sea de momento, el PPdeG completa el puzzle de aspirantes en las siete ciudades, aunque por ahora tan solo de forma oficiosa.

El nombre de Ramón Carballo lleva mucho tiempo en las quinielas de la política como alcaldable lucense. Las encuestas y consultas ciudadanas que maneja internamente el partido siempre apuntan a él como el mejor valorado, un respaldo social que se ve reforzado además por el de la propia dirección gallega, que tiene claro desde hace mucho tiempo que Carballo es la mejor opción en una ciudad donde los populares se ven con opciones de apartar a la socialista Lara Méndez de la alcaldía.

Carballo, natural de Pedrafita, es un hombre de partido con más de 30 años de militancia a su espalda que, por su perfil discreto, acostumbra a huir del protagonismo, algo que tendrá que corregir si quiere ser alcalde. Para colmo, una desgracia familiar lo mantuvo un tiempo todavía más apartado de los focos, de ahí que su decisión se demorase más de la cuenta. "Só precisaba un empurrón", admitían semanas atrás en la sede compostelana del partido. Un empujón que recibió hace hoy diez días.

→ El primer partido con nombres
La confirmación oficiosa de Carballo se suma a la de Beatriz Mato en A Coruña, Agustín Hernández en Santiago y Jesús Vázquez en Ourense como los candidatos más seguros. Curiosamente y aunque se da por hecho que el conselleiro José Manuel Rey Varela luchará por la plaza de Ferrol, es a día de hoy una incógnita, igual que Elena Muñoz en Vigo y Jacobo Moreira en Pontevedra. En todo caso, no será como mínimo hasta el verano cuando el PPdeG convierta la oficiosidad en oficialidad. Esos son los tiempos del partido, que deben coordinarse con los de la Xunta por la salida de conselleiros. De todas formas, hasta ahora ninguna otra formación política tiene tan avanzados sus cabezas de cartel en las ciudades. El PSdeG, sin ir más lejos, no tocará el asunto hasta la vuelta de las vacaciones.

→ Campaña en Vigo y A Coruña
Pero si en los movimientos internos de los partidos no se palpa todavía mucho ambiente preelectoral, en la calle sí. No es casualidad que en las últimas semanas se anunciase por parte del Gobierno central y la Xunta una lluvia de millones y obras para Vigo. Que si Rande, que si la ampliación de la A-55, la Cidade da Xustiza, la depuradora... Abel Caballero es caza mayor, pero su plaza es la más difícil para los populares, a los que les cuesta contrarrestar el mensaje hiperlocalista del regidor socialista. Saben que desbancarlo es imposible, pero quizás no tanto dejarlo sin mayoría absoluta.

Y también en A Coruña la visita del ministro Íñigo de la Serna esta semana para firmar la cesión de los terrenos de los muelles interiores a la Xunta tiene un marcado tufillo electoral. Al final, una de las parcelas urbanas más golosas de la ciudad queda en manos del PPdeG y no del Concello, así que no es descartable algún gran anuncio urbanístico de cara a 2019.

→ Diputaciones, la batalla paralela
Más allá de la batalla de las ciudades, el PPdeG tiene también un ojo puesto en las diputaciones. Tras la debacle electoral de las locales de 2015 solo gobierna la de Ourense a través del siempre controvertido Xosé Manuel Baltar, pero en realidad se ve con opciones de pelearlas todas, especialmente la de Lugo tras la espantada de Martínez del PSOE. Recuperar alguna no solo serviría para maquillar cualquier tropezón electoral en las urbes, sino que permitiría afrontar las autonómicas de 2020 con más garantías, al disponer de la maquinaria electoral que representan hoy las obsoletas instituciones provinciales, que en realidad sirven para poco más que para eso: para asfaltar caminos. Sobre todo el que va a Monte Pío.

El histórico Mariano Abalo se enfrenta a una contradicción
El histórico nacionalista Mariano Abalo Costa, hoy concejal en Cangas y en el pasado líder de la UPG y cofundador de Partido Comunista de Liberación Nacional y la FPG, podría colarse de rebote en el Parlamento. Es el número 8 de la lista de En Marea por Pontevedra y, tras la carambola de la dimisión del diputado Juan Merlo y la renuncia de Xoán Hermida cediendo su turno a Julia Torregrosa, este funcionario de Correos sería el siguiente. Con el futuro de Paula Quinteiro todavía en el aire, no resulta descabellado que llegue el turno de Abalo. Aunque se enfrentaría a una curiosa contradicción: él dejó precisamente la UPG cuando en 1986 el BNG aceptó ir a las urnas y entrar en el Parlamento.

La comisión de Alvia no asusta a Blanco
Al socialista lucense José Blanco, hoy eurodiputado, nunca le preocupó la puesta en marcha de la comisión de investigación del accidente del Alvia en el Congreso. Al contrario; para él representa una ocasión única de volver a atraer todos los focos, algo que aprovechará para poner sobre la mesa su gestión al frente de Fomento y erigirse en el ministro que más invirtió en la historia de las infraestructuras gallegas. Nunca viene mal un poco de márketing y autobombo cuando se acercan las elecciones europeas —el año que viene— y están en juego las listas que dan opción a repetir como eurodiputado, un papel en el que el de Palas se encuentra muy cómodo y que no tiene garantizado al cien por cien con Sánchez en Ferraz. Además, vistas las experiencias de otras comisiones de investigación, resulta poco probable que haya algún compareciente damnificado. Y esta no será distinta. Basta ver el pesimismo con el que el catalán Feliu Guillaumes asume su presidencia: "Será imposible llegar a acuerdos". Para que nadie se engañe.

La disolución de Eta dirige los focos a RG
​En septiembre de 2013 la Audiencia Nacional dictó la primera condena por terrorismo contra Resistencia Galega (RG), que fijaba penas de entre 10 y 18 años para los cuatro primeros activistas juzgados de este grupo radical independentista. Desde entonces, pese a la baja actividad de la organización, se fueron sucediendo las detenciones y las condenas. La Justicia, las fuerzas del orden, el Gobierno central y la Xunta, el Parlamento y la Europol califican oficialmente a Resistencia Galega como terrorismo. Así que ahora, con el anuncio de la disolución de Eta para primeros de mayo, toda la actividad terrorista en España quedará ceñida a Galicia, que contará de ese modo con el único grupo activo del país. Eso con el permiso del Grapo, que aunque oficialmente no está disuelto las últimas noticias de su actividad se remontan a 2011 con la explosión en una vivienda del alcalde Xosé Sánchez Bugallo en Santiago. Un ataque, por cierto, ya estrechamente relacionado entonces con Resistencia Galega y el independentismo.

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