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El culebrón de la financiación

El nuevo modelo de reparto de dinero entre autonomías es vital para los ciudadanos, aunque la mayoría ignoren el debate

LA CONFERENCIA de presidentes puso sobre la mesa la relevancia que tendrá la financiación autonómica en la agenda política de 2017. Un asunto capital en el que todos los territorios y ciudadanos se juegan mucho, pero que no aparece en ningún ránking ni encuesta sobre las principales preocupaciones de los españoles. Esto se debe a que la financiación autonómica es árida, compleja e incomprensible. Se trata, al fin y al cabo, de que 15 regiones diferenciadas entre sí y con distintos intereses pacten los criterios por los que el Gobierno central repartirá el dinero de todos, entre todos y a gusto de todos.

Sobre el papel se habla de solidaridad, cooperación, igualdad, criterios técnicos y objetivos... Pero en la práctica, cada uno defiende sus intereses con la única meta de conseguir más dinero y la decisión acaba siendo política. De ahí que se llegase a hoy con un sistema pactado en 2009 al que fueron llenando remiendos con el objetivo de ir contentando a todo el mundo, aunque realmente se consiguió justo el efecto contrario: que casi nadie avale el actual modelo.

→ ¿Qué es la financiación autonómica?

En España existen dos modelos de financiación: el régimen foral, para Euskadi y Navarra, y el régimen común, para el resto. De forma muy simplificada se podría decir que las fuentes de ingresos de las comunidades —exceptuando el recurso de la deuda— son dos: los impuestos y los fondos. Dentro de los primeros, hay unos que gestiona y recauda directamente cada autonomía porque el Estado se los cedió (patrimonio, sucesiones y actos jurídicos) y otros llamados compartidos, en los que el Gobierno solo cede una parte: Iva, IRPF e impuestos especiales (tabaco, alcohol, gasolinas...). Las comunidades se quedan con un 25% de toda su recaudación y envían el 75% restante a la caja común del Estado, la de los fondos.

Esos fondos son la otra vía de financiación y su objetivo es compensar al territorio entre lo que recauda y lo que realmente debe tener para poder prestar servicios. Es decir, que si un territorio ingresa menos porque es más pobre pero sus servicios cuestan mucho porque su población está muy envejecida, las cuentas no le salen. Entonces entra el efecto nivelador y redistribuidor del sistema de financiación y recibe dinero de estos fondos —de garantía, de convergencia, de suficiencia...— que nutren las autonomías con parte de sus impuestos y completa el Estado con aportaciones extra. Así, las zonas ricas ayudan a las más pobres, que no significa, ¡ojo!, que sus ciudadanos paguen más que los de las zonas menos favorecidas, por mucho que se escuche tal afirmación.

→ ¿Dónde reside el conflicto?

Principalmente hay tres motivos de insatisfacción. Por un lado, cuando se pactó, el sistema prometía aumentar los recursos de las autonomías, pero la crisis echó por tierra las buenas intenciones. La recaudación cayó en picado así que hay menos para repartir justo en un momento en que la crisis exige ayudar más a los ciudadanos.

Otro reproche es el sistema de pago que tiene el Estado, con las llamadas entregas a cuenta: abona a una región lo que estima que tiene que recibir en base a previsiones y luego, dos años después, se conoce la cifra real y se hace una liquidación: si es positiva no pasa nada y si es negativa, el Gobierno autonómico tiene un problema de desajuste en sus cuentas. Es un sistema muy rígido.

Y el tercer reproche, el más político, es que el sistema trata de forma distinta a las comunidades sin saber muy bien por qué. Ningún criterio con sentido explica por qué Cantabria o La Rioja están por encima de la media y Valencia, por debajo, por ejemplo. Hay quien culpa de ello al llamado status quo, que significa que cada vez que se renegocie el sistema se garantice que ningún territorio pierda en términos absolutos con respecto a lo que tenía, lo que alimenta estas desigualdades ya desde el origen. Porque una aportación de solo 50 o 100 millones para una comunidad pequeña como la cántabra o la riojana dispara la ratio de dinero por habitante, mientras que en Andalucía o Valencia se necesitaría una cifra mucho más alta para lograr idéntico impacto.

Otros asuntos por resolver son la deuda acumulada en estos años de crisis por las comunidades con el Estado (127.000 millones) por el dinero que les prestó y que algunos piden que se les condone; y la armonizacion fiscal para que las autonomías más ricas no bajen impuestos para captar inversiones, gente o empresas de otras a través de los beneficios fiscales.

→ ¿Qué soluciones se plantean?

Para resolver la caída de ingresos hay recetas clásicas como subir los impuestos —o los salarios—. Pero pocos se arriesgan a una medida tan impopular cuando, además, por el sistema de entregas a cuenta, no tendría efectos inmediatos en las arcas autonómicas sino que tendrían que pasar dos años para recibir los ingresos reales. Y ahí enlaza la idea de las regiones de cambiar la forma de pago del Estado, para que sea flexible.

Pero es en los criterios de reparto del dinero, esos que hoy generan desigualdades, donde realmente está el nudo gordiano. Por ejemplo, en el sistema actual tiene más peso para recibir dinero la población total (30%) que su dispersión (0,6%), o mucho más los escolares (20,5%) que los mayores (8,5%). Lo que se busca ahora es que, por lo menos, las reglas de juego queden claras. Que contenten o no a todos es ya otro tema. Y es aquí donde, de partida, existe cierto consenso alrededor de puntos clave: que se financie el coste real de los servicios que prestan las comunidades y no los territorios o que se reconozca el enorme coste de la sanidad y la dependencia en las arcas autonómicas. También existe un sentimiento generalizado de que el Gobierno no debe negociar en solitario con Cataluña. Sobre estas bases hay que empezar a construir el nuevo modelo, aunque queda mucha tela que cortar.

→ ¿Cuál es el debate en Galicia?

PPdeG y PSdeG comparten que la clave de la negociación pasa por que los criterios que le interesan a Galicia —dispersión, envejecimiento o coste sanitario— pesen más a la hora de recibir fondos y que se diseñe un modelo que financie personas y no territorios, aunque discrepen sobre la hoja de ruta para lograrlo. En Marea camina más hacia un modelo federal que establezca «uns mínimos de ingresos e non uns gastos máximos», mientras que el BNG es el único que defiende un cupo como el vasco o navarro.

¿Y qué es ese cupo? Un concierto económico reconocido en la Constitución que les concede total autonomía fiscal: pueden recaudar todos los impuestos, lo que les da más dinero, porque solo aportan a la caja única una cuantía o cupo que se renegocia cada cinco años como pago por las competencias que tiene el Estado. Cataluña quiere ahora su propio cupo. Y el BNG. Pero si se extendiese, el Gobierno central se quedaría sin recursos y se acabaría la solidaridad.


Feijóo ataca a Villares... ¡con Ferreiro!

CURIOSIDADES DE LA POLÍTICA. Esta semana en el Parlamento Alberto Núñez Feijóo contraatacó a las acusaciones del portavoz de En Marea, Luís Villares, de desvío de fondos de partidas sociales para otros fines asegurando que el Concello herculino redujo una partida para la renta social en un 85% para invertir el dinero en otro lugar. Hubo más de una risa maliciosa en la vieja casona de O Hórreo, preguntándose si Villares acabaría por levantarse y darle la razón al presidente gallego. Sería una forma de devolverle al alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, todas las trabas que supuestamente le está poniendo al lucense para convertirse en portavoz orgánico y referente principal de En Marea en los próximos años. De cara al público ambos siguen empeñados en guardar las apariencias, hasta el punto de que Villares salió ayer en defensa del gesto de Ferreiro de romper la negociación de los presupuestos locales con el PSOE coruñés. Hay mar de fondo en la marea y se espera algo de marejada en el consello de hoy.

Fusión de concellos... y de interventores

MISIÓN IMPOSIBLE. Así se podría calificar la normativa que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, impuso a los ayuntamientos al obligarlos a contar con un tesorero de habilitación nacional para llevar sus cuentas. Imposible, porque en España no hay más de 8.100 profesionales de ese tipo, que serían los necesarios.  Alfredo García (Fegamp), Abel Caballero (Femp) y el propio Núñez Feijóo (Xunta) ya se manifestaron en contra de la medida, que amenaza a más de 200 municipos gallegos y que en su día se justificó por la necesidad de profesionalizar los servicios de tesorería de los concellos ante la necesidad de estos de recibir importantes cantidades de dinero del Estado en forma de ayudas por la crisis. La solución podría venir por un camino que avanzó el titular de la Xunta tras el Consello: que un tesorero de habilitación nacional se ocupe de varios ayuntamientos pequeños. Ahora que tanto se habla de fusiones y cooperación municipal, compartir personal es una salida. La Iglesia lleva años haciéndolo con los curas.

El culebrón de la financiación
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