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A vueltas con el voto emigrante

INOPERANTE, DIFÍCIL, precario o ineficaz son algunas de las lindezas que le dedica la Junta Electoral Central (JEC) al actual sistema que regula la votación de los residentes ausentes, el que en Galicia todo el mundo conoce como el voto emigrante. De ahí su propuesta de introducir la posibilidad de que aquellos ciudadanos que viven en el exterior puedan ejercer su derecho democrático a través de internet, de forma que complemente los métodos tradicionales: el voto presencial en los consultados y el voto por correo.

El detonante que lleva a las autoridades a reabrir un debate tan antiguo como relevante es la caída en picado experimentada por la participación de la emigración desde que en 2011 se reformó la ley electoral y se introdujo el llamado voto rogado, que no es otra cosa que el requisito de que los interesados en el voto tengan que solicitarlo previa y formalmente para, después de una serie de comprobaciones, poder ejercerlo. Una complejidad burocrática de tal calibre, según denuncian los propios interesados, que ha convertido al colectivo exterior en algo totalmente irrelevante en los procesos electorales en nuestro país, pese a que en el caso de Galicia, por ejemplo, los 443.794 registrados en el CERA (Censo de Residentes Ausentes) para las elecciones generales del mes de junio supongan más población de la que tienen por ejemplo las provincias interiores, Lugo y Ourense.

Basta echar la vista atrás para comprobar el efecto letal que tuvo la introducción del voto rogado —aprobado al mismo tiempo que la prohibición de que los emigrantes voten en las municipales— en la participación. Tomando como referencia las elecciones generales de los últimos 20 años en la comunidad gallega, en las de 1996 votó un 34,6% del censo exterior, en 2000 lo hizo un 24,84%, en 2004 un 30,97% y en 2008 un 35,14%. A partir del cambio en las reglas de juego, en 2001 fue un pírrico 4,21% y en 2016, un 3,49%. De los 114.625 gallegos que ejercieron su derecho en la última cita con las urnas antes del voto rogado a apenas 15.500 en junio. Una deriva que además se agrava, ya que en las autonómicas del pasado 25 de septiembre la cifra cayó a 10.777 votos; o lo que es lo mismo, un 2%.

Ante esta evidencia, la Junta Electoral Central considera que el voto a través de internet puede ser parte de la solución al problema, aun admitiendo problemas para su implantación. Los de seguridad en un mundo digital de hackers son evidentes, pero la realidad es que en muchos países con enorme peso de la emigración gallega la escasa implantación de las nuevas tecnologías dificultaría y mucho el acceso al voto informático, unas dificultades equiparables prácticamente a las del voto rogado.

Por ahora, la Xunta, el PSdeG y En Marea apoyan la propuesta de la junta, mientras que el BNG está en contra y la emigración se encuentra dividida. Marea Granate, la plataforma que agrupa a parte de los gallegos residentes en el extranjero, pone en duda sobre todo las garantías del proceso. Dicen que países tan avanzados como Alemania o el Reino Unido rechazaron esta idea.

En este contexto, lo que está en disputa son dos modelos, uno que prima la participación y otro que prima las garantías. O lo que es lo mismo, el tradicional previo a 2011, la época de los famosos carreteos de sacas, cuando todos los residentes de fuera recibían la documentación electoral en sus viviendas y podían mandar su voto sin ningún tipo de comprobación ni control, llegando a decidir el signo de unas elecciones. Y el sistema actual, el rogado, en el que para dotar de las máximas garantías y controles antifraude al voto exterior obligan al ciudadano a enfrentarse a una serie de obstáculos adminstrativos que eliminan cualquier atractivo al deseo de votar.

Lo ideal es encontrar el camino intermedio, garantista y que fomente la participación. Pero mientras no se encuentre, lo que debe primar es la máxima legalidad en el proceso. Porque al fin y al cabo da absolutamente igual que se vote en sobre, por internet o con señales de humo... Si es fraudulento, el voto no tiene ningún sentido.

El lío de los sueldos de En Marea
El culebrón de la carta financiera de En Marea va camino de convertirse en un dolor de cabeza para Luís Villares, especialmente por la discrepancias de los siete parlamentarios vinculados a Podemos. La cuestión es sencilla: los diputados rasos cobran unos 4.800 euros y el código ético los obliga a dar unos 1.000 a En Marea, redondeando cifras, quedando para ellos 3.800. El problema es que Podemos tiene unas normas propias que obligan a sus cargos a no cobrar más de tres veces el salario mínimo interprofesional, es decir, unos 2.100 euros. Así que estos siete parlamentarios tendrían unos 1.700 euros en sus nóminas que no podrían percibir. ¿Irán para Podemos?

Al final, que los partidos obliguen a sus cargos a donar parte de su sueldo —casi todos lo hacen— puede no resultar tan buena idea como parece, y más en el caso de En Marea, donde son los políticos los que tienen la sartén por el mango. Si alguno se siente muy presionado, siempre puede marcharse al grupo mixto, lo que económicamente es más que rentable. Ocurrió con Carmen Iglesias y Chelo Martínez en el anterior mandato. Lo que ocurre es que si hoy se repitiese el caso, En Marea dejaría de ser el partido que lidere la oposición.

La venganza de Laura Seara
Ferraz decidió ayer aplicar la multa máxima a los diputados díscolos del no a Rajoy en el Congreso, entre ellos la ourensana Rocío de Frutos. Seguro que la medida contentó a Laura Seara, hoy en la dirección estatal del PSOE y a la que De Frutos desplazó de la lista. Es su particular venganza.

Yolanda Díaz se diluye
Cuando abandonó la política gallega con destino a Madrid, la líder de Esquerda Unida, Yolanda Díaz, estaba llamada a tener un protagonismo que, pasados unos meses, no consigue. Es más, la figura de la ferrolana se diluye en medio del grupo de En Marea en el Congreso, lejos de los focos que la alumbraban cuando ejercía de viceportavoz del grupo parlamentario de Age junto a Xosé Manuel Beiras. Las quinielas la situaban como posible candidata a la Xunta o como destacada dirigente nacional de Izquierda Unida, pero igual que su formación se difuminó en Podemos, Díaz hizo lo mismo. Eso sí, su amistad con Pablo Iglesias podría reimpulsarla si el líder de Podemos sale reforzado de su duelo con Íñigo Errejón.

El busto peregrino de Artigas
La reciente visita del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, a Galicia, tierra de sus abuelos, incluyó una ofrenda floral ante el busto que José Gervasio Artigas tiene en la capital gallega. La estatua del militar y estadista considerado el libertador de la patria uruguaya fue un regalo que le hizo Juan Salgado, presidente de la principal empresa de transportes del país, Cutcsa, a Manuel Fraga en 2002, durante una visita del entonces presidente de Uruguay Jorge Battle. En un principio el enorme busto se instaló en las dependencias de la Xunta en el Pazo de Raxoi, pero consideraron que no era el lugar ideal. De allí pasó a una zona un tanto escondida de San Caetano, donde estuvo hasta que en 2013 y aprovechando la visita de otro presidente, Pepe Mujica, se inauguró la llamada plaza de Uruguay en Santiago y se llevó allí.

Otra ocurrencia de Caballero
La última ocurrencia localista del alcalde de Vigo, Abel Caballero, es que el aparcamiento municipal gratuito que habilitará el Concello junto al Hospital Álvaro Cunqueiro será para uso exclusivo de los vigueses y no del resto de ciudadanos del área metropolitana, a quienes, dijo ayer, deberá atender la Xunta. Y es que parece que el barón socialista, en vista de que Ferraz no le sigue el juego en sus planes para reorganizar el PSOE en Galicia, ha vuelto a su plan inicial —que tanta rentabilidad política le dio— de focalizar sus críticas en la Xunta y no en sus compañeros de partido. En su cruzada contra el mundo, Caballero ya tiene en el punto de mira al delegado de la Xunta en la ciudad, Ignacio López Chaves. Eso sí, a quien no se atreve todavía a meterle el diente es al responsable del Puerto, Enrique López Veiga.

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