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Vuelve la guerra exterior

Echa a andar en el Congreso la reforma para facilitar el voto de la emigración, que recuperará así el peso que tuvo antaño

Parlamento gallego. EP
photo_camera Parlamento gallego. EP

EL GOBIERNO trasladó el martes un informe al Congreso que supone, en la práctica, que la reforma de la ley electoral (Loreg) para cambiar las reglas de juego del voto exterior está en marcha. Si se trata de un asunto vital para la salud democrática del país en general, lo es mucho más para Galicia, la comunidad con mayor peso en el censo de residentes ausentes (Cera). Sobre el llamado voto emigrante se escribieron ríos de tinta, se hicieron cientos de análisis, hubo múltiples debates y, a su amparo, se cometieron mil y una tropelías.

→ ¿Cómo funciona el voto exterior?
El voto exterior se rige hoy por una reforma legal impulsada en enero del año 2011 por PSOE y PP con el apoyo de CiU y el PNV. Hasta ese momento, los residentes en el exterior oficialmente censados recibían la documentación para votar y solo tenían que reenviarla en plazo. El sistema era tan sencillo que la participación se disparaba al 30% en muchos casos, siendo determinante en el resultado, como pudo comprobar Fraga cuando perdió la Xunta en 2005 sin que los emigrantes acudiesen a su rescate, porque Zapatero había aprendido la lección y cortejó el voto exterior para el PSOE. Pero precisamente fruto de esa simpleza del sistema surgía su gran defecto: hacía aguas por todos lados. Así nacieron las historias de los muertos que votaban por falta de control del censo o las sacas llenas de sufragios que traían los políticos de ultramar.

Ante el escándalo que eso suponía salió adelante la reforma de 2011 para atar en corto el sistema. Se hizo con el llamado voto rogado: el ciudadano debe acreditarse, solicitar la documentación, recibirla y votar en urna en un consulado/embajada o por correo. La complejidad burocrática y lo apretado de los plazos convirtió el voto emigrante en algo testimonial: del 31,7% de las generales de 2008 se pasó a un 4,9% de participación en 2011. Además, se vetó el sufragio exterior en los comicios municipales. Se acabó el chollo y, con él, las peregrinaciones de los políticos al extrajero.

→ ¿Qué se propone ahora?
Entre el descontrol del viejo modelo y el ajustado corsé del actual hay un camino intermedio que es el que pretende sondear la nueva reforma, cuya principal revolución consiste en suprimir el voto rogado y volver al envío universal de papeles. Se sugiere remitir una papeleta en blanco para que se escriba el voto y se darán más tiempo y facilidades para hacerlo efectivo: cuatro días y no dos para votar en urna y correo ordinario y no certificado, por lo que será gratis. Aunque parece una vuelta al pasado, el Gobierno del PSOE sostiene que el sistema no presenta «ninguna merma de garantía» con respecto al actual.

→ ¿Qué plazos se manejan?
No hay nada seguro, pero se especula que ya se podría aplicar en las europeas de mayo, ya que las municipales seguirían vetadas para los emigrantes en la nueva ley. 

→ ¿A cuánta gente afecta?
El Ine dice que hay 452.996 gallegos en el extranjero que pueden votar —65.642 de ellos de la provincia de Lugo—, del total de algo más de 2 millones de emigrantes censados en España. La realidad es que la población en Galicia baja y el censo fuera (Cera) aumenta, así que el peso de ese voto es cada vez mayor: supera el 15% y en provincias como Ourense se dispara hasta el 25%.

→ ¿Qué lectura política tiene?
Mientras se votó masivamente, PP y PSOE se embolsaron 8 de cada 10 votos del exterior, lo que explicaría el interés de ambos en suprimir el voto rogado. Y no solo eso, sino que en un escenario electoral tan fragmentado como el actual, cada papeleta cuenta más que nunca, por lo que el bipartidismo no está dispuesto a dejar escapar esa bolsa de votantes de la diáspora. Las tournés de políticos por el extranjero no tardarán.

La gran incógnita pasa por conocer la respuesta del voto emigrante ante los nuevos partidos emergentes, que no existían antes de 2011 —al nacionalismo gallego apenas lo apoyaban—; y si realmente la participación recuperará las antiguas cifras récord, algo difícil teniendo en cuenta que muchos de los votantes son ya terceras generaciones, mucho menos conectados con sus raíces.

Movimientos extraños en la cantera gallega del Partido Socialista
En tiempos de desafección con la política resulta especialmente difícil implicar a los jóvenes, y más para PPdeG y PSdeG, cuyo porcentaje de apoyo entre nuevos votantes es testimonial. Y polémicas como la que están viviendo las Xuventudes Socialistas de Galicia no ayudan, precisamente. A finales de septiembre dimitió el líder ourensano Adrián Borrajo y, sin pasar ni un mes, se fue el autonómico, Nabor González. Lo va a sustituir el ferrolano Aitor Bouza, de perfil besteirista y que ya estuviera en el cargo de 2013 a 2017, pero la dirección estatal de la organización paralizó el nombramiento por "anomalías". Son demasiados movimientos extraños en poco tiempo como para no empezar a pensar mal.

Lo que queda por venir en la AP-9
Aunque la Xunta está empeñada en que el Gobierno central tiene margen para aplicar algún tipo de descuento en los abusivos peajes de la AP-9, lo cierto es que estos siempre se harían efectivos sacando dinero de los presupuestos del Estado —que al fin y al cabo es dinero de todos los contribuyentes— para compensar a la concesionaria, que nunca pierde. De esa forma, el gran debate que hay sobre la mesa es si a Audasa la tienen que financiar todos los ciudadanos vía impuestos o solo aquellos que usan la AP-9 vía peajes. El resto del debate revisionista, los cruces de acusaciones y demás son fuegos de artificio. Pero, ya de paso, como lo hecho en el pasado tiene poca solución y esta siempre pasa por el mismo sitio —saquear el bolsillo del cotizante—, lo verdaderamente relevante es no repetir el mismo error en el futuro. Hay que recordar que quedan obras importantes en marcha como las integraciones de la AP-9 en A Coruña y Vigo, el acceso a la Cidade da Cultura, algún orbital... ¿Cómo y quién va a financiar eso? 

La peregrinación gallega a Lledoners
No todo  el voto que se juega a más de 1.000 kilómetros de distancia de Galicia corresponde a la emigración. La izquierda nacionalista también tiene sus intereses electorales en el centro penitenciario de Lledoners, en Barcelona, donde cumplen prisión preventiva Oriol Junqueras y otros líderes del procés. Allí estuvo reunida con el líder de ERC la eurodiputada del BNG Ana Miranda en septiembre y mañana lunes volverá acompañada de su jefa de filas, Ana Pontón. La noticia se conoció apenas 48 horas después de que otros dos dirigentes nacionalistas gallegos, Xosé Manuel Beiras y Antón Sánchez, de Anova, confirmasen una entrevista con Junqueras para el 10 de diciembre. Todos acuden para trasladar su solidaridad y apoyo a los procesados y su defensa del derecho a decidir, aunque tampoco se pueden obviar otras realidades: el interés de BNG y Anova por hacer guiños a los votantes gallegos que defienden el derecho a decidir o las inminentes alianzas de fuerzas soberanistas de cara a las elecciones europeas. 

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