EL RECUENTO de fin de año, otra vez, nos sale a pagar, ya hay que tener mala suerte. Resulta que nos faltan millones y nos sobran personas, esto es un sinvivir. Yo no sé cuantas personas son 25 millones de euros, y aún menos 127 millones, porque a mí en cuanto me sacas de los céntimos me pierdo, pero me puedo hacer una idea bastante aproximada de cuántas personas son 1.860 familias, me basta con mirar la mía.
Muchas de esas personas son huecos vacíos en el balance. El recuento lo acaba de hacer el Tribunal de Cuentas, en una sentencia en la que detalla el expolio impúdico al que el gobierno que dirigía Ana Botella sometió al Ayuntamiento de Madrid en la venta de 1.860 pisos de protección social a un fondo buitre. Esa sentencia condena a la exalcaldesa y a siete altos cargos de su ayuntamiento a pagar de sus bolsillos 25 millones de euros, que el Tribunal considera que es la cantidad por debajo de precio de mercado que el fondo Blackstone pagó por esos pisos de titularidad municipal. El propio Ayuntamiento de Madrid, sin embargo, eleva la cantidad expoliada hasta los 127 millones.
Son 1.860 viviendas que se subvencionaron con fondos públicos y que se convirtieron para 1.860 familias en su gran esperanza para aspirar a un proyecto de vida, en su única oportunidad de acceder a una vivienda digna en un mercado que hace sus recuentos en millones de euros, no en personas. El contrato incluía un alquiler asumible y la posibilidad futura de adquirir la vivienda a un precio que un trabajador fuera de afrontar sin vender a sus hijos a un traficante de esclavos.
El Ayuntamiento que dirigía Ana Botella vendió esos pisos bajo cuerda y sin dar información alguna a los inquilinos. Estos se dieron cuenta de la operación porque los recibos que les llegaban ya eran emitidos por Blackstone, y cuando fueron a preguntar a la entonces alcaldesa, la esposa de Aznar y madre de dos jóvenes expertos en el asesoramiento de fondos de inversión en vivienda aún tuvo el cuajo de decirles que nada había cambiado, solo el emisor de la factura. Pocos meses después, el fondo buitre comenzó a subir los alquileres hasta duplicar su precio y a modificar los contratos de manera unilateral. Los inquilinos habían perdido, además, el derecho a la compra con el precio tasado por la protección oficial. Muchos, familias enteras, tuvieron que abandonar las viviendas al no poder pagar los nuevos alquileres. Otros fueron directamente desahuciados. Alguno se quitó la vida ante la perspectiva de quedar en la calle después de haber invertido todas sus esperanzas en un futuro que ahora le arrebataban.
No fueron solo estas promociones, sino que este tipo de ventas se convirtió en la práctica común del PP en Madrid. Entre el Ayuntamiento y la Comunidad vendieron 5.315 inmuebles de titularidad pública a dos fondos controlados por el buitre Blackstone. En su justificación, para hacernos una idea de la desfachatez, la Comunidad de Madrid alegó que esas viviendas sociales ya no eran necesarias.
Todas esas ventas están ahora bajo la lupa judicial. La primera sentencia ha llegado del Tribunal de Cuentas, un organismo poco dado a la revolución ni a la algarada social, pura tradición conservadora en el sentido más clásico. El proceso de venta de los 1.860 inmuebles del Ayuntamiento de Madrid incluyó, dice una sentencia que no por necesariamente contenida deja de transmitir cierta perplejidad, información privilegiada para el fondo comprador, ausencia de pliegos de contratación, de estudios técnicos previos y de valoraciones independientes o simplemente de un procedimiento abierto de libre concurrencia en la adjudicación. Es decir, concluye el Tribunal, que se pensó desde el principio para favorecer a un solo comprador previamente determinado. Hay un reproche que resume perfectamente esa perplejidad por el expolio dirigido por el equipo de Ana Botella: el fondo de inversión pagó por cada vivienda protegida menos de lo que hubieran tenido que pagar los adjudicacatios de dichas viviendas, que lo son precisamente por estar en una situación económica precaria. "Es jurídicamente inviable y socialmente indefendible", concluye la sentencia que condena a pagar 25 millones a Ana Botella y siete de sus altos cargos.
Yo no sé cuántas personas son 25 millones de euros. Ni 127. Pero sé que lo mismo alcanzan para tapar un montón de huecos que para comprar un buen puñado de hijos de puta. Es la hora del recuento.
