A PRINCIPIOS del s. XX, Cortegada formaba parte de un gran plan relacionado con A Toxa en el que ministros e industriales de Pontevedra consolidarían su influencia política y económica a nivel local y nacional, así como turística, al ofrecer la isla a Alfonso XIII como residencia estival. Apenas un año antes el rey se había desposado con la inglesa Victoria Eugenia de Battenberg. La isla ya era conocida por sus padres ya que Alfonso XII visitó Carril el día 16 de agosto de 1881 y desde allí se desplazó en barco hasta Marín, momento en el que se le ofreció un terreno en la costa para construir una residencia. No hubo respuesta pero la idea la retomó su hijo después de su matrimonio y la idea de la residencia veraniega en la costa gustó en Palacio. En algún momento también se barajaron Vigo, Betanzos o Santiago como posibles lugares en los que establecer su residencia estival en Galicia, pero el emplazamiento que más les gustó fue el de la isla de Cortegada.
La isla de Cortegada, de unas 54 hectáreas, estaba dividida en 1.024 fincas pertenecientes a 211 propietarios, lo que representaba un gran problema logístico. En 1907 se creó una comisión para la compra de la isla, a la vez que una suscripción pública para financiar el coste, y la Casa Real corría con los gastos de construcción del palacio y un puente. El precio de la isla ascendía a 500.000 pesetas por lo que se solicitó al Banco de España el anticipo de dicha cantidad, ya que la suscripción popular tardaría un tiempo en reunir el montante. Para este anticipo se presentaron unas sesenta y ocho firmas de personalidades tan relevantes como Eulogio Fonseca, Eduardo Gasset, José Riestra, Casimiro Gómez o Eugenio Montero Ríos avalando la solicitud. Ese mismo año los rumores saltaban a la prensa sobre la construcción en la isla de dos palacios: uno para los monarcas españoles, por importe de cuatro millones de pesetas, y otro para los de Inglaterra, aunque públicamente se quedó sólo en un rumor.
Ese mismo verano se entregaba al rey la escritura de cesión de la isla firmada por Gonzalo Ozores Saavedra Señor de Rubianes, Joaquín Martínez García, Daniel Poyán y alcaldes de la zona. Se encarga el proyecto del puente y palacio a los ingenieros Andrés Ripollés y Eugenio Ribera y al prestigioso arquitecto madrileño Luis Bellido González y Rafael Ripollés. Inmediatamente se desplazaron a Vilagarcía el ingeniero, el marqués de Viana y el marqués de Aranda. El 10 de junio de 1907 el rey dio el visto bueno al diseño de Ripollés del puente que uniría la isla con Carril.
Ahora los promotores tenían por delante un engorroso problema: convencer a los habitantes de la isla para que vendiesen o cediesen sus propiedades. Para ello, el 28 de mayo, el alcalde Ramón de la Fuente Abalo se reunió con los dueños. La cesión era muy compleja porque el rey quería la propiedad total de la isla y la realidad es que existían flecos que permitían a algunos propietarios litigar la cesión, como así sucedió en noviembre de 1910 en una noticia en la que: "Por parte de algunos propietarios de terrenos se producen, por lo visto, reclamaciones, fundándose en que se perjudican sus derechos, de los cuales tan a última hora se acuerdan".
El rey, por lo complejo del asunto y los retrasos que paralizaban la obra, comunicó su negativa a contemplar Cortegada. Inmediatamente se movilizaron las fuerzas vivas de Pontevedra, Vilagarcía y Carril, capitaneadas por el marqués de Riestra, el alcalde de Pontevedra Manuel Becerra Armesto, Augusto González Besada, Eduardo Cobián o Emilia Pardo Bazán, amiga personal del monarca. Así, el 25 de marzo de 1908, a instancias del ministro de Fomento González Besada, y a toda prisa, "los vecinos cerraron sus viviendas para entregar las llaves. Con este motivo se desarrollaron escenas conmovedoras, sobre todo entre los viejos, que han vivido durante años en la isla y que la tienen verdadero cariño". Entregaron llorando las llaves al alcalde de Carril ante la Comisión gestora, el párroco y el capitán José Ramos, con un mensaje para el rey: "Al despedirnos para siempre de la tierra en la que hemos vivido, nosotros, y con nosotros nuestras mujeres y nuestros hijos, solo pedimos a Dios que viva y venga el Rey al suelo en que nacimos". El dinero de la expropiación lo depositaron en la Banca Deza, fundada por Francisco Deza en 1850, con sede en Vilagarcía y Santiago. De esta manera se demostraba al monarca, a la desesperada, que se habían salvado todos los escollos y el plan siguió adelante.
Dos años más tarde, en 1910, aún estaban a vueltas con las propiedades de la iglesia en la isla, que finalmente cedieron, y el alcalde de Carril comunicó a Palacio el traslado de la Virgen de Cortegada desde la isla a esta localidad. En junio de ese mismo año, ante el mutismo de Cobián Rognac sobre la escritura final de cesión, un conocido letrado afirmó que dicho documento se ajustaba a ley y un mes después se desplazaron a Madrid los nuevos propietarios de la isla, como compradores intermediarios, Valeriano Deza y Teodosio González, para otorgar la escritura de donación de la isla al rey sin el visto bueno de Cobián. Dos días más tarde Eduardo Cobián Rognac presentó su dimisión como abogado de la Casa Real; otro motivo que se sumaba a la dimisión también podría ser que "está acordado ya que la escritura de cesión de la isla de Cortegada sea otorgada a nombre del intendente de Palacio, marqués de Borja, y no al de los apoderados nombrados por D. Alfonso". Otro obstáculo se presentó cuando un médico de Miranda de Ebro, Antonio Ruiz Lapasapuente, que había comprado 5.826 metros cuadrados de la isla por poco más de 1.000 pesetas con la intención de construir un hotel, al hacerse pública la cesión al rey pedía 300.000 pesetas por su parcela; aunque, después de arduas negociaciones, el precio quedó fijado en 75.000.
En 1911, aunque el rey dio el visto bueno a unos nuevos planos del palacio, había pasado demasiado tiempo y demasiadas complicaciones y el monarca se decantó finalmente por el Palacio de la Magdalena, en Santander. La Banca Deza quebró en 1921, los isleños perdieron su dinero y los hermanos Valeriano y Epifanio Deza fueron encarcelados por quiebra fraudulenta. En 1932 el gobierno de la República incautó los bienes del rey, entre los que se encontraba, en una caja de caudales, el documento de propiedad de la isla sin tasar. Los gastos de la fracasada operación ascendieron a unas 620.000 pesetas. Así terminó otro gran proyecto, como el del aeropuerto de A Lanzada, en un gasto y esfuerzo enormes que acabaron en nada.
