"A ver si podemos salvar la industria salazonera y de conservas de este país del gravísimo peligro que la amenaza porque, si el proyecto de ley prospera, creo que tendrán que cerrar las fábricas", declaraba Eugenio Montero Ríos en 1896 en un intento de reunirse y aunar esfuerzos de todos los diputados y senadores gallegos del momento, con independencia de su signo político.
Las materias primas valiosas en la actualidad no eran las mismas que hace cien años, porque el mundo ha cambiado. La sal jugó un importante papel como conservante de alimentos, como el pescado o la carne, ya que impedía que se pudriera, así como un potente antiséptico. Se utilizó en rituales sagrados y todavía en la actualidad si se derrama sal sobre la mesa es interpretado como una señal de mala suerte. De hecho la palabra salario proviene del latín salarium de sal, pero existen diversas teorías sobre si era sólo sal, que se utilizaba casi como una moneda y con la que se pagaba en pequeños paquetes a los funcionarios y soldados romanos, o lo que se pagaba era con dinero para comprar productos conservados con sal. La sal fue el oro blanco en la Edad Media en Pontevedra, así como en otros países, e hizo prosperar a la ciudad con relación a la pesca y sus derivados.
El estanco de la sal se materializó de manera generalizada bajo el reinado de Felipe II en 1564. Un cambio sustancial, sobre la normativa e impuestos, que se regularizaron en 1633, de manera que la Corona fijaba los precios como parte de su monopolio mediante concesiones públicas que le reportaban importantes beneficios. Con posterioridad la Ley de 16 de junio de 1869 decretó el desestanco de la sal en nuestro país; es decir, que la sal ya no era sólo un monopolio del Estado, y se pusieron en venta o alquiler las salinas. En 1874 se gravó con 15 céntimos kilo el consumo de sal y en 1877, con la Ley de 11 de julio, se creó otro impuesto a mayores; como resultado del mismo existía un impuesto que afectaba al consumo y otro diferente a la producción de la sal.
La manifestación se organizó frente al Ayuntamiento tomando parte unas diez mil personas y tres bandas de música
El problema comenzó en 1896 cuando el ministro valenciano Juan Navarro Reverter, que fue un importante empresario, en ese momento ministro de Hacienda (1895) y posteriormente de Estado (1912), para hacer frente a la deuda pública que generaban los enormes costes de las guerras de ultramar, estuvo de acuerdo en renovar el contrato del Estado con la Compañía Arrendataria del Monopolio de Tabacos por veinticinco años, aumentando también de manera exponencial impuestos de la sal, los de explosivos, la minería, la navegación y otros sectores. Así, en 1896 Navarro presentó un conjunto de leyes muy contestadas y un año más tarde de manera transitoria, se recargó un diez por ciento, la llamada décima, en una serie de impuestos como la contribución industrial, los derechos reales, minas, grandezas, cédulas, pagos al Estado, alcoholes, aduanas, azúcar, consumos y timbre.
Todo ello también suponía doblar la contribución al consumo en la práctica totalidad de ayuntamientos rurales de Galicia, ya que aumentaban las tasas de cultivos y del trigo. "Nosotros confiamos en el esfuerzo y en los trabajos de los diputados y senadores gallegos para que el proyecto del Sr. Navarro Reverter no vaya adelante, aparte del daño grande que ha de causar a esta región, por la injusticia que supone gravar á unos contribuyentes para favorecer a otros", explicaba un redactor de El Correo gallego.
Estos impuestos, sobre todo el de la sal y navegación, perjudicaban de manera enorme a la Galicia costera de salazón y conservera. A mediados del s. XIX existían en la Ría de Pontevedra 59 factorías de salazón, 20 en Bueu, 19 en Marín, 8 en Aldán o 7 en Sanxenxo. Para entender la magnitud del problema, se establecía también un recargo transitorio sobre el impuesto de navegación, y sólo en la Ría de Arousa se documentaron, cuando surgió el conflicto, 4.000 embarcaciones, 16.000 marineros, 100 fábricas, 6 conserveras y 4.000 trabajadores de las mismas como empleos directos, afectados por la iniciativa de Navarro. Benito Maristany Ferrer pedía en un telegrama que el Gobierno desistiera, ya que supondría la muerte de la industria salazonera de Galicia "única en las Españas sacrificada en este asunto", explicaba.
Para salvar a la industria gallega salazonera, conservera, los agentes sociales de la época se planteaban como solución de no implementar los impuestos propuestos y los de venta y circulación de la sal, y sí gravar la exportación o el desembarco de la misma. Eugenio Montero Ríos, el Cuco de Lourizán, participó de manera activa en esta reclamaciones y se reunió de manera urgente con todos los diputados y senadores gallegos en Madrid de cualquier signo político para protestar contra los nuevos impuestos de la sal del ministro de Hacienda Navarro Reverter, al que trasladó personalmente el malestar en este sector para defender los intereses comerciales de la industria pesquera Galicia.
Las presiones de Montero Ríos referidas a la sal dieron sus frutos y en septiembre de 1896 se convocó una manifestación en agradecimiento en Pontevedra al Cuco de Lourizán: "La manifestación se organizó frente al Ayuntamiento tomando parte unas diez mil personas y tres bandas de música. De Vigo, Bueu, Cangas, Villagarcía y otros puertos llegaron centenares de lanchas y vaporcitos con marineros y operarios de las fábricas de conservas". Una manifestación que recorrió la calle Michelena, A Oliva y llegaron hasta el palacio de Montero Ríos que estaba, en la terraza del palacio de Lourizán, acompañado por "Vincenti, García Prieto, Riestra, López Mora, Puga y otros parlamentarios".
En Pontevedra todavía queda alguna construcción abandonada que se dedicaba al almacenamiento de la sal, conocidas como alfolí, que son el recuerdo de las épocas gloriosas del comercio y prosperidad y de las peores en la historia de nuestra ciudad.
