EL 31 de agosto de 1912 se encontró el cadáver de un varón en avanzado estado de descomposición abandonado en un pinar e identificado como Ramón C. Su mujer Manuela había comentado días antes en la zona que su marido había desaparecido, tras haberse marchado el día 23 de ese mismo mes para comprar un novillo a la Feria de Ganado de Pontevedra. Tras una investigación de la Guardia Civil se concluyó que su mujer, dos de sus hijas y un hijo habían participado en un complot para terminar con la vida de Ramón. Las tres mujeres y el hijo pasaron a disposición judicial, "La madre, sus dos dignas hijas y el hermano de éstas hállanse en la cárcel a disposición del Sr. Juez de Cambados que instruye activamente las oportunas diligencias".
El 19 de julio de 1913 los cuatro presos fueron trasladados a la cárcel de Pontevedra procedentes de la de Cambados. El Ministerio Fiscal solicitó la pena de muerte, contemplada en el código penal vigente, por parricidio, con cuatro agravantes como la alevosía, premeditación, abuso de superioridad y nocturnidad. Por todo ello solicitó la pena de muerte para la madre y sus dos hijas y para el hijo pena de cárcel de diecinueve años por tratarse de un menor de edad. El Fiscal hizo un relato de hechos en el que la madre y los tres hijos quince días antes del crimen se pusieron de acuerdo cuando fueron a buscar leña a un monte cercano. El día del crimen manipularon tanto el escenario, como el lugar en el que lo abandonaron en un monte, para que pareciera una muerte por robo. Prudencio Landín, al que precedían muy buenas referencias como letrado, defendió a una de las acusadas.
Después de unos meses en la cárcel de Pontevedra, se tenían noticias de que Manuela se negaba a comer, no hablaba con nadie, sólo asistía a misas en la cárcel por su marido, "Durante la noche interrumpe el sueño de las demás reclusas con voces destempladas llamando a su marido, a sus hijas y pidiéndoles perdón...".
En febrero de 1914 se procedió al juicio por el parricidio en la Audiencia Provincial de Pontevedra. Declaró Manuela, la mujer del finado, vestida de luto. Su defensa estuvo a cargo de otro letrado, García Vidal. La mujer relató que nunca habían pasado hambre por la tacañería de su marido, pero que el día del crimen este se negó a darle un duro para comprar pan para sus hijos y se inició una discusión, pero los que mataron a su marido habían sido sus propios hijos. Dicha declaración se contradecía con la inicial a la Guardia Civil, en la que confesaba que se habían puesto de acuerdo para acabar con su vida. Manuela, durante el juicio, intentó descargar la culpa del crimen en su hijo Manuel, de 15 años, que decía que dormía mientras sucedían parte de los hechos y colaboró en la investigación. Al final del proceso se sentenció a pena de muerte a la madre y una de sus hijas.
La conmoción en Pontevedra por la pena de muerte, que finalmente afectaba a la madre y una de las hijas, era general. El alcalde, Andrés Corbal Hernández, solicitó al rey el indulto, se sumaron al ruego la Cruz Roja, la Sociedad de Dependientes, los Exploradores y otras entidades. Los abogados de las penadas telegrafiaron al presidente del Congreso y al diputado Eduardo Vincenti solicitando el apoyo para el indulto de la pena de muerte.
Fijada la fecha de la ejecución en marzo de 1915, el verdugo llegó a Pontevedra un día antes. El verdugo inicialmente no quiso desvelar su nombre, pero dijo que le alteraba tener que ejecutar a dos mujeres. Encargaron al maestro de obras pontevedrés José da Peña proporcionar el material a mayores para instalar los dos garrotes en el patio de la cárcel. El pobre hombre confesó que la noche anterior no durmió: "A cada momento se me presentaba la figura de las dos pobres mujeres como si yo fuese el encargado de ajusticiarlas".
Preguntada el día anterior de la ejecución a la hija condenada a esa pena, esta dijo, "Ni mi madre ni yo hemos dormido nada, pensando en esto que parece un sueño. Yo siempre pensé en morir desde que en Cambados nos dijeron que el fiscal pedía la pena de muerte. No tuve esperanza ninguna, y sólo cuidé ponerme a bien con Dios". Además detalló que habían visto por la ventana de la celda a dos chiquillos hablando de ellas, "dos chiquillos que hablaban en la acera de enfrente que hablaban con cierto asombro y miraban para nosotras. Debían estar tratando el asunto. Uno de ellos llevó la mano al cuello del otro y le dio un apretón como si quisiera explicarle la manera de ahorcar a los reos. Entonces ya dije yo: estamos perdidas filliñas".
En el exterior de la cárcel había unos doscientos pontevedreses pidiendo el indulto y manifestaciones de obreros por las calles. Entretanto, en Madrid, a las seis de la tarde del día anterior a la ejecución, el presidente del Consejo de Ministros, "citó por teléfono a los ministros, diciéndoles que era un caso de urgencia", por lo que los convocados dedujeron que se trataba de algún incidente a nivel internacional de gravedad. El asunto era grave, pero no lo que pensaban y a la convocatoria asistieron Augusto González Besada, Eugenio y Avelino Montero Villegas y Eduardo Vincenti, entre otros. A las siete y cuarto de la tarde acordaron conceder el indulto a las dos penadas, "en consonancia con los sentimientos de piedad que animan al monarca y que había expresado la Sra. Dato".
El papel de la marquesa de Riestra, María Calderón Ozores, fue muy destacado, "la bondadosa amiga que con sus cariñosas palabras de consuelo mitigó dolores, alivió penas y endulzó tristezas ha conseguido después de incesantes trabajos y noches de insomnio el indulto tan deseado por todos y ya inesperado; evitando de esta manera que Pontevedra se vistiese de luto un día, y que sus campanas anunciasen al pueblo, en tétrico son, tan fatídica sentencia".
Tanto la madre e hija indultadas de la pena de muerte, como su otra hija e hijo condenados con pena de cárcel, fueron trasladadas días después desde la de Pontevedra a la de Alcalá de Henares para cumplir la cadena perpetua.
