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La losa de la deuda

Los estados necesitan financiación para inversiones y gastos como los hogares, pero el nivel de endeudamiento de España es peligroso
Semáforo en rojo. EP
photo_camera Semáforo en rojo. EP

La deuda pública es uno de los principales termómetros de la salud financiera de un país. Es útil para que las administraciones puedan financiar inversiones costosas como hospitales y carreteras o para que el Estado pueda afrontar gastos como las pensiones. Sin embargo, abusar de este instrumento de financiación puede convertirse en un problema. Por ejemplo, en un escenario de crisis, un nivel de endeudamiento muy elevado limita la capacidad de aplicar políticas fiscales para aliviar sus efectos y puede poner en riesgo algunos gastos importantes para los ciudadanos.

España está lejos de ser un ejemplo en el control y contención de la deuda pública. Es, de hecho, el cuarto país de la Unión Europea con un mayor pasivo en relación a su producto interior bruto (PIB). Los datos son muy reveladores: las administraciones públicas en España cargaban en agosto con una deuda de 1,491 billones de euros. Sí, con "b". Es un máximo histórico. En un año, esa cifra engordó a un ritmo de 197 millones de media por día. Para hacerse una idea de la magnitud, si esa cuantía se reparte entre la población de España, toca a 31.350 euros por cabeza. También ayuda a entender cuán elevado es el endeudamiento ponerlo en relación con el PIB. Actualmente equivale al 117,3% del producto interior bruto. Esto es: supera la producción económica de España durante un año. Un porcentaje tan elevado como este aumenta el riesgo de que no se pueda pagar.

En los últimos años, la deuda pública en España ha ido de máximo en máximo: desde 2007 se ha multiplicado casi por cuatro. Entonces representaba apenas el 38% del PIB. El estallido de la crisis financiera primero, y después la pandemia, el impacto de la guerra en Ucrania y la crisis energética han contribuido a que la bola se hiciera más grande en todo este tiempo. A eso hay que sumar el pago de los intereses, una factura que superará los 31.000 millones en 2023 —aumenta en un escenario de subida de los tipos de interés—, lo que supone un 50% más que el gasto en prestaciones por desempleo.

En un país donde la Administración pública gasta más de lo que ingresa —en el caso de España ese desajuste denominado déficit supera los 82.000 millones—, existe una necesidad de financiación que obliga, principalmente al Estado y a las comunidades, a endeudarse, por ejemplo solicitando préstamos o emitiendo valores de deuda -letras del Tesoro o bonos del Estado, por ejemplo-. La acumulación a lo largo del tiempo de esos pasivos constituye la deuda pública. A modo de símil, es como si una familia no tiene suficientes ingresos para adquirir bienes como un coche, un electrodoméstico o una vivienda y tiene que pedir prestado el dinero necesario.

Tal y como se prevé que marche la economía en los próximos meses y teniendo en cuenta que 2023 será un año electoral en el que se va a disparar el gasto, no se puede esperar una gran corrección de la deuda pública. Además, al menos hasta finales de ese ejercicio seguirán en suspenso las reglas de disciplina fiscal en la Unión Europea, esas que obligan a los países a no superar un determinado nivel de déficit o de endeudamiento. Una vez que se reactiven, volver a la tarea de corregir los desequilibrios presupuestarios supondrá aplicar reformas y ajustes.

Organismos nacionales e internacionales como el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el FMI o el BCE, y think tanks como Funcas consideran el nivel de deuda pública de España un riesgo y una fuente de vulnerabilidad. Si surgen tensiones financieras, una nueva crisis del euro o un deterioro de la solvencia del país, puede haber problemas para que el mercado nos preste dinero o, si lo hace, que sea con intereses desorbitados. El Estado debe trazar un plan para reducir la deuda.

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