El sistema público de pensiones es un pilar básico del Estado de Bienestar, pero mantenerlo cuesta cada vez más dinero. Las contributivas se comerán este año en torno a 168.000 millones, lo que equivale a unos 317.700 euros por minuto en un escenario en el que su cuantía ha subido tanto como el coste de la vida y el número de perceptores va en aumento. El problema es que las arcas de la Seguridad Social, que son las sufragan esta factura, ingresan menos de lo que gastan y tienen que recibir todos los años un préstamo del Estado para cumplir. De ahí que el futuro del sistema se vea cada dos por tres cuestionado.
Las proyecciones apuntan a que los más de 10 millones de pensiones que se abonan en la actualidad pasarán a superar la barrera de los 15 millones en el horizonte de 2050. Y es que por el camino se jubilarán los baby boomers, la generación más numerosa. Para compensar esa tendencia, haría falta que también se disparara el número de cotizantes, desde los 20,3 millones actuales a más de 28 millones, pero el envejecimiento es una traba: el 32% de la población activa tiene entre 50 y 64 años, según la Epa, lo que da una idea de la cantidad de trabajadores que se jubilarán en menos de dos décadas y de la necesidad de reemplazo.
Era evidente que el sistema necesitaba una nueva vuelta de tuerca. Y la sigue necesitando, porque los últimos cambios diseñados por el ministro Escrivá no bastarán para asegurar su suficiencia.
Consciente de que las pensiones son una poderosa arma electoral y de que tocarlas puede hacer caer a cualquier Gobierno —el último que se atrevió fue José Luis Rodríguez Zapatero con el aumento progresivo de la edad legal de jubilación hasta los 67 años, que se alcanzarán en 2027, y el incremento del periodo que se toma para calcular la pensión desde los últimos 15 años de vida laboral a los 25—, el Ejecutivo de Sánchez ha evitado contener el gasto. Al contrario, subirán con fuerza las pensiones mínimas, tanto contributivas como no contributivas, y también las de viudedad. Y ha optado por una vía para reforzar los ingresos que muchos expertos ven equivocada e insuficiente: hacer que las empresas y los trabajadores paguen mayores cotizaciones con tres medidas.
Una de ellas es duplicar la sobrecotización del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) del 0,6% fijado para 2023 al 1,2% que alcanzará en 2029, a razón de una décima de subida por año. Otra consiste en aumentar las bases máximas de cotización un 38% entre 2024 y 2050 y la tercera pasa por introducir una cuota de solidaridad que pagarán los trabajadores con sueldos elevados y las empresas sobre la parte del salario que no cotiza por superar el tope máximo fijado cada año.
Además de generar un fuerte rechazo en la patronal española —que se descolgó del acuerdo—, estas tres vías tampoco convencen a muchos expertos. Advierten de que aumentar los costes laborales conllevará que las empresas contraten menos y midan más las subidas salariales. Todo para recaudar una cantidad de dinero que no llegará por sí sola para cubrir el aumento del gasto en pensiones. Sin medidas adicionales, será necesario que el Estado siga inyectando a la Seguridad Social fondos que salen del bolsillo de los españoles y que podrían ir a educación, vivienda, sanidad o tecnología.
Lo que ha hecho el Gobierno es dar una patada hacia adelante, pero las decisiones drásticas tendrán que llegar para adaptar el sistema a la nueva longevidad. Un especialista en la materia como José Ignacio Conde-Ruiz ya avisó de que habrá que trabajar hasta más tarde y recetó impulsar la jubilación parcial. Pues bien, el decreto ley con los últimos cambios ya avanza que se revisará para favorecer que se compatibilice el trabajo con el cobro de una pensión.
