DICEN LAS estadísticas que la proporción de familias gallegas que se aprientan el cinturón se ha triplicado en el último año empujada por una subida de precios sin precedentes en casi cuatro décadas, pero también reflejan un aumento de los hogares que se permiten viajar o hacer escapadas, salir a cenar o ir al bar. Y no es una contradicción ni algo incompatible.
Independientemente de que esta ola inflacionista castigue más a las rentas bajas —por algo la llaman el impuesto de los pobres— mientras los más pudientes tienen mayor capacidad para seguir con el ritmo de vida que llevaban, todos necesitamos tras más de dos años de pandemia retomar planes como coger la maleta y el avión en vacaciones, ir a festivales y conciertos o juntarnos con los nuestros para comer. En definitiva, hay ganas de salir y socializar. Puede ser hasta una cuestión de salud mental. Y a lo mejor en el supermercado nos cambiamos a la marca blanca, o buscamos la forma de ahorrar electricidad en casa, o tiramos con el coche viejo porque no es el momento de cambiarlo.
Quizás la gente necesita un verano carpe diem antes del difícil otoño que se presenta. Porque si el covid y el encarecimiento de la vida ya son suficientes lastres, la situación puede ir a peor. La inflación todavía va a escalar más; la subida de los tipos que empieza a desplegar el Banco Central Europeo encarecerá las hipotecas y, en general, los préstamos; los ahorros guardados durante la pandemia irán mermando y la posibilidad de que Rusia cierre el grifo del gas a Europa hace sonar campanas de recesión. Un cóctel explosivo.
Los índices de confianza reflejan que los hogares y las empresas son conscientes de que se avecinan tiempos difíciles —el presente ya lo es—, pero tras muchos meses soñando con un verano al estilo precovid los ciudadanos optan por vivir el momento y luego ya se verá.
¡No vaya a ser que en 2023 no se pueda hacer! Porque si algo nos ha enseñado la pandemia es que los planes se pueden torcer de un día para otro. El temor ahora no está en un nuevo confinamiento por el virus, sino en los efectos de la inflación o de la subida de tipos sobre nuestro bolsillo. De hecho, a la vuelta del verano se constatará una caída del consumo, en un contexto en el que se pierde poder adquisitivo a gran velocidad. Cada vez somos más pobres. Y eso contribuirá a frenar la economía.
También cabe esperar que el mercado de trabajo detenga su recuperación pospandemia.
A esto habrá que sumar la oleada de insolvencias empresariales que se prevén para los próximos meses. Tras el fin de la moratoria concursal, muchas firmas que arrastran problemas financieros recurrirán a la antigua suspensión de pagos. Además, el fin de los periodos de carencia de los créditos avalados por el Estado a través del Ico complicará la situación.
Y, aunque el Gobierno postergó la reforma fiscal ante el golpe de la pandemia, no hay que olvidar que más pronto que tarde llegarán las subidas de impuestos para todos. Al Ejecutivo no le va a quedar otra ante la apremiante necesidad de reducir la deuda pública, que en mayo alcanzó un nuevo récord histórico de 1,45 billones de euros y en el último año engordó a un ritmo de 150 millones al día. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) cree que podría llegar a representar el 140% de la riqueza de España. De momento las reglas de disciplina fiscal, las que ponen límites a los niveles de deuda y déficit público de los Estados miembros, seguirán en suspenso, pero la idea de Bruselas es activarlas de nuevo en 2024.
A estas alturas ya todos estamos cansados de que nos pidan un esfuerzo más. Así que, pese a la que está cayendo, no me extraña que este verano los hoteles se llenen, los aeropuertos estén a rebosar y los restaurantes agoten el cupo de reservas. Un respiro, por favor.
