"¡Qué bien viven los funcionarios!" Cuántas veces habremos escuchado esta frase. Quien más quien menos ha pensado en alguna ocasión en opositar o ha sentido envidia sana de las condiciones laborales de los empleados públicos. Horarios, sueldos, vacaciones y días libres... las administraciones tienen imán como nicho de empleo por estos atractivos y también por otro nada menor: la estabilidad cuando se consigue una plaza. La mayoría de funcionarios solo pueden ser despedidos bajo circunstancias excepcionales, aunque tengan un mal desempeño. Esa protección puede desincentivar el esfuerzo y, de hecho, los empleados públicos -al menos buena parte de ellos- cargan con la etiqueta de "vagos".
El catedrático de Ciencia de la Administración Manuel Arenilla Sáez afirmó, durante su etapa como director del Instituto Nacional de la Administración Pública, que "el principal problema" que esta presenta en España es "la productividad". "No tenemos mucha plantilla, pero tampoco producidos", dijo.
Los últimos datos ofrecidos por el Gobierno cifran en algo más de 2,7 millones las personas al servicio de las administraciones en España a inicios de este año, casi el 60% de las autonómicas. Hace un lustro eran poco más de 2,5 millones y dos décadas atrás rondaban los 2,3 millones. Esta cifra no computa altos cargos, personal al servicio de los órganos constitucionales o de las empresas públicas, entre otros puestos. Sí lo hace el Instituto Nacional de Estadística (Ine), que eleva a más de 3,4 millones el contingente. Tomando esta cifra, suponen uno de cada cinco asalariados en el país.
Pagar el sueldo de este colectivo le costó a las arcas públicas 147.363 millones de euros en 2021, el nivel más alto de toda la serie histórica, que comienza a finales de los 90. Son apenas 20.000 millones menos de lo que se comen las pensiones, y representa más del 12% del producto interior bruto (PIB).
Y no es solo que haya más funcionarios, sino que sus salarios han mejorado. Precisamente el Gobierno pactó hace unos días con CC.OO. y UGT una revalorización en las nóminas de los empleados públicos de hasta el 9,5% entre 2022 y 2024 para mitigar en parte el impacto de la inflación en su poder de compra, algo que muchos ocupados en el sector privado no pueden tener.
Aunque el sueldo del personal al servicio de las administraciones puede variar mucho en función del grupo o categoría a los que pertenezca, la estadística dice que, de media, cobran en España algo más de 2.880 euros brutos al mes, mientras en el sector privado esa cuantía apenas supera los 1.800 euros, según se extrae de la Encuesta de Población Activa (Epa).
¿Y con respecto a la duración de la jornada laboral? Los funcionarios a tiempo completo trabajan una media de 37,6 horas semanales en España, entre tres y cuatro horas menos que en Austria, Suecia o Alemania. Dentro de la Unión Europea, solo están más tiempo que su puesto que los finlandeses y holandeses. Así lo relevan los datos de la oficina de estadística comunitaria Eurostat, que no incluyen a los profesionales de la sanidad y la educación.
Si en España ya trabajan menos horas que la media, las brechas se pueden incrementar más, pues el Gobierno ha abierto la puerta a la jornada laboral a implantar a nivel estatal la jornada 35 horas para este colectivo, algo que ya ocurre en algunas comunidades como Andalucía. Es una promesa que los sindicatos persiguen desde hace tiempo y ahora, en el marco de la negociación de la subida salarial, han logrado un compromiso que se deberá plasmar en un documento para su aplicación.
Nadie duda del papel que juegan los empleados públicos para garantizar la prestación de servicios, pero sus privilegios y actitud causan, a veces, indignación.
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