El 20% de los autónomos "se verán obligados a cerrar definitivamente"

UPTA predice que otro 40% tendrá que "cambiar profundamente" su actividad. 2.017 se han dado de baja en los últimos dos meses
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photo_camera Una mujer pasando ayer frente a un comercio cerrado. RAFA FARIÑA

Las vías habilitadas por la Administración para catapultar los negocios sacudidos por la covid-19 serán insuficientes y los posibles colchones particulares para amortiguar la caída se quedarán cortos. Dos de cada diez autónomos de la provincia se verán "obligados a cerrar sus negocios definitivamente después del periodo transitorio" y otros cuatro "se verán abocados a cambiar profundamente la manera de desarrollar sus actividades".

Así lo advierte el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), el vilagarciano Eduardo Abad que augura que un 20% de los autónomos de Pontevedra no podrán remontar la crisis y que otro 40% tendrá que reformularse.

Las cifras que van trascendiendo a este respecto parecen dar sustento a las previsiones de la entidad. Según datos facilitados a este periódico, en la provincia pontevedresa se registraron 2.017 bajas de autónomos entre marzo y abril, el doble de las altas contabilizadas durante el mismo intervalo. Así, el total se quedó a finales del mes pasado en los 65.857 trabajadores por cuenta propia, 401 menos de los que se contabilizaban hace un año.

En la esfera local, la tónica está siendo la misma. El municipio capitalino cerró abril con 5.343 autónomos, 43 menos que el mes anterior y 103 menos respecto a abril de 2019.

PREVISIONES. A nivel nacional UPTA cree que "la situación actual que estamos padeciendo derivada de la crisis por COVID-19" hará que 400.000 autónomos del país no sean capaces de remontar el paréntesis abierto por la pandemia. Y augura que los cambios en la forma de consumo provocarán que otros 1.300.000 tengan que reformular su actividad, pues considera que los nuevos hábitos y la nueva forma de comunicarse y de entender la vida podría perpetuarse "por la incertidumbre que crea la amenaza de nuevas crisis climáticas o sanitarias".

En este contexto UPTA ha preparado una batería de propuestas para garantizar la supervivencia del trabajo por cuenta propia, con medidas que espera que sean "implementadas por las administraciones en las próximas semanas".

"Para afrontar la transformación de la economía y del trabajo autónomo hay que fijarse principalmente en tres líneas: digitalización del comercio de proximidad, regulación del teletrabajo y estructuración sectorial de la economía digital. Desde nuestra organización proponemos acciones para reconstruir la economía y transformar a nuestro colectivo, que necesita una verdadera reconversión. Si damos la espalda a esta realidad, el trabajo autónomo tal como lo conocemos desaparecerá", advierte el presidente de UPTA.

La organización empresarial advierte de que, según un informe del INE (Instituto Nacional de estadística) en los últimos doce meses un 30% de las personas trabajadoras autónomas no realizaron tareas informáticas y un 28% no hicieron uso de Internet. Por ello, y por el alzamiento del comercio online en tiempos de pandemia, exige medidas para romper la brecha tecnológica en el colectivo, que pasa por "la alfabetización informática" de los autónomos, complementada por ayudas para la adquisición de equipos y acceso a la red.

Además, UPTA aboga por reforzar el uso de las redes sociales para captar clientes (de forma constante o en momentos de baja demanda), para luego dar el paso al comercio electrónico, un canal que ya está presente en una parte importante de los pequeños empresarios, pero que se sigue resistiendo para algunos. Para estos casos, UPTA plantea la creación de proyectos conjuntos de e-commerce, aunando a comercios por zonas o gremios.

El Estado abona este viernes la segunda prestación
Más de 1,4 millones de autónomos cobrarán este viernes la prestación extraordinaria para autónomos impulsada por el Gobierno central para hacer frente a la crisis provocada por la COVID-19. El importe previsto para el pago es de unos 1.200 millones de euros, que sumados a los desembolsados los pasados 17 y 30 de abril, suponen alrededor de 2.500 millones de euros en prestaciones.

Esta medida fue aprobada en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, tras la declaración del estado de alarma. Su cuantía es de, como mínimo, 661 euros mensuales (el equivalente al 70% de la base reguladora) y además conlleva la exoneración de cuotas a la Seguridad Social de forma temporal. Su objetivo es "proteger la falta o merma considerable de ingresos de los autónomos y autónomas en la situación excepcional provocada por la COVID-19 y contribuir a la supervivencia de su negocio".

A 26 de mayo, había 1.412.605 autónomos con esta prestación concedida, el 94,62% de los 1.492.768 solicitantes. Solo el 3,24% de las peticiones resultaron denegadas.

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