El Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra publicó este martes las bases de la convocatoria pública de la tercera fase de las ayudas a la restauración de edificios y viviendas en el Área de Rehabilitación Integral (ARI) Casco Vello e Barrio Banda do Río Lameira, que cuenta con un presupuesto de 256.509,91 euros (199.640,91 con cargo al Ministerio de Fomento y 57.040 a la Xunta).
El procedimiento de concesión de esta tercera fase de las ayudas será en régimen de concurrencia competitiva. El plazo de presentación de solicitudes será de 60 días naturales a contar desde este miércoles.
La financiación de la rehabilitación de cada vivienda o edificio correrá en un 35% a cargo del Ministerio de Fomento, con un máximo de 11.00 euros, y un 10% lo cubrirá la comunidad autónoma, sin que la ayuda por residencia exceda los 4.000 euros. La cantidad restante será abonada por el Concello y por el propietario de cada inmueble rehabilitado, aunque no han trascendido los porcentajes que corresponderán a cada parte.
Las personas que podrán solicitar estas ayudas para la rehabilitación de viviendas del ARI, que está delimitada por las calles Exército e Mariña, Almuíña, Jaime Janer, Concepción Arenal, Rúa da Ponte, Doutor Touriño, Busto y Calzada, además de las zonas de Banda do Río y Lameira, serán los propietarios, arrendatarios o titulares de algún derecho de uso sobre las residencias, cuando éstas constituyan su domicilio habitual y permanente o que, tras la rehabilitación, el uso sea destinado a domicilio habitual, para uso propio o para alquiler.
También podrán solicitar las ayudas los titulares de casas o pisos desocupados, pero la solicitud deberá llevar emparejado el compromiso de ocuparlas ellos mismos, transmitirlas o cederlas a terceras personas en arrendamiento o por cualquier otro título legalmente admisible, siempre que sea como residencia habitual, según exponen las bases de la convocatoria, que se podrán consultar en el BOPP de este martes, día 23.
Asimismo, quedarán excluidas de estas ayudas las actuaciones para uso propio en las unidades familiares que superen 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
