Dos tenientes han aceptado una pena de seis meses de prisión por un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas cuando eran alféreces-alumnos en la Escuela Naval Militar de Marín. Otros tres han quedado absueltos.
Inicialmente, estaba previsto que se celebrase en el Tribunal Militar cuarto de A Coruña el juicio, fijado hasta este viernes y al que estaban citados más de una treintena de testigos. Sin embargo, tras varias horas para intentar llegar a un acuerdo de conformidad, dos de los entonces alféreces-alumnos aceptaron una pena de seis meses de prisión. Además, deberán pagar una indemnización conjunta de 10.000 euros al denunciante.
En el caso de los otros tres, quedaron absueltos al considerar que "no intervinieron ni antes ni el día del detonante", ha explicado a Europa Press uno de los letrados personados en la causa en relación a las maniobras que tuvieron como detonante la presentación de la denuncia.
ACOSO AL DENUNCIANTE. Estos hechos se remontan al 12 mayo de 2016 durante unas maniobras, aunque el "acoso y las amenazas" denunciados por la víctima se habría producido también con anterioridad. La denuncia fue presentada por un compañero de los entonces alféreces- ahora tenientes- a los que la Fiscalía Militar imputaba un delito contra el ejercicio de derechos fundamentales y las libertades públicas.
En concreto, según han explicado a Europa Press fuentes del tribunal, les consideraba autores de "amenazas y conductas de menosprecio". En la causa, estaban personados también la Abogacía del Estado y la acusación particular, además de cuatro letrados, uno de ellos en representación de dos acusados.
Antes de producirse el acuerdo de conformidad, para dos de los entonces alféreces de la Escuela Naval Militar de Marín, la Fiscalía Militar pedía un año y dos meses de prisión, mientras que para otros tres solicitaba una pena de seis meses de prisión. Por su parte, la acusación particular reclamaba 15 meses de prisión para los cinco alféreces por un delito continuado relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas.
En el caso de dos de ellos, entendía también que hubo un delito de insulto a superior por el que pedía dos años y seis meses de prisión. Subsidiariamente, en caso de no estimarse también esta petición, reclamaba 15 meses de prisión para todos los acusados.
Además, solicitaba el pago, por parte de dos ellos, de 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil y 10.000 euros en el de los otros tres. La Abogacía del Estado rechazaba que hubiese responsabilidad civil por parte de la Administración central, mientras que las defensas solicitaban la absolución.
