Esta vez, los okupas han traspasado una línea que les sitúa en una situación muy delicada. No han allanado una vivienda propiedad de un fondo buitre ni de una entidad bancaria, tampoco de una persona con un importante patrimonio a quien no le resulte demasiado gravoso lo sucedido. Han echado abajo la puerta de una propiedad que pertenece a la Asociación Galega de Afectados pola Esclerose Lateral Amiotrófica, un colectivo que lucha día a día para que los pacientes de esta gravísima enfermedad puedan tener una calidad de vida mejor.
Su portavoz, Pilar Guimeráns, explicó el miércoles a este periódico que "estábamos a punto de venderla. Precisamente íbamos a enseñársela a un posible comprador con el que estábamos en negociaciones, pero este asunto lo ha parado todo". Guimeráns expresa su preocupación, pues la entidad a la que representa tiene una imperiosa necesidad de fondos para equipamientos y tratamientos, muy necesarios para quienes se enfrentan a la patología Ela, que, como se sabe, es degenerativa y acaba desembocando en el fallecimiento.
Por el momento, el colectivo ha presentado la preceptiva denuncia ante la Policía Nacional, tramitada ya en el juzgado, con el fin de conseguir que los okupas abandonen el lugar cuanto antes. Paralelamente, seguirán intentando negociar con ellos para que salgan de allí por las buenas, algo que, al menos el día en el que recibieron la visita de los agentes, se negaron a hacer "mientras no encontremos otro sitio".
NUEVA REGULACIÓN. Sin embargo, tanto estos como los demás okupas de la ciudad y del resto del país (en Pontevedra, que se sepa, hay al menos dos viviendas más con esta problemática, una en Salcedo y otra en San Mauro) se enfrentan a cambios legales repentinos que juegan en su contra.
Vivienda okupada en San Mauro. DAVID FREIRE
En primer lugar, la Instrucción de la fiscal general del Estado, que este miércoles anunció que los fiscales agilizarán cada uno de estos procedimientos. En segundo lugar, el anuncio, también el miércoles, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que avanzó que en breve plazo se podrá exigir un desahucio cautelar antes del dictamen judicial, siempre y cuando se acredite la propiedad de la vivienda de forma fehaciente. "Se facilitarán los desalojos inmediatos cuando se cometa allanamiento de morada de establecimiento al público o domicilio personal en casos de usurpación flagrante", dijo.
En el resto de los casos de usurpación y, una vez acreditada la propiedad del inmueble, los agentes "podrán solicitar el desalojo cautelar a la autoridad judicial vía el Ministerio Fiscal". Marlaska también anunció que se agilizarán las actuaciones sobre ocupaciones ocasionales que son consideradas infracción administrativa.
Casa usurpada en Salcedo. DAVID FREIRE
Además de estas medidas, la instrucción que se dará en los próximos días a Policía Nacional y Guardia Civil establecerá las directrices para que los atestados recojan los tipos penales de ocupación ilegal para así acelerar su tramitación judicial y se mejorará la respuesta policial. Indicó, además, que se establecerán mecanismos de Inteligencia para prevenir la aparición de organizaciones criminales dedicadas a la usurpación y se potenciará la colaboración con instituciones municipales y autonómicas así como con colectivos y entidades sociales.
Todas las actuaciones previstas, se realizarán en coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal, "con el objetivo de unificar criterios y ser más eficaces".